El paquete de medidas para alentar la inversión en el país sería aprobado en la Cámara de Diputados aún contando con la posición del justicialismo que lo considera un proyecto para beneficiar “a los sectores más poderosos de la Argentina”.
Pero la Alianza –que posee la primera minoría en la Cámara baja– contaría con el apoyo de diputados provinciales y de los de Acción por la República, con lo que le daría media sanción a las medidas anunciadas sin mayores complicaciones.
El secretario de Hacienda, Mario Vicens, estimó ayer (martes 24) que dichas iniciativas provocarán un impacto fiscal estimado en $ 250 millones de pesos para el año próximo.
Frente a los diputados que integran la Comisión de Presupuesto anticipó, sin embargo, que esa cifra se incrementará sustancialmente (en alrededor de $ 800 millones) en el año 2002.
El funcionario aclaró, no obstante, que las iniciativas serán financiadas con una serie de ingresos a partir de la venta de inmuebles del Estado (entre $ 1000 y $ 1500 millones), la ampliación anticipada de las concesiones de gas y de petróleo ($ 400 millones) y el ingreso de un socio privado para la AFJP del Banco Nación ($ 300 millones).
Algunos legisladores del PJ, como la diputada Cristina de Kirchner, se opusieron a la prórroga de las concesiones de gas y petróleo por diez años, sin previa consulta con las provincias y señalaron que ésa sería una medida “inconstitucional”.
Vicens sostuvo que la prórroga anticipada de las concesiones no requiere una ley del Congreso y que constituye una facultad que puede ejercer el jefe de Gabinete.
En el justicialismo también se criticó que el Ministerio de Economía pretenda financiar el impacto fiscal de las medidas anunciadas con la venta de inmuebles.
El diputado Eduardo Di Cola sostuvo que Economía está haciendo “ilusionismo financiero”, ya que dichos inmuebles están comprometidos para solventar el plan de infraestructura acordado con las provincias.
El paquete de medidas para alentar la inversión en el país sería aprobado en la Cámara de Diputados aún contando con la posición del justicialismo que lo considera un proyecto para beneficiar “a los sectores más poderosos de la Argentina”.
Pero la Alianza –que posee la primera minoría en la Cámara baja– contaría con el apoyo de diputados provinciales y de los de Acción por la República, con lo que le daría media sanción a las medidas anunciadas sin mayores complicaciones.
El secretario de Hacienda, Mario Vicens, estimó ayer (martes 24) que dichas iniciativas provocarán un impacto fiscal estimado en $ 250 millones de pesos para el año próximo.
Frente a los diputados que integran la Comisión de Presupuesto anticipó, sin embargo, que esa cifra se incrementará sustancialmente (en alrededor de $ 800 millones) en el año 2002.
El funcionario aclaró, no obstante, que las iniciativas serán financiadas con una serie de ingresos a partir de la venta de inmuebles del Estado (entre $ 1000 y $ 1500 millones), la ampliación anticipada de las concesiones de gas y de petróleo ($ 400 millones) y el ingreso de un socio privado para la AFJP del Banco Nación ($ 300 millones).
Algunos legisladores del PJ, como la diputada Cristina de Kirchner, se opusieron a la prórroga de las concesiones de gas y petróleo por diez años, sin previa consulta con las provincias y señalaron que ésa sería una medida “inconstitucional”.
Vicens sostuvo que la prórroga anticipada de las concesiones no requiere una ley del Congreso y que constituye una facultad que puede ejercer el jefe de Gabinete.
En el justicialismo también se criticó que el Ministerio de Economía pretenda financiar el impacto fiscal de las medidas anunciadas con la venta de inmuebles.
El diputado Eduardo Di Cola sostuvo que Economía está haciendo “ilusionismo financiero”, ya que dichos inmuebles están comprometidos para solventar el plan de infraestructura acordado con las provincias.
