La reciente publicación de la Declaración Voyager, respaldada por 287 científicos, ingenieros y extrabajadores de la NASA, constituye un acto inusual de disidencia institucional. El documento —dirigido al administrador interino Sean Duffy, designado por la administración Trump— denuncia que los recortes presupuestarios propuestos para el año fiscal 2026 comprometen no solo misiones clave, sino la integridad de la propia agencia. Entre los firmantes figuran más de veinte premios Nobel y miembros de la Academia Nacional de Ciencias.
“Queremos informarle acerca de algunas políticas que han malgastado o amenazan con malgastar recursos públicos, comprometer la seguridad humana, debilitar la seguridad nacional y socavar la misión esencial de la NASA.”
La carta expresa preocupación por la alteración de la Autoridad Técnica, un sistema interno diseñado tras el desastre del transbordador Columbia para garantizar que las decisiones técnicas se tomen con independencia del poder político.
WNos vemos obligados a alzar la voz cuando nuestros líderes priorizan el impulso político sobre la seguridad humana, el avance científico y el uso eficiente de los recursos públicos.”
Las críticas no se limitan al plano técnico. Más de 150 firmantes solicitaron el anonimato ante el temor a represalias. Denuncian una “cultura del silencio” impuesta desde el retorno de Trump, que incluye despidos arbitrarios, cancelación de misiones robóticas y cierre de programas vinculados a diversidad e inclusión.
Renuncias que confirman el diagnóstico
La reacción institucional no se hizo esperar. Horas después de la publicación de la carta renunció Makenzie Lystrup, directora del Centro Goddard, el mayor centro científico de la NASA. La semana anterior lo había hecho la jefa del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), responsable de las misiones Voyager, Perseverance y Europa Clipper. Ambas salidas son interpretadas como un rechazo al cambio de prioridades: de la exploración científica automatizada al vuelo tripulado con fines simbólicos.
El actual jefe interino de la agencia, Sean Duffy, es abogado y ex participante de reality shows. No posee formación científica ni experiencia en la industria aeroespacial. Su designación bloqueó la postulación de un especialista con vínculos con SpaceX y ha sido ampliamente rechazada en ámbitos académicos y técnicos.
El Congreso, última línea de defensa
Desde el Senado, una enmienda propone restaurar el presupuesto científico a 7.300 millones de dólares, el doble de lo asignado por la Casa Blanca. La iniciativa cuenta con respaldo bipartidista, incluyendo legisladores republicanos como Ted Cruz, en un esfuerzo por preservar misiones como Mars Odyssey, Juno y New Horizons.
Riesgo de perder el liderazgo
El astrofísico Claude Canizares, uno de los firmantes, resumió el malestar en términos inequívocos:
“Con los presupuestos de Trump, el Gobierno dispara una metralleta contra todo el mundo.”
La Declaración Voyager representa más que una protesta. Es un llamado de atención a la sociedad, al Congreso y a la propia administración. La advertencia es clara: sin inversión en ciencia, Estados Unidos corre el riesgo de ceder el liderazgo espacial que construyó durante décadas.
En un contexto de creciente competencia global —con China, Europa e India consolidando sus programas espaciales—, la reducción del presupuesto de la NASA no es solo una decisión contable. Es una elección política con consecuencias geopolíticas de largo plazo. La resistencia interna y legislativa busca evitar ese desenlace.
