El presidente Fernando de la Rúa expresó, de manera reiterada, su aspiración a convenir con todos los sectores una política de Estado. Esa misma convicción planteó durante la reunión que mantuvo en Olivos con los gobernadores de provincia, donde halló un eco de consenso. —Para la crisis del país no hay soluciones parciales, sino de conjunto— se dijo entonces.
En coincidencia con la opinión de los gobernantes del interior, los ministros y secretarios de áreas sociales justicialistas, previamente reunidos con la ministro de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide y otros integrantes del gabinete nacional, entregaron un documento donde se reitera esa percepción de la realidad nacional.
Solicitan la constitución de un Gabinete Social Nacional en la “integración de las políticas sociales que aporten a la reconstrucción del tejido social”. Y lo hacen “con el convencimiento de que no hay salidas provinciales sin estrategias nacionales”, lo que surge como una actitud positiva hacia la superación de añejas posiciones de irreductibles enfrentamientos.
En el texto se expresan los siguientes requerimientos:
1. Diseñar de inmediato un plan social nacional, por lo menos anual, con plena participación de las provincias, que contenga lineamientos estratégicos.
2. Reforzar la política alimentaria y el envío de los fondos a las provincias a fin de descentralizar las compras y fortalecer las economías regionales.
3. Regularizar las situaciones en aquellas provincias que durante este año no han recibido los beneficios de los programas alimentarios – nutricionales.
4. Respetar las autonomías provinciales a fin de evitar la atomización de las políticas sociales.
5. La ejecución, por parte del gobierno nacional, de políticas activas que mitiguen las profundas asimetrías regionales.
En sintonía con esa línea de pensamiento, más allá de que todas las peticiones cuenten con asentimiento en el más alto nivel, pocas horas después de la reunión con los gobernadores, de la Rúa anticipó a los ministros de Economía provinciales que aplicará medidas para que las provincias participen más activamente en el crecimiento de las exportaciones
Por supuesto, no dejó de subrayar que las ventas al exterior habían crecido 12% en el primer trimestre. Esas ventas serán el instrumento de reactivación económica del país y las economías regionales contarán con medidas concretas para que la burocracia oficial, en particular la de origen aduanero, se coloque al servicio de esa política exportadora.
El Presidente pidió 60 días para lograr que la Aduana funcione con la agilidad que se requiere, lapso que demandarán las negociaciones con los socios del Mercosur para un coordinada acción de los controles de fronteras.
Esta disgresión dio pábulo a los ministros provinciales para solicitar una mayor participación en las reuniones que se hagan al efecto con los funcionarios de los países miembros.
El presidente Fernando de la Rúa expresó, de manera reiterada, su aspiración a convenir con todos los sectores una política de Estado. Esa misma convicción planteó durante la reunión que mantuvo en Olivos con los gobernadores de provincia, donde halló un eco de consenso. —Para la crisis del país no hay soluciones parciales, sino de conjunto— se dijo entonces.
En coincidencia con la opinión de los gobernantes del interior, los ministros y secretarios de áreas sociales justicialistas, previamente reunidos con la ministro de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide y otros integrantes del gabinete nacional, entregaron un documento donde se reitera esa percepción de la realidad nacional.
Solicitan la constitución de un Gabinete Social Nacional en la “integración de las políticas sociales que aporten a la reconstrucción del tejido social”. Y lo hacen “con el convencimiento de que no hay salidas provinciales sin estrategias nacionales”, lo que surge como una actitud positiva hacia la superación de añejas posiciones de irreductibles enfrentamientos.
En el texto se expresan los siguientes requerimientos:
1. Diseñar de inmediato un plan social nacional, por lo menos anual, con plena participación de las provincias, que contenga lineamientos estratégicos.
2. Reforzar la política alimentaria y el envío de los fondos a las provincias a fin de descentralizar las compras y fortalecer las economías regionales.
3. Regularizar las situaciones en aquellas provincias que durante este año no han recibido los beneficios de los programas alimentarios – nutricionales.
4. Respetar las autonomías provinciales a fin de evitar la atomización de las políticas sociales.
5. La ejecución, por parte del gobierno nacional, de políticas activas que mitiguen las profundas asimetrías regionales.
En sintonía con esa línea de pensamiento, más allá de que todas las peticiones cuenten con asentimiento en el más alto nivel, pocas horas después de la reunión con los gobernadores, de la Rúa anticipó a los ministros de Economía provinciales que aplicará medidas para que las provincias participen más activamente en el crecimiento de las exportaciones
Por supuesto, no dejó de subrayar que las ventas al exterior habían crecido 12% en el primer trimestre. Esas ventas serán el instrumento de reactivación económica del país y las economías regionales contarán con medidas concretas para que la burocracia oficial, en particular la de origen aduanero, se coloque al servicio de esa política exportadora.
El Presidente pidió 60 días para lograr que la Aduana funcione con la agilidad que se requiere, lapso que demandarán las negociaciones con los socios del Mercosur para un coordinada acción de los controles de fronteras.
Esta disgresión dio pábulo a los ministros provinciales para solicitar una mayor participación en las reuniones que se hagan al efecto con los funcionarios de los países miembros.
