Dos juzgados superpuestos y fuerzas combinadas de la policía bonaerense, Federal, gendarmería, prefectura, policía aeronáutica y de migraciones, más la Side, todos coordinados por un comité de crisis a cargo del ministro de Seguridad Interior de la provincia, León Arslanián, no dan con el paradero del único testigo en el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz.
El albañil Jorge Julio López, de 77 años, lleva dos semanas desaparecido tras salir de su casa del barrio Los Hornos.
La abogada del testigo en el juicio contra Etchecolatz, Guadalupe Godoy, quien a su vez es miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció que “hoy, la investigación no la guía el Poder Judicial de la provincia, sino el gobierno”.
También Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, consideró que la búsqueda “está bastante descoordinada y es evidentemente ineficaz”.
En los organismos de derechos humanos se insiste en que la Justicia no investiga las hipótesis de un secuestro o un asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo, que es la suposición que manejan como principal explicación de la ausencia de López.
La causa abierta en la justicia provincial se superpone con otra que sigue, por el mismo caso, el fuero federal. Para hoy se prevé una reunión entre los magistrados de ambas jurisdicciones, de la que también participaría el ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, a fin de blanquear la irregularidad y definir la unificación del expediente.
La representante de Hijos, Carolina Salvador, fue lapidaria en cuanto a la idoneidad oficial para resolver el enigma: “Mantener hoy todas las hipótesis como hizo el Gobierno refleja cuestiones verdaderamente preocupantes. Si se perdió, es increíble que toda la fuerza desplegada por los gobiernos nacional y provincial no haya podido hallar una sola pista seria sobre su destino. Si está secuestrado, estamos ante una banda poderosísima que puede eludir la persecución del Estado o, acaso, debemos pensar que el Estado no está poniendo todo para encontrar a Julio”.
Los familiares del albañil desaparecido fueron los que radicaron la denuncia penal por la averiguación del paradero, después de que lo vieran por última vez tres testigos. Sólo se rastrearon las llamadas recibidas en los días anteriores.
Los organismos defensores de los derechos humanos solicitaron, a la vez, un hábeas corpus para que se averigüe dónde estaba López, que había faltado injustificadamente a la lectura de los alegatos del juicio.
Sumaron la denuncia por las amenazas que recibió Eloy y pidieron que se investigara todo junto. “Entendemos que tanto la desaparición de López como las amenazas se produjeron en el marco del juicio a Etchecolatz que sigue el fuero federal”.
El gobernador Felipe Solá había invitado a las organizaciones a integrarse en una comisión conjunta con el Poder Ejecutivo provincial para seguir el caso, lo cual fue rechazado porque se interpretó como una maniobra para diluir la responsabilidad del gobierno provincial.
El Ministerio de Seguridad niega que sea la policía maneje la investigación, y ratifica que Arslanián la conduce personalmente e inclusive por fuera de la Justicia.
Ministerio del Interior
La Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal también trasladó a sus mejores hombres a esta ciudad, según la orden impartida por el ministro Aníbal Fernández. La Jefatura Departamental de La Plata, a cargo de Victoria Huck, por su parte, destaca unos 100 efectivos por día.
Por entrecruce de llamadas se analizaron infructuosamente más de 100.000 comunicaciones, entre ellas las recibidas y enviadas por López y por Miguel Etchecolatz y los entornos de ambos en los días previos a la desaparición.
Asimismo se buscaron casos de policías retirados y en actividad con causas penales vinculadas con personas desaparecidas y se constataron más de 400 nombres de policías citados en los Juicios por la Verdad, que revistaron en la dirección de Inteligencia durante el gobierno militar y que López mencionara en el juicio a Etchecolatz.
Pasaron a retiro a 36 agentes que estuvieron destinados en comisarías donde funcionaron centros clandestinos de detención y se pidió una prórroga para la emergencia policial.
Además de la investigación policial y las judiciales, se requirió la colaboración de innumerables entidades comunitarias, empresas, taxistas y remiseros, organizaciones piqueteras y hasta cooperativas de cartoneros. Y hasta se ofreció recompensa pública de $ 200.000 a quien aporte datos veraces y determinantes”.
Los rastreos en comisarías, hospitales, geriátricos, estaciones de trenes y colectivos, morgues y cementerios son continuos e infructuosos.
