Tradicionalmente la pobreza en la Argentina se mide en función de la Canasta Básica Total (CBT). Con esta metodología se consideran pobres a las personas cuyos ingresos del hogar son inferiores al costo de la CBT.
Dado que a partir de 2007 se empezaron a manipular los índices de inflación, los precios con los que se valora la CBT quedaron subestimados. Esto llevó a subestimar también la cantidad de pobres.
Por eso para el INDEC en la primera mitad de 2013 la pobreza afectaba a solo al 4,7% de la población.
Una forma alternativa de medir la marginalidad social es considerar pobre a la gente cuyo ingreso no supera el 60% de la mediana de ingresos de la población, señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino, Idesa, en su informe número 545.
Este indicador es usado en los países avanzados porque se asume que es el más apropiado para medir inclusión desde el punto de vista de los progresos que obtienen los sectores más postergados respecto al resto de la población.
Procesando datos de las encuestas de hogares del INDEC se puede medir la evolución de la pobreza bajo esta metodología y compararlos con datos de gasto público difundidos por el Fondo Monetario Internacional.
Así, se observa que entre 2004 y 2013:
- La pobreza medida según el método del 60% de la mediana de ingresos de la población pasó del 31% al 26% de la población, o sea bajó 5 puntos porcentuales.
- El gasto público total del gobierno nacional, provincial y municipal medido en términos reales pasó de $735 mil millones a $1.200 miles de millones, o sea creció un 64% por encima de la inflación.
- Esto implica que por cada $100 mil millones de aumento del gasto público real, la pobreza se redujo a razón de apenas un punto porcentual.
Estos datos muestran que la reducción de la pobreza ha sido muy modesta, especialmente cuando se la contrasta con el intenso aumento del gasto público que hubo en los tres niveles de gobierno en la década.
Se trata de una evidencia sólida de que el aumento del tamaño del Estado no generó inclusión.
Dicho de otra manera, los pobres sufren el aumento de los impuestos, pero se benefician muy poco del aumento del gasto público.
Distorsionar las estadísticas oficiales para desfigurar la realidad es impropio de un sistema democrático. Pero su consecuencia más grave es que desvía la inteligencia de lo sustancial. Mientras que una gran cantidad de energías se usa en tratar de cuantificar la cantidad de pobres, poca atención se asigna a dilucidar por qué un cuarto de la población no ha podido mejorar su capacidad de generación de ingresos con respecto al resto de la población luego de una década de alto crecimiento económico y una inédita expansión del gasto público.
El ejemplo más ilustrativo de regresividad en el uso del gasto público son los subsidios económicos.
En 2013 se asignaron $134 mil millones a subsidiar empresas públicas y privadas.
Los subsidios equivalen a más de $1.000 por mes por cada pobre urbano de la Argentina. Pero en lugar de utilizarlos en políticas públicas que asistan a los pobres, los subsidios fluyen hacia los segmentos medios y altos, especialmente los que viven en Buenos Aires, a través de tarifas de servicios públicos que no cubren los costos. Más regresivos aún resultan los subsidios cuando terminan beneficiando a contratistas y empleados del Estado, como ocurre con los subsidios a Aerolíneas Argentinas.
La inclusión implica igualar oportunidades aumentando la capacidad de generación de ingresos en los segmentos más marginados de la sociedad.
La experiencia de los últimos años demuestra que no alcanza con el “derrame” del crecimiento económico que trajo aparejada la bonanza internacional. Se necesitan mejores políticas económicas y laborales. Por ejemplo, eliminar los subsidios económicos para reducir sustancialmente la elevada presión de los impuestos al trabajo y así dar la oportunidad a los pobres a acceder a empleos privados asalariados en la formalidad.
En paralelo, es imprescindible instrumentar políticas sociales modernas que promuevan la maternidad responsable, el empleo femenino, y la calidad de la educación y la salud estatales.
