Por supuesto, su rápida y poco escrupulosa carrera a la cima del poder ya se ha cerrado, pese a su nexos estrechos con el clan Bush. El magistrado Patrick Priest –nuevo en la causa, pues DeLay impugnó “por simpatías demócratas” al juez original- se encontratá con un alegado de la defensa que suena a chicana: las acusaciones penales debieran declararse inválidas “por razones técnicas”.
Richard DeGuerin, abogado y amigo de DeLay, argumenta que la ley según la cual se le abrió el proceso, en septiembre, no tenía vigencia al momento de los hechos “sub judice” (2002). Es decir, la defensa no niega que haya habido delitos, una postura reglamentarista pero políticamente poco agraciada.
DeGuerin, de paso, atribuyó a Ronald Earle –fiscal del distrito Travis y jefe de la investigación previa a la etapa judicial- abusos en el desempeño de funciones. Es otra táctica distractiva.
DeLay y sus colegas, James Elliot y John Coliandro, han sido acusados de lavar US$ 190.000 en donaciones empresarias al comité nacional republicano, para distribuirse entre candidatos a la legislatura tejana durante la campaña de 2002. Pero, en realidad, esos cargos son apenas una parte del escándalo político que envuelve a DeLay y sus cómplices.
El todavía diputado y sus amigos tienen una larga historia de irregularidades. Así, Michael Scanlon –ex asistente y vocero de DeLay- se declaró culpable (el lunes) de conspiración para sobornar funcionarios públicos, en un proceso que se incoa separadamente, en Washington.
Tras dejar el equipo DeLay, Scanlon se asoció al “lobbista” Jack Abramoff, calificado por varios medios como mafioso -íntimo del diputado-, procesado por estafar a tribus indias en millones de dólares. Les ofrecía influir sobre congresistas para apoyar la instalación de casinos en las reservas (lo cual no deja bienparados a los codiciosos aborígenes). DeLay figuraba en la lista de presuntos coimeros y eso implica transgredir normas éticas deñ congreso.
Aun desdeñando este lado del asunto, el ex jefe de la bancada republicana y hombre clave de Geroge W.Bush afronta inclusive la prisión perpetua por los cargos en órbita del juez Priest. Como ocurre con Rcihard Cjeney en el “Plamegate”, el presidente ha tomado distancia de DeLay y compañía.
Por supuesto, su rápida y poco escrupulosa carrera a la cima del poder ya se ha cerrado, pese a su nexos estrechos con el clan Bush. El magistrado Patrick Priest –nuevo en la causa, pues DeLay impugnó “por simpatías demócratas” al juez original- se encontratá con un alegado de la defensa que suena a chicana: las acusaciones penales debieran declararse inválidas “por razones técnicas”.
Richard DeGuerin, abogado y amigo de DeLay, argumenta que la ley según la cual se le abrió el proceso, en septiembre, no tenía vigencia al momento de los hechos “sub judice” (2002). Es decir, la defensa no niega que haya habido delitos, una postura reglamentarista pero políticamente poco agraciada.
DeGuerin, de paso, atribuyó a Ronald Earle –fiscal del distrito Travis y jefe de la investigación previa a la etapa judicial- abusos en el desempeño de funciones. Es otra táctica distractiva.
DeLay y sus colegas, James Elliot y John Coliandro, han sido acusados de lavar US$ 190.000 en donaciones empresarias al comité nacional republicano, para distribuirse entre candidatos a la legislatura tejana durante la campaña de 2002. Pero, en realidad, esos cargos son apenas una parte del escándalo político que envuelve a DeLay y sus cómplices.
El todavía diputado y sus amigos tienen una larga historia de irregularidades. Así, Michael Scanlon –ex asistente y vocero de DeLay- se declaró culpable (el lunes) de conspiración para sobornar funcionarios públicos, en un proceso que se incoa separadamente, en Washington.
Tras dejar el equipo DeLay, Scanlon se asoció al “lobbista” Jack Abramoff, calificado por varios medios como mafioso -íntimo del diputado-, procesado por estafar a tribus indias en millones de dólares. Les ofrecía influir sobre congresistas para apoyar la instalación de casinos en las reservas (lo cual no deja bienparados a los codiciosos aborígenes). DeLay figuraba en la lista de presuntos coimeros y eso implica transgredir normas éticas deñ congreso.
Aun desdeñando este lado del asunto, el ex jefe de la bancada republicana y hombre clave de Geroge W.Bush afronta inclusive la prisión perpetua por los cargos en órbita del juez Priest. Como ocurre con Rcihard Cjeney en el “Plamegate”, el presidente ha tomado distancia de DeLay y compañía.