Dos juzgados superpuestos y fuerzas combinadas de la policía bonaerense, Federal, gendarmería, prefectura, policía aeronáutica y de migraciones, más la Side, todos coordinados por un comité de crisis a cargo del ministro de Seguridad Interior de la provincia, León Arslanián, no dan con el paradero del único testigo en el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz.
El albañil Jorge Julio López, de 77 años, lleva dos semanas desaparecido tras salir de su casa del barrio Los Hornos.
La abogada del testigo en el juicio contra Etchecolatz, Guadalupe Godoy, quien a su vez es miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció que “hoy, la investigación no la guía el Poder Judicial de la provincia, sino el gobierno”.
También Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, consideró que la búsqueda “está bastante descoordinada y es evidentemente ineficaz”.
En los organismos de derechos humanos se insiste en que la Justicia no investiga las hipótesis de un secuestro o un asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo, que es la suposición que manejan como principal explicación de la ausencia de López.
La causa abierta en la justicia provincial se superpone con otra que sigue, por el mismo caso, el fuero federal. Para hoy se prevé una reunión entre los magistrados de ambas jurisdicciones, de la que también participaría el ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, a fin de blanquear la irregularidad y definir la unificación del expediente.
La representante de Hijos, Carolina Salvador, fue lapidaria en cuanto a la idoneidad oficial para resolver el enigma: “Mantener hoy todas las hipótesis como hizo el Gobierno refleja cuestiones verdaderamente preocupantes. Si se perdió, es increíble que toda la fuerza desplegada por los gobiernos nacional y provincial no haya podido hallar una sola pista seria sobre su destino. Si está secuestrado, estamos ante una banda poderosísima que puede eludir la persecución del Estado o, acaso, debemos pensar que el Estado no está poniendo todo para encontrar a Julio”.
Los familiares del albañil desaparecido fueron los que radicaron la denuncia penal por la averiguación del paradero, después de que lo vieran por última vez tres testigos. Sólo se rastrearon las llamadas recibidas en los días anteriores.
Los organismos defensores de los derechos humanos solicitaron, a la vez, un hábeas corpus para que se averigüe dónde estaba López, que había faltado injustificadamente a la lectura de los alegatos del juicio.
Sumaron la denuncia por las amenazas que recibió Eloy y pidieron que se investigara todo junto. “Entendemos que tanto la desaparición de López como las amenazas se produjeron en el marco del juicio a Etchecolatz que sigue el fuero federal”.
El gobernador Felipe Solá había invitado a las organizaciones a integrarse en una comisión conjunta con el Poder Ejecutivo provincial para seguir el caso, lo cual fue rechazado porque se interpretó como una maniobra para diluir la responsabilidad del gobierno provincial.
El Ministerio de Seguridad niega que sea la policía maneje la investigación, y ratifica que Arslanián la conduce personalmente e inclusive por fuera de la Justicia.
Ministerio del Interior
La Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal también trasladó a sus mejores hombres a esta ciudad, según la orden impartida por el ministro Aníbal Fernández. La Jefatura Departamental de La Plata, a cargo de Victoria Huck, por su parte, destaca unos 100 efectivos por día.
Por entrecruce de llamadas se analizaron infructuosamente más de 100.000 comunicaciones, entre ellas las recibidas y enviadas por López y por Miguel Etchecolatz y los entornos de ambos en los días previos a la desaparición.
Asimismo se buscaron casos de policías retirados y en actividad con causas penales vinculadas con personas desaparecidas y se constataron más de 400 nombres de policías citados en los Juicios por la Verdad, que revistaron en la dirección de Inteligencia durante el gobierno militar y que López mencionara en el juicio a Etchecolatz.
Pasaron a retiro a 36 agentes que estuvieron destinados en comisarías donde funcionaron centros clandestinos de detención y se pidió una prórroga para la emergencia policial.
Además de la investigación policial y las judiciales, se requirió la colaboración de innumerables entidades comunitarias, empresas, taxistas y remiseros, organizaciones piqueteras y hasta cooperativas de cartoneros. Y hasta se ofreció recompensa pública de $ 200.000 a quien aporte datos veraces y determinantes”.
Los rastreos en comisarías, hospitales, geriátricos, estaciones de trenes y colectivos, morgues y cementerios son continuos e infructuosos.
