Así lo señalaron esta tarde los abogados Fernando Díaz Cantón y
Miguel Angel Almeyra a los periodistas acreditados en los
Tribunales Federales luego de que De la Rúa abandonara el despacho
del juez Bergés, tras permanecer reunido cerca de dos horas con el
magistrado.
Si bien los defensores dijeron que la indagatoria no se llevó a
cabo porque rige el “efecto suspensivo”, fuentes judiciales
indicaron que el juez podría intepretar que el acto se llevó a
cabo y que De la Rúa se negó a declarar, y correría el plazo de
diez días para resolver su situación procesal.
“La interposición de recurso impone la suspensión del
procedimiento, por lo que el acto en rigor no se llevó a cabo,
quedando sometido a lo que resuelva el Tribunal Superior”,
insistió Almeyra al hablar ante la prensa.
Al ser consultado por los motivos por los cuales el ex
presidente se presentó personalmente ante el juez, los letrados
asumieron que consideró “pertinente” presentarse ante el juzgado,
porque Bergés lo había intimado a presentarse bajo apercibimiento
de llevarlo por la fuerza pública.
El juez Bergés imputó a De la Rúa por la supuesta comisión del
delito de “defraudación en perjuicio de la administración
pública”, por supuestas irregularidades que habría cometido en la
concesión de la Autopista Arturo Illia cuando era jefe de Gobierno
porteño.
El magistrado había citado tres veces al ex presidente, pero
sus defensores hicieron varias presentaciones judiciales en las
que plantearon la nulidad del llamado a indagatoria, al tiempo que
recusaron al juez.
Esos planteos, que insistían en la supuesta “aribitrariedad” de
la indagatoria, fueron rechazados por Bergés y por la Cámara del
Crimen, pero hoy los letrados insistieron ante la Cámara de
Casación Penal.
“El juez, al convocar a nuestro defendido a indagatoria, ha
dictado una resolución incompatible con la situación procesal
establecida y vigente, en violación a los elementos de estabilidad
y coherencia”, indica uno de los párrafos del escrito de 30
carillas presentado hoy por la defensa de De la Rúa.
Dado que el juez Bergés interviene en el expediente en
subrogancia de su par Nelson Jarazo, los defensores recordaron que
anteriormente intervinieron varios magistrados que “rechazaron
sistemáticamente los pedidos de indagatoria del fiscal Alejandro
Molina Pico”.
En esta línea, Díaz Cantón y Almeyra insistieron en que “no
existe ningún elemento para justificar la alegada sospecha (contra
de la Rúa) que antes no existía” y remarcaron que aún están
pendientes los resultados de un peritaje contable, “cuyo alcance
tendría una importancia definitoria” para el expediente.
“Algunos magistrados parecen no advertir los devastadores
efectos que provoca un llamado a indagatoria viciado de
arbitrariedad, mucho más cuando se trata de un ex presidente”, se
quejaron los letrados.
En ese mismo expediente, también se encuentran citados a
prestar declaración el ex secretario general de la Presidencia
Nicolás Gallo, el ex Procurador del Tesoro Enrique Marcer, el ex
secretario de Hacienda porteño Eduardo Delle Ville y directivos de
la concesionaria de la autopista y de la empresa Covimet, que
explotaba la autovía.
Así lo señalaron esta tarde los abogados Fernando Díaz Cantón y
Miguel Angel Almeyra a los periodistas acreditados en los
Tribunales Federales luego de que De la Rúa abandonara el despacho
del juez Bergés, tras permanecer reunido cerca de dos horas con el
magistrado.
Si bien los defensores dijeron que la indagatoria no se llevó a
cabo porque rige el “efecto suspensivo”, fuentes judiciales
indicaron que el juez podría intepretar que el acto se llevó a
cabo y que De la Rúa se negó a declarar, y correría el plazo de
diez días para resolver su situación procesal.
“La interposición de recurso impone la suspensión del
procedimiento, por lo que el acto en rigor no se llevó a cabo,
quedando sometido a lo que resuelva el Tribunal Superior”,
insistió Almeyra al hablar ante la prensa.
Al ser consultado por los motivos por los cuales el ex
presidente se presentó personalmente ante el juez, los letrados
asumieron que consideró “pertinente” presentarse ante el juzgado,
porque Bergés lo había intimado a presentarse bajo apercibimiento
de llevarlo por la fuerza pública.
El juez Bergés imputó a De la Rúa por la supuesta comisión del
delito de “defraudación en perjuicio de la administración
pública”, por supuestas irregularidades que habría cometido en la
concesión de la Autopista Arturo Illia cuando era jefe de Gobierno
porteño.
El magistrado había citado tres veces al ex presidente, pero
sus defensores hicieron varias presentaciones judiciales en las
que plantearon la nulidad del llamado a indagatoria, al tiempo que
recusaron al juez.
Esos planteos, que insistían en la supuesta “aribitrariedad” de
la indagatoria, fueron rechazados por Bergés y por la Cámara del
Crimen, pero hoy los letrados insistieron ante la Cámara de
Casación Penal.
“El juez, al convocar a nuestro defendido a indagatoria, ha
dictado una resolución incompatible con la situación procesal
establecida y vigente, en violación a los elementos de estabilidad
y coherencia”, indica uno de los párrafos del escrito de 30
carillas presentado hoy por la defensa de De la Rúa.
Dado que el juez Bergés interviene en el expediente en
subrogancia de su par Nelson Jarazo, los defensores recordaron que
anteriormente intervinieron varios magistrados que “rechazaron
sistemáticamente los pedidos de indagatoria del fiscal Alejandro
Molina Pico”.
En esta línea, Díaz Cantón y Almeyra insistieron en que “no
existe ningún elemento para justificar la alegada sospecha (contra
de la Rúa) que antes no existía” y remarcaron que aún están
pendientes los resultados de un peritaje contable, “cuyo alcance
tendría una importancia definitoria” para el expediente.
“Algunos magistrados parecen no advertir los devastadores
efectos que provoca un llamado a indagatoria viciado de
arbitrariedad, mucho más cuando se trata de un ex presidente”, se
quejaron los letrados.
En ese mismo expediente, también se encuentran citados a
prestar declaración el ex secretario general de la Presidencia
Nicolás Gallo, el ex Procurador del Tesoro Enrique Marcer, el ex
secretario de Hacienda porteño Eduardo Delle Ville y directivos de
la concesionaria de la autopista y de la empresa Covimet, que
explotaba la autovía.