El eterno debate sobre la democracia

Hace cinco años Rubén Chorny publicó en Mercado un análisis donde el interrogante es si en la era de la disrupción tecnológica, el viejo concepto de democracia sigue vigente.

25 octubre, 2019

Hay un intenso y no resuelto debate sobre la democracia en todo el mundo, y también en nuestro país. Sobre qué significa hoy este concepto, cuál es la fortaleza de sus cimientos y si cambiará o sobrevivirá en los años por venir. Muchos se preguntan si en una era, donde el cambio científico, tecnológico, económico y social es vertiginoso, permanecerán intactas las viejas nociones aprendidas de Montesquieu y Tocqueville.

 

Ni padres ni abuelos habían disfrutado de una continuidad constitucional de tantos años como la que reúne hoy, con 18 sufragios consecutivos, “la generación de la democracia”, es decir la que tiene de 50 años para abajo. Los mayores habían pasado por seis interrupciones fácticas en 46 años: a Yrigoyen (1930): golpe; a Castillo (1943): golpe; a Perón (1955): golpe; a Frondizi (1962): golpe; a Illia (1966): golpe, y a Isabel Perón (1976): golpe. Promedio, uno cada 8 años.

Hoy, del 60% del último padrón electoral que transcurrió toda su vida adulta eligiendo los sucesivos Gobiernos, la mitad nació después de 1983, o sea que no sabe lo que es haberse criado entre botas y marchitas militares, ni tampoco registra como vivencia activa la dos grandes crisis que tuvo la democracia en 2000 ni mucho menos la hiperinflación de 1989. La inflación, la guerra de las Malvinas y los sucesivos defaults de la deuda pública también les suenan como letanías.

Los que tienen menos de 30 años sienten menos apego que los mayores por la libertad de prensa y la transparencia en la gestión, mientras les preocupa más el respeto a los derechos humanos y a las minorías.

“Las expectativas con relación a los Gobiernos electos son muy diferentes en las distintas generaciones. Por esto a veces resulta muy difícil entender por qué para los jóvenes la inflación no es un problema, por qué hay una distinta interpretación sobre la utilidad de la intervención pública, sobre la libertad de expresión, sobre el autoritarismo”, reconocía el sociólogo y filósofo Marcos Novaro, quien junto con su colega académico Carlos Gervasoni y el economista Dante Sica fueron consultados por Mercado, en 2014, sobre “qué democracia queremos los argentinos”.

Dos encuestas simultáneas de opinión pública procesadas por Carlos Fara y Asociados: una, correspondiente a una muestra general de 442 casos de la población en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y la otra, al perfil empresarial tomando 250 casos de la base de suscriptores de la revista, coinciden en una mayoritaria identificación (63/64%) de las elecciones libres como lo más importante para una democracia (esta última con el respaldo de la plataforma online de Oh! Panel).

También una abrumadora mayoría (88% de la plataforma de Mercado y 96% de la más abarcativa) se pronunció de acuerdo con quienes afirman que, a pesar de sus defectos, siempre es preferible vivir en democracia. Por la negativa, 9% de la consulta empresarial se manifiesta en desacuerdo, contra 4% del público en general.

De igual manera, 89% considera que no existe nada mejor que la democracia y solo 8% de las respuestas de la población admite que no la haya, vinculándola en especial con los militares (21%) y con el socialismo (en 12%).

Inseguridad, calidad de vida, corrupción e igualdad social serían los principales motivos mencionados que den lugar a una alternativa superadora del régimen actual.

El perfil empresarial de la encuesta prende la luz amarilla a la calidad de vida, en primer término, la corrupción luego y más lejos la mayor eficiencia en la gestión de los recursos para poner en tela de juicio a la democracia. O sea, no considera a la inseguridad como la mayor apelación.

En ese aspecto, Gervasoni acuerda que “en la Argentina existe un consenso en lo más básico en cuanto a que haya elecciones, libertades, y la Constitución es bastante clara”. Y que, “después de ese punto de partida, que todo el mundo aceptaría, vienen las batallas culturales por la apropiación del concepto de democracia”.

Distingue entre los que “van a enfatizar más la acepción liberal (protección de los derechos individuales, en particular de las minorías), otros que resaltan la dimensión mayoritaria (el derecho de la mayoría a imponer lo que quiere), o los que abogan por el voto directo en lugar de expresarse a través de sus representantes. O que se asocie la democracia con la igualdad, y no solo la política, sino socioeconómica, y entraríamos ahí en algo que podríamos llamar socialista”.

Las dos compulsas reflejan el mosaico que se abre a la salida de la urna: un empresario valora mucho más que el público en general (51 a 32%) la libertad de prensa, que en los niveles socioeconómicos más altos del común de la gente es más ponderada que en los medios y los bajos.

