domingo, 22 de diciembre de 2024

10% de la plantilla cobra la cuarta parte de los sueldos

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La creciente incidencia del impuesto a las ganancias en las remuneraciones más altas muestra que la caída en la calidad de los empleos y el ajuste salarial menor a la inflación no empeoraron la distribución del ingreso, sostuvo Idesa.

La explicación del no deterioro de la distribución del ingreso, pese al contexto económico y laboral adverso, también la brinda el INDEC, analiza el Instituto de Desarrollo y Económico Social Argentino (Idesa), en su informe número 554.

 

Según esta fuente oficial, entre los primeros trimestres de los años 2013 y 2014 se observa que:

  • Las remuneraciones del total de los ocupados subieron un 25%.
  • Las remuneraciones del 10% de mayores ingresos crecieron sólo un 22%.
  • Las remuneraciones del 90% restante aumentaron un 26%.

 

La mayoría de los informes estadísticos que viene publicando el INDEC muestran tendencias negativas. En el primer trimestre de 2014, el PBI está estancado (-0,2%), la actividad industrial presenta una caída (-3,1%), el empleo asalariado registrado en el sector privado se muestra también estancado (-0,3%) y se compensa con el crecimiento del empleo público (2,7%). La inflación se mantiene muy alta en 2,5% promedio mensual y de 3,5% mensual según los privados. La informalidad asalariada afecta al 33% del empleo.

 

Mientras tanto, los precios internacionales de las exportaciones argentinas siguen siendo extremadamente favorables. Son un 77% superior al nivel que tenían hace una década. Se trata de evidencias robustas, todas provenientes de fuentes oficiales, de que el deterioro de la situación económica y social no tiene origen en factores externos sino fundamentalmente en decisiones internas equivocadas.

 

Sin embargo, a pesar de este contexto, la desigualdad de los ingresos no ha empeorado. El INDEC calculó el Coeficiente de Gini en el primer trimestre de 2014 en 0,42, un nivel similar al de hace un año atrás y mucho mejor que el 0,51 de hace una década.

 

La información oficial muestra que en el último año todas las remuneraciones crecieron menos que la inflación (estimada en el entorno del 34% anual), pero el impacto no fue homogéneo entre niveles de ingresos.

 

Los que menos incremento de remuneraciones tuvieron son el 10% de los trabajadores con ingresos más altos. Esto se explica fundamentalmente por el creciente impacto del impuesto a las ganancias.

 

El 90% restante de los ocupados, al no estar afectados por este impuesto, tuvieron aumentos de remuneraciones superiores y, por lo tanto, sufrieron menos el deterioro real de sus ingresos.

 

El impuesto a las ganancias, más allá de la rudimentaria forma en que se está aplicando, ha contribuido a mejorar la distribución del ingreso.

 

Hace 10 años, cuando su incidencia era muy acotada, el 10% de las personas con más altas remuneraciones se apropiaban del 35% del total de la masa remuneratoria.

 

En la actualidad, esa proporción se redujo al 26%. Esto implica que el 90% restante de los trabajadores, que mayoritariamente no están alcanzados por el impuesto a las ganancias, aumentaron su participación en las remuneraciones totales del 65% al 74%.

 

Aunque en los discursos se afirme lo contrario, las marchas, huelgas y demandas judiciales contra el impuesto a las ganancias constituyen un planteo reaccionario.

 

Reducir el impuesto a las ganancias, manteniendo el actual nivel de gasto público, implicaría favorecer al 10% de los trabajadores con remuneraciones más altas que son los que se apropian de más de un cuarto del total de remuneraciones. Esto se haría en desmedro del 90% restante que sólo recibe las tres cuartas partes de las remuneraciones totales. Subyace en estos reclamos una contradicción muy perversa.

 

Por un lado, se avala el despilfarro de fondos públicos, como los subsidios a Aerolíneas Argentinas, AySA y a los servicios públicos, las moratorias previsionales y la expansión del empleo público espurio.

 

Por el otro, se cuestiona una de las pocas estrategias que contribuye a la igualdad en un contexto donde se profundiza la recesión, la inflación y la caída del salario real.

 

La aspiración a que se reduzca la presión tributaria es legítima. Especialmente cuando el impresionante aumento de los impuestos no ha redundado en mejores servicios públicos.

 

Pero para bajar la presión impositiva previamente hay que reducir el gasto público y elevar la calidad de su gestión.

 

De lo contrario, los segmentos más acomodados impondrán el costo de las malas decisiones de gasto público al resto de la población.  

  

 

Participación de los trabajadores en la masa total según nivel de remuneraciones

 

 

 

 

 

      

 

 

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