Parte del decreto reglamentario del plan de infraestructura generó conflictos entre la Cámara de la Construcción y diversas pymes del sector.
El inciso c del artículo 27 desató la polémica; en el borrador original del decreto se establece que, para presentarse a una licitación pública nacional, las firmas deberán revestir el carácter de empresa local y acreditar la realización en el país de obras por un monto de por lo menos dos veces el monto del presupuesto oficial de la obra a licitar, durante los últimos cuatro años, habiéndose registrado alguna actividad en el último año .
Sin embargo, fuentes del Gobierno revelaron que ese criterio se modificó y se introdujo la obligación de haber facturado por el doble del monto total de la licitación, pero durante el ejercicio inmediato anterior, además de haber tenido actividad continua durante los últimos cinco ejercicios económicos.
Con esta nuevas condiciones, los contratistas pequeños y medianos quedaban prácticamente fuera del plan de infraestructura.
Aunque recién a mediados de esta semana se sabrá qué texto firmará finalmente el Presidente, se habría tomado una decisión en favor de los intereses de los más pequeños; se volvería a establecer que la obligación de haber facturado por el doble de la obra a licitar considere los últimos tres o cuatro años de operaciones (como se pensó originalmente), al tiempo que se habría establecido que en los pliegos figure la obligación de subcontratar un porcentaje mínimo de la obra a empresas regionales locales. Incluso, se habló de disminuir a menos del doble el monto de las obras anteriores.
Parte del decreto reglamentario del plan de infraestructura generó conflictos entre la Cámara de la Construcción y diversas pymes del sector.
El inciso c del artículo 27 desató la polémica; en el borrador original del decreto se establece que, para presentarse a una licitación pública nacional, las firmas deberán revestir el carácter de empresa local y acreditar la realización en el país de obras por un monto de por lo menos dos veces el monto del presupuesto oficial de la obra a licitar, durante los últimos cuatro años, habiéndose registrado alguna actividad en el último año .
Sin embargo, fuentes del Gobierno revelaron que ese criterio se modificó y se introdujo la obligación de haber facturado por el doble del monto total de la licitación, pero durante el ejercicio inmediato anterior, además de haber tenido actividad continua durante los últimos cinco ejercicios económicos.
Con esta nuevas condiciones, los contratistas pequeños y medianos quedaban prácticamente fuera del plan de infraestructura.
Aunque recién a mediados de esta semana se sabrá qué texto firmará finalmente el Presidente, se habría tomado una decisión en favor de los intereses de los más pequeños; se volvería a establecer que la obligación de haber facturado por el doble de la obra a licitar considere los últimos tres o cuatro años de operaciones (como se pensó originalmente), al tiempo que se habría establecido que en los pliegos figure la obligación de subcontratar un porcentaje mínimo de la obra a empresas regionales locales. Incluso, se habló de disminuir a menos del doble el monto de las obras anteriores.
