La cámara empresaria difundió un comunicado de prensa en el que
se sitúa en “defensa del desarrollo de la minería en Argentina”.
El apoyo se da en virtud de que, según denuncian, “las alteraciones
introducidas al régimen fiscal minero (…) afectan seriamente el desarrollo
del sector como una actividad madre de industrias y multiplicadora de la actividad
económica y del empleo.”
Según los empresarios, las modificaciones implementadas “sin consenso
y mediante notas administrativas internas de las Secretarías de Comercio
y de Minería (…) violan la Ley de Inversiones Mineras (24.196) y provocan
gran incertidumbre” para los inversores.
El régimen legal del sector minero es excepcionalmente favorable para las
inversiones en el sector. La ley 24.196 de 1993, sobre “Inversiones para
la Actividad Minera”, en su artículo 3°, establece que “Los
emprendimientos mineros comprendidos en el presente régimen gozarán
de estabilidad fiscal por el término de treinta años contados a
partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad.”
La estabilidad fiscal, como indica la norma, alcanza a todos los tributos, sean
impuestos directos, tasas, contribuciones impositivas, derechos, aranceles u otros
gravámenes a la importación o exportación.
Sin embargo, el 5 de diciembre pasado, se conoció la noticia de que unas
14 empresas mineras que no pagaban retenciones por la exportación de sus
productos empezarían a contribuir con ese derecho.
La medida fue aplicada entonces por la Aduana, a partir de una nota conjunta de
la Secretaría de Minería y de la del Interior, esta última
a cargo de Guillermo Moreno.
En su momento, desde la Aduana indicaron que “se trata de un impuesto que
rige desde 2002, que las empresas no pagaban porque decían que estaban
exentas. Ahora nos dicen que ya no están exentas.”
Las empresas notificadas en aquella oportunidad fueron Bórax Argentina,
Procesadora de Boratos Argentinos, Minera del Altiplano y Minera Alumbrera, entre
otras. Esta última realiza la mayor producción de oro del país,
en Catamarca, junto a la compañía YMAD, cuyo presidente, Manuel
Benitez, está al frente, a su vez, de la cámara empresaria del sector.
Los empresarios buscaron en reuniones con sectores oficiales levantar la medida
que grava con retenciones del 5 al 10% la exportación de metales. Pero
no obtuvieron respuestas a su medida.
En lo siguiente, hace dos semanas, trascendió que no bien termine la feria
judicial, para febrero o marzo, las principales empresas mineras radicadas en
la Argentina recurrirán a la Justicia para intentar impedir que el Gobierno
imponga retenciones a las exportaciones de aquellos emprendimientos que estaban
exceptuados antes de diciembre de 2007.
En el comunicado difundido, la CAEM considera que “las notas administrativas
son ilegales y que lejos de favorecer el objetivo de una mayor recaudación
impositiva, tendrán consecuencias negativas ya que afectarán la
viabilidad de inversiones programadas para los próximos tres años
del orden de los 10.000 millones de dólares, según datos de la Secretaría
de Minería de la Nación.” Según estas estimaciones,
se frenará la posibilidad de crear 16.000 puestos de trabajo.
Asimismo, según los empresarios, el gobierno incurre en una “paradoja”
con esta medida, al mermar sus ingresos en $ 2.300 millones anuales, en lugar
de aumentarlos.
Finalmente, la CAEM “reclama a las autoridades pertinentes se aclare definitivamente
esta situación a fin de poder contar con un panorama claro y previsible
en materia regulatoria”.
Argentina se el sexto país con mayor riqueza minera en el mundo. El boom
de la minería en el país se desató en la década pasada.
Según el Minning Journal de Londres, el país ocupa uno de los mejores
puestos en oportunidades de inversión: costos bajos y altos retornos. Acompañado
a esto, la actividad minera ha sido objeto de continuas denuncias, a causa de
ser una de las actividades más contaminantes que realiza el hombre.
