La semana pasada un grupo de conspicuos empresarios norteamericanos se reunió en Washington en una mesa redonda organizada por reguladores federales. Allí se quejaron del costo de cumplir con las imposiciones de la ley de reforma empresarial Sarbanes-Oxley. Ninguno pidió derogarla pero todos se lamentaron de su costo financiero.
La crítica sorprende, dado que se produce en un momento en que continúan revelándose nuevos casos de irregularidades, condenas por fraudes pasados o acusaciones nuevas. Bernard J. Ebbers, ex CEO de la ex WorldCom, espera sentencia luego de ser declarado culpable de fraude, conspiración y falsificación. Están a punto de comenzar los juicios a ex ejecutivos de Enron. Arthur Andersen, auditora de WorldCom y Enron, sigue peleando para salvar su reputación y sus pocos activos remanentes.
Según Lynn E. Turner, ex contador de la Seccurities and Exchange Commission, Son tantas las empresas que estuvieron o están en problemas que ninguna quiere arriesgarse a salir a criticar la ley. Nadie hace campaña contra la Sarbanes-Oxley; lo que pretenden, mientras le cantan loas en términos generales, es lograr algunos cambios en su implementación.
La sección 404 exige a las empresas y sus auditores evaluar los controles internos de las compañías, que son las prácticas o sistemas para mantener los registros e impedir fraudes o abusos. Un ejemplo de control interno, por ejemplo, es pedir que sean dos las personas que firman un cheque de la compañía.
De las 2.500 compañías que presentaron a la SEC sus informes sobre controles internos a finales de marzo, alrededor de 8% ( o sea 200) encontraron debilidades materiales, dijo en la mesa redonda William H. Donaldson, presidente del organismo.
Varios asistentes al encuentro dijeron que cumplir con la Sección 404 resultó más caro de lo que habían anticipado, y se preguntaban si el beneficio – que nadie ha podido anticipar – justifica el costo.
Varios grupos empresariales han hecho estudios con intención de cuantificar el costo de cumplir con esa ley. Financial Executives International, dijo que una encuesta realizada entre 217 empresas cotizantes demostró que habían gastado un promedio de US$ 4,36 millones para cumplir con la sección 404.
Otra encuesta realizada entre 90 clientes de las cuatro grandes firmas auditoras — Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers – reveló que las empresas gastaron un promedio de US$ 7,8 millones en el cumplimiento de la ley.
Pero las auditoras aclaran que a medida que las empresas se van familiarizando con la Sección 404 la cantidad que gastan en su cumplimiento puede bajar.
Con todo, los reguladores no ignoran las quejas. William J. McDonough, presidente del comité de revisión contable de la SEC, dijo durante la reunión que en los próximos meses la agencia estudiará formas de dar más asesoramiento sobre las exigencias de la 404.
La silenciosa campaña que se desarrolla contra la ley Sarbanes-Oxley Act puede haber tenido algo que ver con la propuesta del miembro de la Cámara de Representantes Ron Paul, republicano de Texas, de eliminar directamente la Sección 404. Paul dijo en una declaración pública que esa disposición “ha subido los costos de hacer negocio y es responsable de que empresas extranjeras se hayan retirado de los mercados estadounidenses con el consiguiente retardo en el crecimiento económico”. Por su parte, los representantes de los inversores institucionales destacan que son ellos los que cargan con la cuenta de cumplir con la ley, y que lo hacen con todo gusto. Cualquier cambio es, para ellos, prematuro.
Más allá de los costos de evaluar sus controles internos, los ejecutivos hablaron de algunas preocupaciones específicas. Los auditores, dijeron, son demasiado conservadores y exigen que se declare todo porque se preocupan de posibles segundas interpretaciones por parte de reguladores y abogados. Otra queja: cumplir con las exigencias quita tiempo para actividades más productivas. Los ejecutivos de empresas más pequeñas, pero también cotizantes, dijeron que ellos no deberían tener que cumplir con los mismos requerimientos que las más grandes, con más recursos para manejar el cumplimiento regulatorio. Otro grupo expresó que las relaciones con los auditores externos se habían deteriorado.
