Otro punto de fricción entre la Alianza y el PJ abre el pedido de revisión de las condenas aplicadas a los atacantes del cuartel de La tablada, solicitada por la secretario de Derechos Humanos, Diana Conti, y el recurso correspondiente que deberá presentar el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.
Se aclara que no serán incluidos en el beneficio el líder del Movimiento todos por la Patria, Enrique Gorriarán Merlo ni su esposa, Ana Sívori.
El Justicialismo trabó en Diputados un proyecto de ley presentado por el aliancista Ramón Torres Molina y el fiscal de la Cámara de Casación, Raúl Plée, opinó que no correspondió en esa instancia acceder a otorgar el beneficio solicitado.
La maniobra del gobierno procura soslayar ambos obstáculos, basándose en que la Suprema Corte había rechazado anteriormente un recurso extraordinario de Gorriarán y Sívori y que lo que ahora se pretende es dar curso a un recurso de carácter ordinario. Conti sostiene que está supliendo “la defensa deficitaria de estos presos, que todavía tienen en sus manos la posibilidad de obtener beneficios en la Justicia”.
La medida amenaza con abrir una polémica en torno a la situación de los militares que, bajo la conducción del ex coronel Mohamed Alí Seineldin, recibieron condenas por los alzamientos protagonizados durante el gobierno de Menem. Se anticipa que los integrantes de este grupo se aprestan a reclamar igualdad en el tratamiento de su situación.
Otro punto de fricción entre la Alianza y el PJ abre el pedido de revisión de las condenas aplicadas a los atacantes del cuartel de La tablada, solicitada por la secretario de Derechos Humanos, Diana Conti, y el recurso correspondiente que deberá presentar el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.
Se aclara que no serán incluidos en el beneficio el líder del Movimiento todos por la Patria, Enrique Gorriarán Merlo ni su esposa, Ana Sívori.
El Justicialismo trabó en Diputados un proyecto de ley presentado por el aliancista Ramón Torres Molina y el fiscal de la Cámara de Casación, Raúl Plée, opinó que no correspondió en esa instancia acceder a otorgar el beneficio solicitado.
La maniobra del gobierno procura soslayar ambos obstáculos, basándose en que la Suprema Corte había rechazado anteriormente un recurso extraordinario de Gorriarán y Sívori y que lo que ahora se pretende es dar curso a un recurso de carácter ordinario. Conti sostiene que está supliendo “la defensa deficitaria de estos presos, que todavía tienen en sus manos la posibilidad de obtener beneficios en la Justicia”.
La medida amenaza con abrir una polémica en torno a la situación de los militares que, bajo la conducción del ex coronel Mohamed Alí Seineldin, recibieron condenas por los alzamientos protagonizados durante el gobierno de Menem. Se anticipa que los integrantes de este grupo se aprestan a reclamar igualdad en el tratamiento de su situación.
