Una de las principales razones del aumento en la inactividad laboral es el énfasis de las políticas públicas puesto en el asistencialismo en lugar de generar oportunidades para que la gente sea artífice de su propio progreso en base a un empleo productivo, señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa) en el informe número 609, elaborado por Jorge Colina.
El Congreso sancionó la ley que establece la actualización automática del monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con encendidos discursos de afirmación de su carácter de derecho inalienable y fuente de dignidad.
En paralelo, el gobierno anunció un nuevo plan, el “Qunita”, con el objetivo de repartir entre las mujeres beneficiarias de la AUH un kit de cuna, indumentaria, artículos para bebés y guías de cuidados para la madre.
Ambas acciones apuntan a proteger la maternidad entre las mujeres de bajos ingresos.
Estas acciones dan continuidad al inédito crecimiento del gasto asistencial observado en la última década. En una década caracterizada por un contexto internacional muy favorable, que fue la base para un fuerte crecimiento en la actividad económica, el gasto asistencial creció tres veces por encima de lo que aumentó el Producto Bruto Interno (PBI), pasando a representar un 3,8% del PBI en la actualidad.
Para evaluar en qué medida este aumento del gasto asistencial contribuyó al progreso social, sirve observar los cambios en el mercado de trabajo en la última década.
Tomando datos oficiales publicados por la OIT, entre 2004 y 2014 la tasa de participación laboral en el Cono Sur tuvo el siguiente comportamiento:
- En Uruguay subió de 58,5% a 64,7%, o sea aumentó 6,2 puntos porcentuales.
- En Chile subió de 55,0% a 59,7%, es decir aumentó 4,7 puntos porcentuales.
- En Argentina pasó de 60,2% a 58,2%, o sea cayó -2,0 puntos porcentuales.
Estos datos muestran cómo la bonanza económica puede traducirse en diferentes resultados. Los países vecinos tendieron a adoptar estrategias de promoción social basadas en una mayor incorporación de gente al mercado laboral.
En la Argentina, en cambio, la bonanza fue acompañada de una caída en la participación laboral.
Una disminución de 2 puntos porcentuales equivale a un aumento de 1,3 millones de personas inactivas sólo en los grandes aglomerados urbanos, lo que proyectado al total de la población urbana da una cifra cercana a los 2 millones de inactivos.
En la mayoría de los casos, son personas que, si tuvieran la oportunidad de trabajar, lo harían siendo así artífices de su propio progreso.
Uno de los principales motores que promueven la inactividad laboral es la forma en que se asigna el gasto asistencial.
Por ejemplo, entre los años 2004 y 2014 las pensiones no contributivas pasaron de 340 mil a 1,5 millones. Teniendo en cuenta que los adultos mayores sin aportes accedieron a la jubilación a través de las moratorias previsionales, la gran mayoría de las pensiones no contributivas fueron destinadas a personas en edad de trabajar que fueron inducidas a la inactividad laboral para acceder al asistencialismo.
Análogo impacto se deriva de la AUH que, tal como opera, induce a que las madres no ingresen al mercado de trabajo y del Progresar que requiere del joven la inscripción en alguna acción educativa o de capacitación pero no de la participación laboral.
El incentivo a la inactividad laboral se potencia por las reglas deficientes que rigen el mercado de trabajo.
Los impuestos al trabajo son muy altos al igual que las barreras burocráticas y los riesgos de conflictividad y litigiosidad. Bajo estas condiciones, sólo las empresas más grandes y tecnológicamente avanzadas pueden generar empleos “en blanco” y sólo los trabajadores más calificados pueden acceder a ellos.
Para las personas con bajos niveles de educación y formación, el acceso a empleos de calidad está vedado pasando a ser dependientes cautivos del asistencialismo.
Más dañino que una gran proporción de personas con posibilidades de trabajar dependa del asistencialismo es la arraigada idea de que eso genera dignidad.
La denuncia en Entre Ríos de un funcionario que habría sometido a una mujer a vejación sexual en el contexto del otorgamiento de un subsidio es un resultado previsible del sistema.
La dignidad no se promueve aumentando la dependencia de los sectores vulnerables respecto de funcionarios públicos de turno, sino con una estrategia de promoción social que tome como base la generación de empleos productivos y el acceso a ellos.
Tasa de participación laboral
Mayores de 14 años de edad
