La última semana de agosto fue muy agitada en el ámbito de la política interna. El escándalo sobre presuntos hechos de corrupción en el Senado continuó ocupando el centro de la escena, con entrecruzamiento de acusaciones y versiones, anónimos y confidencias. Comenzaron, también, las preocupaciones acerca de la influencia que este hecho pudiera tener sobre la ansiada, y lentificada, reactivación económica.
La situación era lo bastante seria como para que Raúl Alfonsín se reuniera con Carlos Alvarez en el Congreso el martes poco antes de mediodía. Trascendió que el líder radical le habría manifestado su temor sobre el eventual riesgo institucional que significaría la instalación de un estado de sospecha permanente sobre la dirigencia política. Procuró, asimismo, acercar posiciones entre Alvarez y la bancada de senadores oficialistas, cuyas relaciones no pasaban por el mejor momento.
Poco después visitó el bloque de senadores del radicalismo, a cuyos integrantes transmitió su personal convicción de que eran totalmente ajenos a los hechos de corrupción en danza y, además, la solidaridad del Comité Nacional y de la Convención Nacional del partido.
Los decibeles del conflicto alcanzaron su máxima resonancia cuando –desde el bloque justicialista– Cafiero dio los nombres de los supuestos senadores implicados; en principio se dijo que su compañero de bloque –Ramón Ortega– estaba incluido en la nómina. El jueves, tanto Ortega como Cafiero se preocuparon en desmentir esas versiones.
La madrugada del viernes encontró al juez Liporaci pidiendo el desafuero de ocho senadores (siete del PJ, uno de la Alianza) entre los que estaba Ortega y Cantarero –quien había sido involucrado por una periodista del diario La Nación.
El viernes, Alvarez anunció que no presidirá más las reuniones del parlamento y Cafiero retomó la escena pidiéndole a Ortega que “cuente al juez todo lo que sabe”.
El gobierno nacional advirtió que, de demorarse el tratamiento de las leyes pendientes en el Senado, las sacará por decreto; ante esa posibilidad sumada al apoyo irestricto del gobernador Ruckauf para “sortear” al Senado, el bloque de senadores justicialistas se comprometió a aprobar las leyes de emergencia económica y la antievasión.
El viernes, Liporaci precisó que pidió el desafuero ante el presidente provisional del Senado, José Genoud, el jueves por la noche, tras escuchar los testimonios de dos periodistas del diario La Nación, que investigaron el caso. “Los indicios graves y concordantes me permiten aseverar que hubo sobornos´´, dijo.
Ese día, también, siete senadores reaccionaron con gestos políticos a la crisis: los tres riojanos (los justicialistas Eduardo Menem y Jorge Yoma, y el radical Raúl Galván) y el santacruceño justicialista Eduardo Arnold ofrecieron a las legislaturas de sus provincias las renuncias a sus bancas. Ninguno de ellos está implicado en el caso.
Paralelamente, tres de los ocho integrantes de la primera lista de senadores cuyo desafuero pidió Liporaci, los justicialistas Eduardo Bauzá (Mendoza), Angel Pardo (Corrientes) y Ricardo Branda (Formosa), anunciaron el propósito de renunciar a sus fueros, aunque ello sólo tendrá validez si lo decide la Cámara, que aún no resolvió cuándo considerará la solicitud del juez.
El matutino Clarín, en su edición del miércoles, sintetizó lo ocurrido en la semana en torno a las denuncias sobre soborno, como “El juego en el que todos pierden”.
La última semana de agosto fue muy agitada en el ámbito de la política interna. El escándalo sobre presuntos hechos de corrupción en el Senado continuó ocupando el centro de la escena, con entrecruzamiento de acusaciones y versiones, anónimos y confidencias. Comenzaron, también, las preocupaciones acerca de la influencia que este hecho pudiera tener sobre la ansiada, y lentificada, reactivación económica.
La situación era lo bastante seria como para que Raúl Alfonsín se reuniera con Carlos Alvarez en el Congreso el martes poco antes de mediodía. Trascendió que el líder radical le habría manifestado su temor sobre el eventual riesgo institucional que significaría la instalación de un estado de sospecha permanente sobre la dirigencia política. Procuró, asimismo, acercar posiciones entre Alvarez y la bancada de senadores oficialistas, cuyas relaciones no pasaban por el mejor momento.
Poco después visitó el bloque de senadores del radicalismo, a cuyos integrantes transmitió su personal convicción de que eran totalmente ajenos a los hechos de corrupción en danza y, además, la solidaridad del Comité Nacional y de la Convención Nacional del partido.
Los decibeles del conflicto alcanzaron su máxima resonancia cuando –desde el bloque justicialista– Cafiero dio los nombres de los supuestos senadores implicados; en principio se dijo que su compañero de bloque –Ramón Ortega– estaba incluido en la nómina. El jueves, tanto Ortega como Cafiero se preocuparon en desmentir esas versiones.
La madrugada del viernes encontró al juez Liporaci pidiendo el desafuero de ocho senadores (siete del PJ, uno de la Alianza) entre los que estaba Ortega y Cantarero –quien había sido involucrado por una periodista del diario La Nación.
El viernes, Alvarez anunció que no presidirá más las reuniones del parlamento y Cafiero retomó la escena pidiéndole a Ortega que “cuente al juez todo lo que sabe”.
El gobierno nacional advirtió que, de demorarse el tratamiento de las leyes pendientes en el Senado, las sacará por decreto; ante esa posibilidad sumada al apoyo irestricto del gobernador Ruckauf para “sortear” al Senado, el bloque de senadores justicialistas se comprometió a aprobar las leyes de emergencia económica y la antievasión.
El viernes, Liporaci precisó que pidió el desafuero ante el presidente provisional del Senado, José Genoud, el jueves por la noche, tras escuchar los testimonios de dos periodistas del diario La Nación, que investigaron el caso. “Los indicios graves y concordantes me permiten aseverar que hubo sobornos´´, dijo.
Ese día, también, siete senadores reaccionaron con gestos políticos a la crisis: los tres riojanos (los justicialistas Eduardo Menem y Jorge Yoma, y el radical Raúl Galván) y el santacruceño justicialista Eduardo Arnold ofrecieron a las legislaturas de sus provincias las renuncias a sus bancas. Ninguno de ellos está implicado en el caso.
Paralelamente, tres de los ocho integrantes de la primera lista de senadores cuyo desafuero pidió Liporaci, los justicialistas Eduardo Bauzá (Mendoza), Angel Pardo (Corrientes) y Ricardo Branda (Formosa), anunciaron el propósito de renunciar a sus fueros, aunque ello sólo tendrá validez si lo decide la Cámara, que aún no resolvió cuándo considerará la solicitud del juez.
El matutino Clarín, en su edición del miércoles, sintetizó lo ocurrido en la semana en torno a las denuncias sobre soborno, como “El juego en el que todos pierden”.