La semana pasada un grupo de conspicuos empresarios norteamericanos se reunió en Washington en una mesa redonda organizada por reguladores federales. Allí se quejaron del costo de cumplir con las imposiciones de la ley de reforma empresarial Sarbanes-Oxley. Ninguno pidió derogarla pero todos se lamentaron de su costo financiero.
La crítica sorprende, dado que se produce en un momento en que continúan revelándose nuevos casos de irregularidades, condenas por fraudes pasados o acusaciones nuevas. Bernard J. Ebbers, ex CEO de la ex WorldCom, espera sentencia luego de ser declarado culpable de fraude, conspiración y falsificación. Están a punto de comenzar los juicios a ex ejecutivos de Enron. Arthur Andersen, auditora de WorldCom y Enron, sigue peleando para salvar su reputación y sus pocos activos remanentes.
Según Lynn E. Turner, ex contador de la Seccurities and Exchange Commission, Son tantas las empresas que estuvieron o están en problemas que ninguna quiere arriesgarse a salir a criticar la ley. Nadie hace campaña contra la Sarbanes-Oxley; lo que pretenden, mientras le cantan loas en términos generales, es lograr algunos cambios en su implementación.
La sección 404 exige a las empresas y sus auditores evaluar los controles internos de las compañías, que son las prácticas o sistemas para mantener los registros e impedir fraudes o abusos. Un ejemplo de control interno, por ejemplo, es pedir que sean dos las personas que firman un cheque de la compañía.
De las 2.500 compañías que presentaron a la SEC sus informes sobre controles internos a finales de marzo, alrededor de 8% ( o sea 200) encontraron debilidades materiales, dijo en la mesa redonda William H. Donaldson, presidente del organismo.
Varios asistentes al encuentro dijeron que cumplir con la Sección 404 resultó más caro de lo que habían anticipado, y se preguntaban si el beneficio – que nadie ha podido anticipar – justifica el costo.
Varios grupos empresariales han hecho estudios con intención de cuantificar el costo de cumplir con esa ley. Financial Executives International, dijo que una encuesta realizada entre 217 empresas cotizantes demostró que habían gastado un promedio de US$ 4,36 millones para cumplir con la sección 404.
Otra encuesta realizada entre 90 clientes de las cuatro grandes firmas auditoras — Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers – reveló que las empresas gastaron un promedio de US$ 7,8 millones en el cumplimiento de la ley.
Pero las auditoras aclaran que a medida que las empresas se van familiarizando con la Sección 404 la cantidad que gastan en su cumplimiento puede bajar.
Con todo, los reguladores no ignoran las quejas. William J. McDonough, presidente del comité de revisión contable de la SEC, dijo durante la reunión que en los próximos meses la agencia estudiará formas de dar más asesoramiento sobre las exigencias de la 404.
La silenciosa campaña que se desarrolla contra la ley Sarbanes-Oxley Act puede haber tenido algo que ver con la propuesta del miembro de la Cámara de Representantes Ron Paul, republicano de Texas, de eliminar directamente la Sección 404. Paul dijo en una declaración pública que esa disposición “ha subido los costos de hacer negocio y es responsable de que empresas extranjeras se hayan retirado de los mercados estadounidenses con el consiguiente retardo en el crecimiento económico”. Por su parte, los representantes de los inversores institucionales destacan que son ellos los que cargan con la cuenta de cumplir con la ley, y que lo hacen con todo gusto. Cualquier cambio es, para ellos, prematuro.
Más allá de los costos de evaluar sus controles internos, los ejecutivos hablaron de algunas preocupaciones específicas. Los auditores, dijeron, son demasiado conservadores y exigen que se declare todo porque se preocupan de posibles segundas interpretaciones por parte de reguladores y abogados. Otra queja: cumplir con las exigencias quita tiempo para actividades más productivas. Los ejecutivos de empresas más pequeñas, pero también cotizantes, dijeron que ellos no deberían tener que cumplir con los mismos requerimientos que las más grandes, con más recursos para manejar el cumplimiento regulatorio. Otro grupo expresó que las relaciones con los auditores externos se habían deteriorado.
