“Dos poderes del estado, el legislativo -que promulgó la ley 25.873 en diciembre de 2003- y el ejecutivo, que la embarró aún más con el decreto 1.563/04 en septiembre último, dieron un peligroso paso en pos de un estado totalitario y fascistoide, que vigila a todos sus ciudadanos, independientemente de si son sospechosos o no de algún delito”.
El incendiario párrafo anterior proviene del informe de los consultores Carrier y Asociados. En parte, recuerda las diatribas de ciertos medios, para quienes el actual gobierno es comparable al cubano en materia de libertades públicas. Sería putil que se fijaran en qué ocurre con Internnet en China, sin que Google, Yahoo! y otros gigantes se mosqueen…
No obstante, ley y decreto son un rejunte de dislates, bastante comunes en las pieza que salen del congreso nacional, donde el trabajo de comisión no existe. ¨Por otra parte, casi ningún legisladsor se toma el trabajo de leer los informes de asesores. Pero sí de proponer homenajes intrascendentes o cambios en la toponimia urbana.
Los consultores sospechan, con motivos, que “tanto quienes aprobaron la ley sobre tablas, como el presidente Néstor Kirchner, el jefe de gabinete, el ministro del Interior, el de Infraestructura -que firmaron el decreto-, el secretario de Comunicaciones (autoridad reguladora) y el interventor de la CNC -autoridad de aplicación- quisieron, supieron o pudieron defender la norma”. Igual, el informe de los expertos les pone solemnes mayúsculas a todos.
Dejando de lado aspectos que hacen a libertad y privanza, “interesa –señalan Carrier y Asociados- analizarla desde el punto de vista práctico. La ley sostiene que las empresas de telecomunicaciones deben ocuparse de captar la información prevista y conservarla por diez años a disposición de jueces y fiscales. La secretaría de Inteligencia sería la encargado de las intercepciones” Cualquiera que conozca la historia de esta repatición y los innumerables “servicios” que gastan dineros públicos, jamás les confiará algo tan serio.
El decreto es claro cuando habla de “obtener e individualizar, por medios técnicos, el contenido de una telecomunicación. Así –presume el informe-, no sólo debían almacenarse mensajes privados, sino también spams, virus, gusanos, contenidos tales como diarios en línea leídos y ¿por qué no? cuentas bancarias”. Son extremos que bordean el ridículo, claro.
Conviene recordar que el decreto exigía a los prestadores de servicios infomáticos (PSI, ISP en el “truchinglés” del oficio) “desencriptar la información transmitida. No es simple calcular cuánto implica esto en almacenamiento, pero son volúmenes muy importantes, cuyo costo de guarda y recuperación es mucho más alto de lo que un pequeño o mediano PSI puede afrontar. La norma claramente indicaba que el proveedor debía afrontar ese costo, lo cual habría comprometido la sobrevivencia de muchos ISP. Eso llevó a CaBase a presentar su recurso de amparo”.
A aquello se suma que los datos almacenados sería una gran tentación potencial para empleados, funcionarios y hasta agentes de inteligencia para dedicarse a la extorsión, la venta de información confidencial y menestressa más peligrosos. Basta imaginar qué harían con semejante base el narcotráfico mayorista o el terrorismo profesional.
“Dos poderes del estado, el legislativo -que promulgó la ley 25.873 en diciembre de 2003- y el ejecutivo, que la embarró aún más con el decreto 1.563/04 en septiembre último, dieron un peligroso paso en pos de un estado totalitario y fascistoide, que vigila a todos sus ciudadanos, independientemente de si son sospechosos o no de algún delito”.
El incendiario párrafo anterior proviene del informe de los consultores Carrier y Asociados. En parte, recuerda las diatribas de ciertos medios, para quienes el actual gobierno es comparable al cubano en materia de libertades públicas. Sería putil que se fijaran en qué ocurre con Internnet en China, sin que Google, Yahoo! y otros gigantes se mosqueen…
No obstante, ley y decreto son un rejunte de dislates, bastante comunes en las pieza que salen del congreso nacional, donde el trabajo de comisión no existe. ¨Por otra parte, casi ningún legisladsor se toma el trabajo de leer los informes de asesores. Pero sí de proponer homenajes intrascendentes o cambios en la toponimia urbana.
Los consultores sospechan, con motivos, que “tanto quienes aprobaron la ley sobre tablas, como el presidente Néstor Kirchner, el jefe de gabinete, el ministro del Interior, el de Infraestructura -que firmaron el decreto-, el secretario de Comunicaciones (autoridad reguladora) y el interventor de la CNC -autoridad de aplicación- quisieron, supieron o pudieron defender la norma”. Igual, el informe de los expertos les pone solemnes mayúsculas a todos.
Dejando de lado aspectos que hacen a libertad y privanza, “interesa –señalan Carrier y Asociados- analizarla desde el punto de vista práctico. La ley sostiene que las empresas de telecomunicaciones deben ocuparse de captar la información prevista y conservarla por diez años a disposición de jueces y fiscales. La secretaría de Inteligencia sería la encargado de las intercepciones” Cualquiera que conozca la historia de esta repatición y los innumerables “servicios” que gastan dineros públicos, jamás les confiará algo tan serio.
El decreto es claro cuando habla de “obtener e individualizar, por medios técnicos, el contenido de una telecomunicación. Así –presume el informe-, no sólo debían almacenarse mensajes privados, sino también spams, virus, gusanos, contenidos tales como diarios en línea leídos y ¿por qué no? cuentas bancarias”. Son extremos que bordean el ridículo, claro.
Conviene recordar que el decreto exigía a los prestadores de servicios infomáticos (PSI, ISP en el “truchinglés” del oficio) “desencriptar la información transmitida. No es simple calcular cuánto implica esto en almacenamiento, pero son volúmenes muy importantes, cuyo costo de guarda y recuperación es mucho más alto de lo que un pequeño o mediano PSI puede afrontar. La norma claramente indicaba que el proveedor debía afrontar ese costo, lo cual habría comprometido la sobrevivencia de muchos ISP. Eso llevó a CaBase a presentar su recurso de amparo”.
A aquello se suma que los datos almacenados sería una gran tentación potencial para empleados, funcionarios y hasta agentes de inteligencia para dedicarse a la extorsión, la venta de información confidencial y menestressa más peligrosos. Basta imaginar qué harían con semejante base el narcotráfico mayorista o el terrorismo profesional.
