3 de cada 4 pesos de recaudación se los queda Nación

La Presidenta llamó al diálogo para revertir la irracional superposición de impuestos que se produce entre la Nación, las provincias y los municipios. El planteo es muy pertinente, señala el informe Número 572 del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa).

La Nación, las provincias y los municipios crean tributos que gravan los mismos hechos imponibles. Esto es un serio problema porque, además de inconstitucional, la superposición multiplica la burocracia y las oportunidades de evasión, erosiona la competitividad de las empresas y reduce el ingreso disponible de las familias, fundamentalmente en el interior del país.

Por eso, promover un proceso de diálogo tendiente a racionalizar el sistema tributario resulta extremadamente pertinente.

La Presidenta abordó el tema centrando sus críticas en la “tasa vial” que aplican algunas provincias y municipios sobre el combustible.

El punto es que este no es el único ni el más importante de los problemas. Tan o más dañino para la producción y la competitividad son, por ejemplo, el cobro solapado de impuestos a las ventas (IVA nacional, Ingresos Brutos provincial y tasas de comercio e industria municipal) y sobre los inmuebles (impuesto sobre Bienes Personales nacional, Inmobiliario provincial y tasas de alumbrado, barrido y limpieza municipal).

La superposición de impuesto es un rasgo muy antiguo del sistema tributario argentino, pero en los últimos años se ha potenciado. En este sentido, según los datos del Ministerio de Economía de la Nación se observa que entre los años 2000 y 2013:

• La presión impositiva nacional pasó del 17,7% al 32,4% del PBI.
• De estos recursos impositivos, lo que la Nación transfirió automáticamente a las provincias pasó de 5,7% al 8,7% del PBI.
• Mientras en el 2000, 1 de cada 3 pesos de recaudación iba de manera automática a las provincias, en el 2013 lo que va a las provincias automáticamente se redujo a casi 1 de cada 4 pesos.

De estos datos se desprenden dos fenómenos muy importantes. Por un lado, la presión impositiva que aplica el Estado nacional aumentó de manera muy vertiginosa (14 puntos del PBI). Por el otro, de este aumento de recursos, a las provincias se les transfiere automáticamente una proporción modesta (3 puntos del PBI).

Asociado a esto es que las provincias aumentaron fuertemente su presión impositiva pasando de 4% a 7% del PBI en el mismo período. Similar proceso viene ocurriendo a nivel municipal aunque, por ahora, no se cuenta con información oficial para cuantificarlo.

La presión impositiva total (sumando nación y provincias) pasó entre los años 2000 y 2013 del 22% al 39% del PBI. Es el nivel más alto de Latinoamérica, similar a Alemania (38%) y superior a Japón (29%), Corea (27%) y EE.UU. (24%).

Pero lo más importante es que este enorme esfuerzo no redunda en más y mejores servicios estatales.

Por ejemplo, en materia educativa el 67% de los alumnos de 15 años de las escuelas estatales no supera el umbral mínimo de capacidades de lectura en las pruebas internacionales.

Por ello, muchos padres optan por gastar –solapadamente con el pago de los impuestos– recursos familiares para enviar sus hijos a escuelas privadas. Según datos oficiales, en la última década 8 de cada 10 nuevos alumnos de primaria y secundaria optó por el sector privado.

Presión tributaria récord con mayor centralización de recursos traen aparejadas la degradación del Estado.

Quienes tienen la responsabilidad de proveer la mayoría de los bienes públicos (las provincias y los municipios) apelan a la excusa de que no cuentan con los recursos suficientes.

Quien concentra los recursos (la Nación) argumenta que no es responsable de dar los servicios y usa la abundancia de recursos para despilfarrarlos en empleo público espurio, subsidios a empresas estatales y privadas, y propaganda política.

El resultado es que nunca se pagó tantos impuestos como ahora pero los servicios estatales son cada vez más pobres.

¿Cómo lograr un sistema tributario más racional y que los impuestos redunden en mejor educación, seguridad, salud pública, infraestructura y justicia?

En primer lugar, clarificando las responsabilidades entre la Nación, las provincias y los municipios, evitando las superposiciones de roles y funciones.

En segundo lugar, descentralizando más recursos de distribución automática para que sean consistentes con la distribución de funciones.

De esta manera, la jurisdicción con responsabilidades por la provisión de bienes públicos contará con el financiamiento adecuado y habrá menos oportunidades para el despilfarro a nivel central.