En estos días, en los que los comicios del 14 de octubre ganaron la tapa de los diarios con un retraso casi sin antecedentes en la historia electoral argentina, el dilema fundamental de la política económica vernácula gira en torno a la reestructuración de la deuda externa.
Sobre todo si se considera que los dos partidos mayoritarios comenzaron a hablar del tema, en sintonía con las señales enviadas desde el corazón del F.M.I., la Secretaría del Tesoro estadounidense y la Casa Blanca, donde creen que es tiempo de que la Argentina tenga un programa de crecimiento sostenible, en lugar de pedir más dólares que, según el titular del Tesoro, Paul O´Neill, sólo sirven para irritar a “carpinteros y plomeros estadounidenses, qué se preguntan que hace su gobierno con su dinero”.
Es que el Gobierno argentino plantea una sacrificada política de déficit cero –que lleva a funcionarios del Gobierno a sondear a los ministros de la Corte para evitar los millonarios juicios que podría provocar si no es convalidada– que alcanza a los pagos del Estado y a la Coparticipación Federal. Pero no sólo la administración De la Rúa busca legitimar el ajuste. Con otras herramintas y en otros organismos, Washington hace lo mismo.
Es que el perfil industrial de O´Neill encarna al Estados Unidos del “cinturón del acero”, que se considera a sí mismo como la fuerza que llevó al país a ocupar el sitial de potencia única. Y como industrial, O´Neill quiere dos cosas: que el F.M.I., cuyos aportes mayoritarios provienen de Estados Unidos, dejen de financiar alocadamente a acreedores incobrables. Y que de ahora en más, que de las dificultades que los díscolos deudores puedan causar se hagan cargo los bancos acreedores y Wall Street. Que afronten el moral hazard, el riesgo moral ante deudores incobrables.
¿De cuánto se habla?
En caso de la aplicación de políticas sustentables y renegociación: ¿qué parte de la deuda se reestructuraría?
La Nación debe unos US$ 128.000 millones. Si se excluyen las obligaciones con organismos multilaterales y terceros países, la deuda de mercado es de US$ 93.000 millones, instrumentada como títulos públicos. Si a esa cifra se le resta poco más de US$ 20.000 millones colocados en bancos locales y fondos de pensión, se infiere que la deuda de mercado es de unos US$ 65.000 o US$ 70.000 millones, excluidos los bonos lanzados a través del plan Brady. Esa es la cifra sobre la cual todos debaten, desde el duro O´Neill hasta Hugo Moyano, con el guiño de organismos y funcionarios estadounidenses.
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Ahora bien, la tasa de interés sobre la deuda total de US$ 128.000 millones es algo mayor a 9%, pero la deuda externa de mercado es más cara y el objetivo debería ser canjearla por una deuda más barata. El mecanismo de alquilar garantías de los organismos multilaterales, del Tesoro americano o de otros países es interesante, pero como ha sugerido Stanley Fischer, la cifra de US$ 3.000 millones de la que se ha hablado hasta ahora es irrisoria. Aún garantías por un valor mucho más alto podrían tener efectos poco contundentes si no se reduce el riesgo país en forma simultánea.
Vale un ejemplo: se puede suponer que la Argentina obtiene garantías por US$ 20.000 millones del Tesoro americano que le permiten emitir deuda sin riesgo, a 4% anual; que el país emite otros US$ 20.000 millones con un riesgo soberano de 1.400 puntos básicos, lo que implica una tasa de interés de 18% anual. La tasa de interés promedio de los 40.000 millones emitidos es todavía de 11% (4% de la mitad garantizada y 18% de la no garantizada). De ese modo no se alivia la carga de intereses.
Esta forma de garantías por US$ 20.000 millones reduciría fuertemente el riesgo país. La emisión de US$ 40.000 millones pagaría una tasa de interés de 7% (4% por la mitad garantizada y 10% por la mitad no garantizada). Podría pensarse en un escenario más audaz en el que se canjean los 65.000 millones de la deuda externa de mercado por una nueva deuda a 8% anual, unos tres puntos porcentuales más barata que en la actualidad.
Así el ahorro en intereses sería de 1.950 millones anuales, una contribución nada desdeñable al proyecto de déficit cero. Y la caída del riesgo país reactivaría la economía, aumentaría la recaudación y haría todavía más factible un equilibrio fiscal sostenible. De ese modo, el modelo del círculo virtuoso que tantas veces se frustró durante la gestión del Presidente De la Rúa se haría realidad.
