Frenan el sistema “el que llama paga”
La Justicia dictó una medida cautelar que frena la puesta en vigencia del sistema, para comunicaciones entre teléfonos celulares. La medida alcanza a todas las compañías que tengan su sede en la Capital Federal.
(NA). – La Justicia dictó hoy (miércoles 29) una medida cautelar por la cual suspendió la aplicación del sistema “el que llama paga” entre teléfonos celulares, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira.
La medida –según se informó en Tribunales– fue tomada por la jueza en lo Contencioso Administrativo María Cristina Carrión de Lorenzo, quien hizo lugar a la presentación radicada el miércoles último por Oliveira solicitando la suspensión del sistema “Calling Party Pays” entre usuarios de teléfonos móviles.
Fuentes judiciales indicaron que la magistrada adoptó una medida de no innovar que tendrá alcance para todas las compañías de celulares “que tengan sede en la Capital Federal”.
La medida promovida por la ombusdman porteña tenía como objeto “evitar el daño que puede causar al usuario este aumento tarifario que alcanzará una cifra –según dijo– que resultaría exhorbitante en cualquier lugar del mundo”.
El sistema “abonante que llama paga” iba a entrar en vigencia el primero de septiembre próximo, pero de acuerdo con la resolución de la Justicia, su implementación se suspendió
hasta que se resuelva “el fondo de la cuestión”.
Oliveira denunció que el nuevo sistema implicaría un aumento tarifario de 25 centavos más IVA el minuto, algo que, a su criterio, afectaría “entre 5 y 15% la economía de los usuarios”.
En su presentación, la Defensora del Pueblo remarcó supuestas irregularidades cometidas por la Secretaría de Comunicaciones para autorizar este sistema.
Entre ellas, enumeró la “falta de una audiencia pública, exceptuando la participación de los usuarios”, quienes deben tener la posibilidad de emitir su opinión “antes de que se habiliten
normas que afecten sus intereses económicos”.
“Esta modificación de las tarifas es resultado de un acuerdo privado entre las empresas, en una actitud que limita la competencia y mantiene como rehenes a los siete millones y medio
de usuarios de celulares”, manifestó Oliveira.
La demanda interpuesta por la defensora porteña cuestionó, además, la resolución 253 de la Secretaría que comanda Henoch Aguiar, al argumentar que “autorizar aumentos tarifarios afecta las garantías ciudadanas incluidas en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
(NA). – La Justicia dictó hoy (miércoles 29) una medida cautelar por la cual suspendió la aplicación del sistema “el que llama paga” entre teléfonos celulares, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira.
La medida –según se informó en Tribunales– fue tomada por la jueza en lo Contencioso Administrativo María Cristina Carrión de Lorenzo, quien hizo lugar a la presentación radicada el miércoles último por Oliveira solicitando la suspensión del sistema “Calling Party Pays” entre usuarios de teléfonos móviles.
Fuentes judiciales indicaron que la magistrada adoptó una medida de no innovar que tendrá alcance para todas las compañías de celulares “que tengan sede en la Capital Federal”.
La medida promovida por la ombusdman porteña tenía como objeto “evitar el daño que puede causar al usuario este aumento tarifario que alcanzará una cifra –según dijo– que resultaría exhorbitante en cualquier lugar del mundo”.
El sistema “abonante que llama paga” iba a entrar en vigencia el primero de septiembre próximo, pero de acuerdo con la resolución de la Justicia, su implementación se suspendió
hasta que se resuelva “el fondo de la cuestión”.
Oliveira denunció que el nuevo sistema implicaría un aumento tarifario de 25 centavos más IVA el minuto, algo que, a su criterio, afectaría “entre 5 y 15% la economía de los usuarios”.
En su presentación, la Defensora del Pueblo remarcó supuestas irregularidades cometidas por la Secretaría de Comunicaciones para autorizar este sistema.
Entre ellas, enumeró la “falta de una audiencia pública, exceptuando la participación de los usuarios”, quienes deben tener la posibilidad de emitir su opinión “antes de que se habiliten
normas que afecten sus intereses económicos”.
“Esta modificación de las tarifas es resultado de un acuerdo privado entre las empresas, en una actitud que limita la competencia y mantiene como rehenes a los siete millones y medio
de usuarios de celulares”, manifestó Oliveira.
La demanda interpuesta por la defensora porteña cuestionó, además, la resolución 253 de la Secretaría que comanda Henoch Aguiar, al argumentar que “autorizar aumentos tarifarios afecta las garantías ciudadanas incluidas en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
