Los ministros de Economía, José Luis Machinea, y de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, coincidieron hoy (martes 30) en señalar, por separado, que los concesionarios privados de los aeropuertos y del Correo Argentino deben cumplir de inmediato con el pago de los cánones que adeudan al Estado nacional y que, de no hacerlo, podrían llegar a perder dichas concesiones.
Machinea informó, además, que “de acá a 20 días” encarará negociaciones con las empresas de servicios públicos privatizadas para eliminar cláusulas de los contratos que permiten ajustar las tarifas según la inflación de Estados Unidos.
En declaraciones a Radio Mitre, Machinea dijo del Correo, que “se ha intimado el pago y si no cumplen, no tengan ninguna duda de que vamos a seguir adelante con todos los pasos judiciales que corresponden”.
El funcionario señaló que si la situación no se regulariza tomará “decisiones que no queremos anticipar”, y recordó que el tema está siendo considerado por una comisión integrada por representantes del Estado y del concesionario, quien, a la vez, argumenta incumplimientos por parte del Estado.
Los ministros de Economía, José Luis Machinea, y de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, coincidieron hoy (martes 30) en señalar, por separado, que los concesionarios privados de los aeropuertos y del Correo Argentino deben cumplir de inmediato con el pago de los cánones que adeudan al Estado nacional y que, de no hacerlo, podrían llegar a perder dichas concesiones.
Machinea informó, además, que “de acá a 20 días” encarará negociaciones con las empresas de servicios públicos privatizadas para eliminar cláusulas de los contratos que permiten ajustar las tarifas según la inflación de Estados Unidos.
En declaraciones a Radio Mitre, Machinea dijo del Correo, que “se ha intimado el pago y si no cumplen, no tengan ninguna duda de que vamos a seguir adelante con todos los pasos judiciales que corresponden”.
El funcionario señaló que si la situación no se regulariza tomará “decisiones que no queremos anticipar”, y recordó que el tema está siendo considerado por una comisión integrada por representantes del Estado y del concesionario, quien, a la vez, argumenta incumplimientos por parte del Estado.