lunes, 23 de diciembre de 2024

¿Derechos civiles para agencias calificadoras de riesgo?

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Floyd Abrams es el mayor experto en la primera enmienda constitucional, o sea el derecho de expresión. Ahora defiende a una firma ligada a la crisis de malas hipotecas y sus secuelas tóxicas: la firma Standard & Poor’s. Moody’s y Fitch no lucen mejor.

<p>Este letrado de 74 a&ntilde;os trabaja ya para la mayor agencia mundial de su tipo. La misma que, junto con Moody&rsquo;s Investors Service y Fitch Ratings, otorgaba altos puntajes a miles de millones en endeudamiento inmobiliario, masa que acab&oacute; en el colapso de malas hipotecas a ambas orillas del Atl&aacute;ntico norte.</p>
<p>El tr&iacute;o lleva a&ntilde;os explicando esas calificaciones &ndash;hoy golpean a Espa&ntilde;a e Irlanda- y otros misterios que terminaron con firmas como Bear Stearns o Lehman Brothers y obligaron a rescates como el de American International Group (US$ 182.500 millones).</p>
<p>Docenas de particulares han radicado demandas contra las tres agencias, reclamando que se responsabilicen por arruinar miles de inversores. En otras palabras, las crisis financieras norteamericana (2006/09) y europea (desde 2009) se judicializa. El viejo Abrams y sus socios (el estudio Cahill, Gordon &amp; Reindel) han asumido ya defensa en m&aacute;s de cincuenta demandas contra Standard &amp; Poor&rsquo;s.</p>
<p>El imaginativo abogado se basa en un argumento tirado de los pelos: las calificaciones de S&amp;P gozan de los derechos civiles incluidos en la primera enmienda constitucional. &iquest;Por qu&eacute;? Porque sus opiniones sobre bonos y su calidad eran de buena fe y coincid&iacute;an con las de medios especializados en sus respectivos temas. No es culpa de las agencias no haber previsto el descalabro hipotecario y financiero. Aunque varios observadores s&iacute; lo hicieron. Uno fue Barack Obama… al comenzar la campa&ntilde;a electoral.</p>
<p>En cuanto a varios los expertos legales, su actitud ante las originalidades de Abrams es ambivalente. Algunos admiten que pueden ser plausibles, pero la mayor&iacute;a lo toma a risa. Especialmente, porque los actos de S&amp;P o Moody&rsquo;s desbordan los derechos civiles y rozan lo penal, o sea al fraude liso y llano.</p>
<p>Abrams no innova, aunque lo suponga. Si le va bien, su iniciativa podr&iacute;a poner a las calificadoras justo donde estaban las tabacaleras a mediados de los a&ntilde;os 90: impopulares y virtualmente intocables para los jueces. Pero, ya a fines de esta d&eacute;cada, su suerte cambi&oacute; sustancialmente, pues la gente concluy&oacute; que esas empresas enga&ntilde;aban sobre sus productos. S&amp;P y sus colegas corren un albur parecido.</p>
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