El Ministerio de Minas y Energía de Brasil fue tomado ,violentamente, por dos millares de agricultores.
Elio Meca, coordinador del movimiento, que representa a aproximadamente un millón de trabajadores rurales, explicó que la protesta se produce ante la falta de soluciones a sus problemas.
“Miles de agricultores perdimos nuestras tierras a consecuencia de la construcción de represas y plantas hidroeléctricas, a los que podrían sumarse más aún”, sostuvo.
El coordinador agregó que esas plantas hidroeléctricas “sirven en la actualidad al sector privado y no así a los trabajadores rurales”.
Explicó que el objetivo es que el gobierno “democratice la política energética y la implementación de alternativas de energía a las que tengan acceso los agricultores a bajos precios”.
Meca aseguró que los agricultores no se oponen al desarrollo, pero sí a la realización de obras que perjudican el medio ambiente y también a sus tierras.
Señaló que el sector exige al ejecutivo la aprobación de un programa financiado con líneas de crédito subsidiado para el desarrollo y la recuperación de las tierras afectadas.
El Ministerio de Minas y Energía de Brasil fue tomado ,violentamente, por dos millares de agricultores.
Elio Meca, coordinador del movimiento, que representa a aproximadamente un millón de trabajadores rurales, explicó que la protesta se produce ante la falta de soluciones a sus problemas.
“Miles de agricultores perdimos nuestras tierras a consecuencia de la construcción de represas y plantas hidroeléctricas, a los que podrían sumarse más aún”, sostuvo.
El coordinador agregó que esas plantas hidroeléctricas “sirven en la actualidad al sector privado y no así a los trabajadores rurales”.
Explicó que el objetivo es que el gobierno “democratice la política energética y la implementación de alternativas de energía a las que tengan acceso los agricultores a bajos precios”.
Meca aseguró que los agricultores no se oponen al desarrollo, pero sí a la realización de obras que perjudican el medio ambiente y también a sus tierras.
Señaló que el sector exige al ejecutivo la aprobación de un programa financiado con líneas de crédito subsidiado para el desarrollo y la recuperación de las tierras afectadas.
