El dictamen original ponía como límite de la investigación al año 2001, pero los cuestionamientos formulados por diputados de Alternativa para una República de Iguales (ARI) y de la Unión Cívica Radical (UCR), hicieron que el justicialismo accediera a dejar abierto el plazo.
Siguiendo la propuesta del presidente del cuerpo, Eduardo Camaño, los autores del proyecto de creación de la comisión que deberá dictaminar en 120 días, accedieron además a aumentar de 11 a 13 la cantidad de miembros de la comisión investigadora.
Después de un breve cuarto intermedio para aunar criterios acerca del plazo a investigar, el cuerpo votó favorablemente el dictamen por abrumadora mayoría.
De este modo, la Cámara de Diputados podrá comenzar a investigar a partir de la semana próxima el inusual drenaje de divisas hacia el exterior registrado durante casi todo el año pasado, que incluso se podría haber extendido más allá de la imposición de restricciones a los movimientos bancarios.
Quienes plantearon su discrepancia con la posibilidad de limitar la investigación a los movimientos hacia el extranjero producido en el 2001 fueron los bloques de centroizquierda, ya que a juicio de los frentistas y de los diputados del ARI “no se debe investigar la responsabilidad de un gobierno sino de un modelo”.
En tanto, en el marco de la sesión que se extendió hasta la madrugada, los justicialistas hicieron hincapié en cambio en la responsabilidad del gobierno de Fernando de la Rúa en la fuga de divisas, en virtud -dijeron- de la “pérdida de confiabilidad que estimuló la fuga”.
La propuesta de crear una comisión investigadora surgió de tres proyectos de ley presentados por los justicialistas Franco Caviglia, Eduardo Di Cola y Lorenzo Pepe.
La comisión podrá recibir denuncias, establecer pruebas, disponer inspecciones, registrar domicilios y disponer secuestros con autorización judicial.
El organismo investigador recibirá declaraciones testimoniales, realizará peritajes, efectuará reconocimientos y podría convocar careos o intervenir comunicaciones, así como solicitar documentación al ámbito privado o público.
Fuente: Télam
El dictamen original ponía como límite de la investigación al año 2001, pero los cuestionamientos formulados por diputados de Alternativa para una República de Iguales (ARI) y de la Unión Cívica Radical (UCR), hicieron que el justicialismo accediera a dejar abierto el plazo.
Siguiendo la propuesta del presidente del cuerpo, Eduardo Camaño, los autores del proyecto de creación de la comisión que deberá dictaminar en 120 días, accedieron además a aumentar de 11 a 13 la cantidad de miembros de la comisión investigadora.
Después de un breve cuarto intermedio para aunar criterios acerca del plazo a investigar, el cuerpo votó favorablemente el dictamen por abrumadora mayoría.
De este modo, la Cámara de Diputados podrá comenzar a investigar a partir de la semana próxima el inusual drenaje de divisas hacia el exterior registrado durante casi todo el año pasado, que incluso se podría haber extendido más allá de la imposición de restricciones a los movimientos bancarios.
Quienes plantearon su discrepancia con la posibilidad de limitar la investigación a los movimientos hacia el extranjero producido en el 2001 fueron los bloques de centroizquierda, ya que a juicio de los frentistas y de los diputados del ARI “no se debe investigar la responsabilidad de un gobierno sino de un modelo”.
En tanto, en el marco de la sesión que se extendió hasta la madrugada, los justicialistas hicieron hincapié en cambio en la responsabilidad del gobierno de Fernando de la Rúa en la fuga de divisas, en virtud -dijeron- de la “pérdida de confiabilidad que estimuló la fuga”.
La propuesta de crear una comisión investigadora surgió de tres proyectos de ley presentados por los justicialistas Franco Caviglia, Eduardo Di Cola y Lorenzo Pepe.
La comisión podrá recibir denuncias, establecer pruebas, disponer inspecciones, registrar domicilios y disponer secuestros con autorización judicial.
El organismo investigador recibirá declaraciones testimoniales, realizará peritajes, efectuará reconocimientos y podría convocar careos o intervenir comunicaciones, así como solicitar documentación al ámbito privado o público.
Fuente: Télam