La cámara empresaria difundió un comunicado de prensa en el que
se sitúa en “defensa del desarrollo de la minería en Argentina”.
El apoyo se da en virtud de que, según denuncian, “las alteraciones
introducidas al régimen fiscal minero (…) afectan seriamente el desarrollo
del sector como una actividad madre de industrias y multiplicadora de la actividad
económica y del empleo.”
Según los empresarios, las modificaciones implementadas “sin consenso
y mediante notas administrativas internas de las Secretarías de Comercio
y de Minería (…) violan la Ley de Inversiones Mineras (24.196) y provocan
gran incertidumbre” para los inversores.
El régimen legal del sector minero es excepcionalmente favorable para las
inversiones en el sector. La ley 24.196 de 1993, sobre “Inversiones para
la Actividad Minera”, en su artículo 3°, establece que “Los
emprendimientos mineros comprendidos en el presente régimen gozarán
de estabilidad fiscal por el término de treinta años contados a
partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad.”
La estabilidad fiscal, como indica la norma, alcanza a todos los tributos, sean
impuestos directos, tasas, contribuciones impositivas, derechos, aranceles u otros
gravámenes a la importación o exportación.
Sin embargo, el 5 de diciembre pasado, se conoció la noticia de que unas
14 empresas mineras que no pagaban retenciones por la exportación de sus
productos empezarían a contribuir con ese derecho.
La medida fue aplicada entonces por la Aduana, a partir de una nota conjunta de
la Secretaría de Minería y de la del Interior, esta última
a cargo de Guillermo Moreno.
En su momento, desde la Aduana indicaron que “se trata de un impuesto que
rige desde 2002, que las empresas no pagaban porque decían que estaban
exentas. Ahora nos dicen que ya no están exentas.”
Las empresas notificadas en aquella oportunidad fueron Bórax Argentina,
Procesadora de Boratos Argentinos, Minera del Altiplano y Minera Alumbrera, entre
otras. Esta última realiza la mayor producción de oro del país,
en Catamarca, junto a la compañía YMAD, cuyo presidente, Manuel
Benitez, está al frente, a su vez, de la cámara empresaria del sector.
Los empresarios buscaron en reuniones con sectores oficiales levantar la medida
que grava con retenciones del 5 al 10% la exportación de metales. Pero
no obtuvieron respuestas a su medida.
En lo siguiente, hace dos semanas, trascendió que no bien termine la feria
judicial, para febrero o marzo, las principales empresas mineras radicadas en
la Argentina recurrirán a la Justicia para intentar impedir que el Gobierno
imponga retenciones a las exportaciones de aquellos emprendimientos que estaban
exceptuados antes de diciembre de 2007.
En el comunicado difundido, la CAEM considera que “las notas administrativas
son ilegales y que lejos de favorecer el objetivo de una mayor recaudación
impositiva, tendrán consecuencias negativas ya que afectarán la
viabilidad de inversiones programadas para los próximos tres años
del orden de los 10.000 millones de dólares, según datos de la Secretaría
de Minería de la Nación.” Según estas estimaciones,
se frenará la posibilidad de crear 16.000 puestos de trabajo.
Asimismo, según los empresarios, el gobierno incurre en una “paradoja”
con esta medida, al mermar sus ingresos en $ 2.300 millones anuales, en lugar
de aumentarlos.
Finalmente, la CAEM “reclama a las autoridades pertinentes se aclare definitivamente
esta situación a fin de poder contar con un panorama claro y previsible
en materia regulatoria”.
Argentina se el sexto país con mayor riqueza minera en el mundo. El boom
de la minería en el país se desató en la década pasada.
Según el Minning Journal de Londres, el país ocupa uno de los mejores
puestos en oportunidades de inversión: costos bajos y altos retornos. Acompañado
a esto, la actividad minera ha sido objeto de continuas denuncias, a causa de
ser una de las actividades más contaminantes que realiza el hombre.