A los jóvenes (24%) el tema les preocupa bastante menos que a las generaciones intermedias (41%) y que a las mayores (34%), lo cual ratifica lo que pudo palparse en los dos años de movilizaciones y debates para reformar la ley de medios.

En todo caso, los que tienen entre 18 y 29 años cultivan otros valores que los de la escala etaria siguiente, como el respeto a los derechos humanos, que las leyes se discutan, que se tenga en cuenta a las minorías y que se genere riqueza. Menos en este último punto, contrastan en el resto con la visión empresarial contenida en la base de suscriptores de la revista.

La transparencia en la gestión ocupa el tercer lugar entre los encuestados, pero cobra forma de menor a mayor según las edades y es significativamente un valor más acentuado entre los empresarios que opinan (47% contra 26% del público general).

Los que están en condiciones de votar por primera vez denotan en el relevamiento posiciones más radicalizadas e idealistas que los que tuvieron su primer sello en la libreta. Son los que más ponderan la distribución equitativa de la riqueza, los más indiferentes a la libertad de prensa o a que haya transparencia en la gestión, o al respeto por las minorías (28%), pero paradójicamente los que más defienden las libertades económicas, los que más manifiestan respeto a los derechos humanos y a los que no conmueve la generación de riqueza.

Es sugestiva, por otra parte, la simetría en muchas de las opiniones entre los de 18-29 años y, en general, con las de 45 en adelante.

Atribuye Gervasoni la diferencia intergeneracional a que “los menores de 30 no tienen en el radar la posibilidad de otra cosa que no sea la democracia, porque en este sistema nacieron y se educaron, y cuando se les habla de la dictadura militar lo toman como historia antigua”.

Subraya que “la democracia argentina está tan sólida que dejó muy atrás en la historia al Gobierno militar. La idea de una amenaza a la democracia, que era tan común en la década del 50, 60 ó 70, desapareció. Hoy los jóvenes tienen el valor de la democracia muy inculcado, mucho más profundo que los que nacimos en épocas en las que había manos militares”.

Al distinguir las respuestas de la encuesta general por nivel socioeconómico, aparece una diferencia significativa en la percepción respecto de la libertad de prensa: 45% de los encuestados pertenecientes al nivel alto la consideró importante, mientras que esta cifra descendió a 29% dentro del bajo.

También la preponderancia que se le da a la libertad económica varió significativamente entre los distintos sectores. En el estrato alto, 29% la estimó importante, mientras que, en los niveles medios y bajos, solo 13 y 15% la mencionaron.

Otro elemento que presentó diferencias a resaltar fue el referido a la transparencia en la gestión, nombrado por 38% de los encuestados pertenecientes al nivel socioeconómico alto, mientras que en el bajo solo fue elegido por 16%.

Según cada segmento etario, la consideración al respeto por los DD.HH. como un valor fundamental para la democracia fue decayendo a medida que aumentaba la edad de los entrevistados. A diferencia de los otros grupos, para el segmento de 15 a 17 años, la libertad de prensa no se estima fundamental para el sistema democrático.

La posición del perfil empresarial en cuanto a los aspectos relacionados directamente con la dimensión económica estuvo menos presente en las respuestas: la libertad económica resultó tenida en cuenta por 26%, mientras que la distribución equitativa de la riqueza fue elegida por 20%.

En su comentario sobre las compulsas procesadas, el consultor político especializado en opinión pública, Carlos Fara, apuntó que no hay un consenso respecto de que libertad económica sea un socio imprescindible de las libertades individuales, cuestión sobre la que 47% de los que opinaron desde la plataforma de suscriptores de Mercado no piensa que exista relación entre ambas, mientras que 45% sí cree que es necesaria la económica para que se pueda dar la individual.

89% de ese panel estimó que en un sistema democrático sería posible mantener un régimen de plenas libertades si se produjese una crisis económica, aunque 46% hizo la salvedad que esto dependería de la fortaleza de las instituciones antes de que se generara dicha crisis.

También 89% del público general encuestado, que en la compulsa empresarial baja apenas a 85%, no concibe una mejor alternativa que la democracia, y un porcentaje aún mayor, 96%, afirma que siempre es preferible vivir en democracia a pesar de sus defectos.

Entre quienes dijeron que sí existe una mejor alternativa a la democracia, al preguntarles cuál sería, 21% se inclinó por un régimen militar, mientras que 12% se pronunció por el socialismo. De los que mencionaron a los uniformados, 81% estimó que representan una mejor opción porque garantizan más seguridad, mientras que 19% asevera que habría menos corrupción. Acerca de la variante socialista, mayor calidad de vida (41%), mayor igualdad social (37%) y menor corrupción (22%) constituyen sus apelativos.

Desde el perfil empresarial que cree que sí existe una opción más idónea, en cambio, propusieron “un nuevo sistema de República” (25%) y una “democracia reformulada” (25%). 58% aseveró que estos sistemas traerían una “mejor calidad de vida”.

