Nuevas normas para cotizar en bolsas de Estados Unidos
La Securities & Exchange Commission aprobó finalmente una reforma bursátil. En adelante, las cotizantes actuales y futuras deben adoptar normas uniformes en materia de auditoría, compatibles con la ley Sarbanes-Oxley (septiembre de 2002).
Una de las principales exigencias es que los comités de auditoría deberán estar formados por miembros totalmente independientes del directorios y del management. Por otra parte, las firmas tienen que establecer mecanismos para facilitar que el personal de toda jerarquía aporte datos al comité y, por inferencia, a los auditores externos (que pueden provenir de la propia SEC).
Estas pautas “resultan esenciales para las funciones que, en adelante, ejercerá la junta directiva en cuanto a supervisión real”, señalaba ayer William Donaldson, nuevo presidente de la SEC. En rigor, la medida –como otras antes y después- responde a prescripciones de la ley Sarbanes-Oxley, tendientes a reformar de raíz prácticas atinentes a la conducción empresaria. A su vez, la propia ley es una reacción orgánica a la serie de irregularidades, fraudes y escándalos contables que, catorce meses después de Enron, sigue afectando bancos, compañías, firmas de valores, analistas y ejecutivos superiores.
Algunos expertos objetan que la SEC haya ampliado “motu propio” el plazo impuestos por el Congreso (26 de abril) para que las nuevas normas sean obligatorias. Presionada desde el propio gobierno federal y el poderoso cabildeo de estudios contables (o sea, auditores externos), la comisión estira el término hasta la primera asamblea ordinaria de accionistas de 2004, aunque ésta no podrá ser posterior al 31 de octubre. Donaldson ha sido ya conminado por varios legisladores a “respetar los plazos legales y dejar sin efecto esta inexplicable extensión de año y medio. Como si escándalos y revelaciones hubiesen terminado” (así hablaba Michael Oxley, coauspiciante de la ley).
La benevolencia de la SEC privilegia, de paso, a cotizantes pequeñas. Las que tengan menos de US$ 25 millones de capitalización bursátil (o sea valor en mercado) tendrán hasta julio de 2005. A su vez, las que acaben de completar una oferta pública inicial de acciones deben tener sólo un miembro independiente en el directorio durante los 90 posteriores a la suscripción del capital. A emisores extranjeros se les permitirá que los accionistas elijan directores externos, si así es requisito en sus países originarios.
Una de las principales exigencias es que los comités de auditoría deberán estar formados por miembros totalmente independientes del directorios y del management. Por otra parte, las firmas tienen que establecer mecanismos para facilitar que el personal de toda jerarquía aporte datos al comité y, por inferencia, a los auditores externos (que pueden provenir de la propia SEC).
Estas pautas “resultan esenciales para las funciones que, en adelante, ejercerá la junta directiva en cuanto a supervisión real”, señalaba ayer William Donaldson, nuevo presidente de la SEC. En rigor, la medida –como otras antes y después- responde a prescripciones de la ley Sarbanes-Oxley, tendientes a reformar de raíz prácticas atinentes a la conducción empresaria. A su vez, la propia ley es una reacción orgánica a la serie de irregularidades, fraudes y escándalos contables que, catorce meses después de Enron, sigue afectando bancos, compañías, firmas de valores, analistas y ejecutivos superiores.
Algunos expertos objetan que la SEC haya ampliado “motu propio” el plazo impuestos por el Congreso (26 de abril) para que las nuevas normas sean obligatorias. Presionada desde el propio gobierno federal y el poderoso cabildeo de estudios contables (o sea, auditores externos), la comisión estira el término hasta la primera asamblea ordinaria de accionistas de 2004, aunque ésta no podrá ser posterior al 31 de octubre. Donaldson ha sido ya conminado por varios legisladores a “respetar los plazos legales y dejar sin efecto esta inexplicable extensión de año y medio. Como si escándalos y revelaciones hubiesen terminado” (así hablaba Michael Oxley, coauspiciante de la ley).
La benevolencia de la SEC privilegia, de paso, a cotizantes pequeñas. Las que tengan menos de US$ 25 millones de capitalización bursátil (o sea valor en mercado) tendrán hasta julio de 2005. A su vez, las que acaben de completar una oferta pública inicial de acciones deben tener sólo un miembro independiente en el directorio durante los 90 posteriores a la suscripción del capital. A emisores extranjeros se les permitirá que los accionistas elijan directores externos, si así es requisito en sus países originarios.
