En base a datos oficiales de la encuesta de hogares del INDEC y considerando que la población urbana en edad de trabajar es de aproximadamente 24 millones de personas, el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa) estima en el número 546 de su informe semanal que:
- 6,8 millones de personas (29%) no trabajan ni buscan trabajo, o sea no participan del mercado laboral.
- 1,1 millones (5%) busca trabajo pero no lo consigue, o sea integra el segmento de los desocupados.
- 7,9 millones (33%) trabaja, pero como asalariado no registrado o en el cuentapropismo, o sea empleos donde los derechos laborales no se hacen efectivos.
Estos datos muestran que sólo una minoría de las personas en edad de trabajar accede a un empleo protegido por las normas laborales.
Prácticamente un tercio no participa del mercado de trabajo o está desempleado.
Otro tercio trabaja, pero bajo condiciones precarias como es el empleo asalariado no registrado o en el cuentapropismo que muchas veces es la alternativa a la falta de oportunidades para obtener un empleo asalariado registrado.
Es decir, 2 de cada 3 personas en edad de trabajar no acceden a un empleo asalariado registrado en Argentina.
La contradicción es muy visible. La legislación laboral se compone por una compleja acumulación de normas que establecen reglas de protección al trabajador. Pero el corto alcance en su aplicación diluye considerablemente su impacto protectivo.
Muy pocos trabajadores disfrutan integralmente de la protección legal, mientras que la mayoría, sobre todos lo que están en mayor estado de vulnerabilidad, quedan excluidos debido a la alta incidencia de la inactividad laboral, el desempleo y la informalidad.
Se trata de un fenómeno estructural que ha permanecido incólume frente a los cambios de ciclos económicos y políticos.
La causa es que las regulaciones laborales no experimentaron cambios importantes.
Por ejemplo, entre 2003 y 2013 se disfrutó un inédito ciclo de creación de más de 3 millones de empleos formales, pero aun así quedan dos tercios de la población en edad de trabajar excluidas de este tipo de empleo.
A su vez, la mayor parte de esa generación de empleos formales estuvo asociada a la licuación de salarios que produjo la mega devaluación del año 2002 más que instituciones laborales modernas.
En otras palabras, se pudieron crear empleos con protección legal mientras se sostuvo el abaratamiento del costo de la mano de obra que produjo la devaluación.
Eduardo Galeano reconoció que muchas de las ideas planteadas en su libro “Las Venas Abiertas de América Latina” son equivocadas, recuerda Idesa.
Igual valentía y capacidad de autocrítica se necesita para asumir que resultan hipócritas normas laborales que solo una minoría disfruta.
En lugar de perseverar en viejas recetas, como apelar a devaluaciones o tibias reducciones de contribuciones patronales, la reivindicación del trabajo como vía para concretar la justicia social exige un cambio de paradigma y, derivado de ello, un replanteo integral hacia la modernización de las instituciones laborales.