En estos días, en los que los comicios del 14 de octubre ganaron la tapa de los diarios con un retraso casi sin antecedentes en la historia electoral argentina, el dilema fundamental de la política económica vernácula gira en torno a la reestructuración de la deuda externa.
Sobre todo si se considera que los dos partidos mayoritarios comenzaron a hablar del tema, en sintonía con las señales enviadas desde el corazón del F.M.I., la Secretaría del Tesoro estadounidense y la Casa Blanca, donde creen que es tiempo de que la Argentina tenga un programa de crecimiento sostenible, en lugar de pedir más dólares que, según el titular del Tesoro, Paul O´Neill, sólo sirven para irritar a “carpinteros y plomeros estadounidenses, qué se preguntan que hace su gobierno con su dinero”.
Es que el Gobierno argentino plantea una sacrificada política de déficit cero –que lleva a funcionarios del Gobierno a sondear a los ministros de la Corte para evitar los millonarios juicios que podría provocar si no es convalidada– que alcanza a los pagos del Estado y a la Coparticipación Federal. Pero no sólo la administración De la Rúa busca legitimar el ajuste. Con otras herramintas y en otros organismos, Washington hace lo mismo.
Es que el perfil industrial de O´Neill encarna al Estados Unidos del “cinturón del acero”, que se considera a sí mismo como la fuerza que llevó al país a ocupar el sitial de potencia única. Y como industrial, O´Neill quiere dos cosas: que el F.M.I., cuyos aportes mayoritarios provienen de Estados Unidos, dejen de financiar alocadamente a acreedores incobrables. Y que de ahora en más, que de las dificultades que los díscolos deudores puedan causar se hagan cargo los bancos acreedores y Wall Street. Que afronten el moral hazard, el riesgo moral ante deudores incobrables.
¿De cuánto se habla?
En caso de la aplicación de políticas sustentables y renegociación: ¿qué parte de la deuda se reestructuraría?
La Nación debe unos US$ 128.000 millones. Si se excluyen las obligaciones con organismos multilaterales y terceros países, la deuda de mercado es de US$ 93.000 millones, instrumentada como títulos públicos. Si a esa cifra se le resta poco más de US$ 20.000 millones colocados en bancos locales y fondos de pensión, se infiere que la deuda de mercado es de unos US$ 65.000 o US$ 70.000 millones, excluidos los bonos lanzados a través del plan Brady. Esa es la cifra sobre la cual todos debaten, desde el duro O´Neill hasta Hugo Moyano, con el guiño de organismos y funcionarios estadounidenses.
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Ahora bien, la tasa de interés sobre la deuda total de US$ 128.000 millones es algo mayor a 9%, pero la deuda externa de mercado es más cara y el objetivo debería ser canjearla por una deuda más barata. El mecanismo de alquilar garantías de los organismos multilaterales, del Tesoro americano o de otros países es interesante, pero como ha sugerido Stanley Fischer, la cifra de US$ 3.000 millones de la que se ha hablado hasta ahora es irrisoria. Aún garantías por un valor mucho más alto podrían tener efectos poco contundentes si no se reduce el riesgo país en forma simultánea.
Vale un ejemplo: se puede suponer que la Argentina obtiene garantías por US$ 20.000 millones del Tesoro americano que le permiten emitir deuda sin riesgo, a 4% anual; que el país emite otros US$ 20.000 millones con un riesgo soberano de 1.400 puntos básicos, lo que implica una tasa de interés de 18% anual. La tasa de interés promedio de los 40.000 millones emitidos es todavía de 11% (4% de la mitad garantizada y 18% de la no garantizada). De ese modo no se alivia la carga de intereses.
Esta forma de garantías por US$ 20.000 millones reduciría fuertemente el riesgo país. La emisión de US$ 40.000 millones pagaría una tasa de interés de 7% (4% por la mitad garantizada y 10% por la mitad no garantizada). Podría pensarse en un escenario más audaz en el que se canjean los 65.000 millones de la deuda externa de mercado por una nueva deuda a 8% anual, unos tres puntos porcentuales más barata que en la actualidad.
Así el ahorro en intereses sería de 1.950 millones anuales, una contribución nada desdeñable al proyecto de déficit cero. Y la caída del riesgo país reactivaría la economía, aumentaría la recaudación y haría todavía más factible un equilibrio fiscal sostenible. De ese modo, el modelo del círculo virtuoso que tantas veces se frustró durante la gestión del Presidente De la Rúa se haría realidad.