Siete de cada 10 fue terminante en cuanto a aseverar que no apoyaría a un Gobierno que redujera las libertades individuales en el contexto de una crisis económica. Siguiendo esta lógica, 57% expresó que preferiría un régimen que garantice las libertades individuales, aunque fuera poco eficiente en su de­sem­peño, antes que uno que no las garantizara y fuera eficiente.

No obstante, puestos a escoger entre dos posibilidades, 59% preferiría un escenario de estabilidad política, social y económica con restricciones individuales antes que un contexto inestable, pero con plenas libertades individuales.

Y mirando con indulgencia hacia afuera, la mayoría (64%) fue flexible a la hora de opinar que un Gobierno democrático debe mantener relaciones con otro que no lo sea si estas traen algún beneficio económico, a no ser que se presentase un escenario en el que se confirmara que este hipotético Gobierno es violador reiterado de los derechos humanos, en cuyo caso, 80% fue partidario de que se rompiera la relación.

Los encuestados estuvieron divididos (44%, “Sí”; 44%, “No”) respecto de la posibilidad de que, como consecuencia de este vínculo, el Gobierno democrático pudiese adoptar prácticas propias del Gobierno que no lo es.

El poder concentrado de los medios de comunicación (88%), los sindicatos (82%) y las grandes empresas (76%) fueron considerados en la encuesta a ejecutivos como los sectores que tienen mayor influencia a la hora de establecerse las prioridades gubernamentales.

Respecto de las cámaras empresarias, 68% cree que estas tienen entre “mucha” y “bastante” influencia. Por su parte, 64% de los entrevistados aseveró que los medianos y pequeños empresarios tienen entre poca/nada influencia.

Al respecto, Gervasoni argumenta que “la libertad de expresión y la posibilidad de que los medios digan lo que quieren son centrales para la democracia. Fijar la agenda es parte de la forma en que se defienden intereses y determina la batalla de toda competencia política, es decir, de qué vamos a hablar y de qué no. Dependerá de los actores: políticos, económicos, sociales, sindicales intentar influir sobre la agenda, lo cual también está garantizado por los derechos de cualquier democracia. Y la verdad, yendo a la esencia final, el principal fijador de agenda en todo el país es el Gobierno nacional”.

La planificación a largo plazo es evaluada por 88% como un elemento “muy importante” para garantizar el éxito económico y 83% la considera compatible con el cambio periódico de autoridades. A pesar de ello, 48% estima que la búsqueda por mantener la popularidad por parte de un Gobierno no guarda relación con la consecución de proyectos a largo plazo.

Sin embargo, la mayor parte (71%) de los encuestados admite que la población no cuenta con los elementos necesarios para elegir acertadamente a sus dirigentes y la mayoría (96%) tampoco cree que los Gobiernos hagan lo suficiente para promover la transparencia.

67% estimó como negativo el hecho de que, en el marco de la reforma constitucional, se haya permitido la reelección presidencial inmediata.

En la Argentina rige el sistema electoral, hay competencia y los Gobiernos son reemplazados a través de elecciones. El proceso institucional crea alternancia y así surge claramente de la percepción ciudadana manifestada en las dos encuestas realizadas por Carlos Fara y la revista Mercado. Pero no se vislumbra, por ahora, un progreso en cuanto a las prácticas y políticas públicas que tomen como base las experiencias y, por lo tanto, combinen el sistema electoral con una selección de virtudes y defectos.

Juan José Sebreli, en El malestar de la política, su último libro, denuesta el que llama populismo democrático y desde una visión liberal sentencia que “para hacer democracia también hay que gobernar democráticamente y no es Gobierno de la mayoría con total menosprecio hacia la minoría, sino que el Gobierno democrático es interacción entre mayoría y minoría”.

Desgrana que “deben existir los frenos, contralores, que funcionen efectivamente, algo que en la Argentina no sucede. Porque el Poder Judicial está totalmente deshecho, el Legislativo es una ínfima minoría que no puede hacer nada, y los contralores no son obedecidos. Esta es la característica por la cual criticamos al populismo: no es democracia republicana”.

Ernesto Laclau, desde una óptica populista, diferenciaba liberalismo de democracia: “Fue necesario todo el largo y complejo proceso de las revoluciones y reacciones del siglo 19 para alcanzar un equilibrio en ciertas formas que pasaron a ser llamadas liberal-democráticas, como formas más o menos estables. Pero esa integración nunca se logró en la historia latinoamericana”, justificaba. “Nosotros teníamos un liberalismo oligárquico que respetaba las formas liberales pero con una base clientelística que impedía toda expresión a las aspiraciones democráticas de las masas”, contraargumentaba.

Hoy, a solo dos días de las elecciones del 27 de octubre, este análisis cobra  especial relevancia,

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