Originalmente, la UE quería que el futuro convenio abarcase dirigencias
políticas y una amplia gama de prácticas en el sector privado. Por
el contrario, EE.UU. no desea molestar a bancas y empresas, especialmente mientras
George W. Bush busca una esquiva reelección.
Sin ir más lejos, el escándalo en torno de Richard Cheney, el
Pentágono y el trato preferencial a Halliburton (firma vinculada al vicepresidente)
impone cautela en Washington. No es momento para abrir otra caja de Pandora.
A su vez, la ampliación de la UE implica incluir no sólo economías
poco desarrolladas sino, también, algunos países donde la transparencia
no es la norma, sino la excepción. Para no hablar de Italia, donde se
suceden los escándalos en torno de altos funcionarios.
Por tanto, el nuevo borrador de pacto "deja en libertad" a cada adherente
para extenderlo al sector privado y los partidos políticos. Formalmente,
los negociadores prevén modificar la convenciòn de Naciones Unidas
contra la corrupción.
"Nuestro objetivo real es que países subdesarrollados, como Perú,
Nigeria o Indonesia, puedan recobrar activos robados por ex jefes de gobierno
y sus cómplices", decía con inefable optimismo Antonio María
Costa (control de drogas y prevención de delitos, ONU). Pero nadie se
imagina que Japón -líder en desarrollo económico, pero
no lo político- entregue a Alberto Fujimori.
Tampoco parece realista que Perú -donde el partido del prófugo
recobra posibilidades electorales-, Nigeria o Angola (donde la corrupción
forma parte del sistema político, social y económico) luchen en
serio contra el flagelo.
Por otra parte, el acuerdo preliminar descarta requerimientos para que los
gobiernos impidan que las empresas paguen o cobren sobornos en sus países
y en el exterior. En EE.UU., el "lobby" del sector privado está
a cargo del National Foreign Trade Council (grandes exportadores) y gestores
japoneses.
Originalmente, la UE quería que el futuro convenio abarcase dirigencias
políticas y una amplia gama de prácticas en el sector privado. Por
el contrario, EE.UU. no desea molestar a bancas y empresas, especialmente mientras
George W. Bush busca una esquiva reelección.
Sin ir más lejos, el escándalo en torno de Richard Cheney, el
Pentágono y el trato preferencial a Halliburton (firma vinculada al vicepresidente)
impone cautela en Washington. No es momento para abrir otra caja de Pandora.
A su vez, la ampliación de la UE implica incluir no sólo economías
poco desarrolladas sino, también, algunos países donde la transparencia
no es la norma, sino la excepción. Para no hablar de Italia, donde se
suceden los escándalos en torno de altos funcionarios.
Por tanto, el nuevo borrador de pacto "deja en libertad" a cada adherente
para extenderlo al sector privado y los partidos políticos. Formalmente,
los negociadores prevén modificar la convenciòn de Naciones Unidas
contra la corrupción.
"Nuestro objetivo real es que países subdesarrollados, como Perú,
Nigeria o Indonesia, puedan recobrar activos robados por ex jefes de gobierno
y sus cómplices", decía con inefable optimismo Antonio María
Costa (control de drogas y prevención de delitos, ONU). Pero nadie se
imagina que Japón -líder en desarrollo económico, pero
no lo político- entregue a Alberto Fujimori.
Tampoco parece realista que Perú -donde el partido del prófugo
recobra posibilidades electorales-, Nigeria o Angola (donde la corrupción
forma parte del sistema político, social y económico) luchen en
serio contra el flagelo.
Por otra parte, el acuerdo preliminar descarta requerimientos para que los
gobiernos impidan que las empresas paguen o cobren sobornos en sus países
y en el exterior. En EE.UU., el "lobby" del sector privado está
a cargo del National Foreign Trade Council (grandes exportadores) y gestores
japoneses.
