<p>Es probable que el gobierno nacional, apremiado por ahorrar dólares demore todo cuanto pueda el pago de cualquier indemnización. Pero aún así subsiste el problema de fondo: ¿quién hará las inversiones imprescindibles para recuperar el autoabastecimiento energético que hemos perdido en los últimos años?<br />
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Más aún, si se advierte –como lo refleja la estadística disponible que es inatacable- que YPF representa solamente una tercera parte del petróleo y del gas que se produce en el país, y aunque la nueva conducción encuentre los dólares del Banco Central o de las retenciones a la soja para hacer las inversiones imprescindibles ahora mismo, subsiste otro problema central: ¿quién hará las inversiones correspondientes al otro 66% para retornar a niveles de reservas y de producción satisfactorios?<br />
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Es difícil suponer que después de este show de fuerza, las otras empresas estén dispuestas a invertir un solo dólar en este escurridizo escenario. Pero si no lo hacen, ¿seguirán el mismo camino de YPF? Lo que obliga a retornar a la pregunta original: ¿quién entonces hará las inversiones requeridas?<br />
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Tampoco hay que perder de vista que estas inversiones son de lenta maduración. Tal vez cinco años después de efectuadas se adviertan con nitidez sus beneficios. Entre tanto la situación puede empeorar, y la factura energética para importar petróleo y gas que este año se calcula en US$ 10 mil millones, puede incrementarse sustancialmente en el actual escenario global de precios.<br />
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Según el Poder Ejecutivo, toda la culpa es de la codicia de Repsol quien no hizo las inversiones adecuadas en tiempo y forma. De modo que si escasea energía y se reduce nuestro crecimiento es culpa de la empresa española. Lo mismo si no nos alcanzan los dólares que debemos pagar por las importaciones energéticas.<br />
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Lejos de ser la verdad. El argumento simplista puede ganar espacio momentáneo envuelto en la ola emocional de una YPF argentina. Y no hay que subestimar este sentimiento. La mayoría de los argentinos cree, desde siempre, que la empresa líder en este campo nunca debió dejar de ser propiedad del Estado nacional.</p>
<p>Pero la fragilidad de la memoria colectiva –con la que cuenta el gobierno a su favor en este momento- se le puede volver en contra en pocos meses más. Si De Vido y Kicillof no logran restablecer la normalidad energética – y todo indica que no lo lograrán- en pocos meses serán ellos y otros funcionarios nacionales quienes estarán en la picota.</p>
<p><strong>Un ejercicio de memoria</strong></p>
<p>La historia de este proceso es la del fracaso del Estado argentino y de su poder regulatorio. A principios de la década de los 90, los gobernantes de entonces con Carlos Menem a la cabeza, creyeron que lo mejor era que YPF siguiera siendo propiedad del Estado pero con una estructura jurídica acorde con la una empresa privada y con el nivel de profesionalización que se necesitaba.<br />
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La conducción de José Estensoro logró avances significativos (la empresa significaba entonces 50% del mercado interno), pero en especial el despliegue internacional de YPF que se convirtió en importante actor regional.<br />
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Algunos años después, el tandem Menem –Cavallo llegó a la conclusión de que el estado central debía sacarse de encima algunas cuantas cosas, como la inversión en educación y jubilaciones que se pasaron a las provincias.<br />
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Pero también la oleada privatizadora llegó a la YPF de capital estatal, pero que actuaba ya como sociedad anónima. Los más entusiastas en vender en aquel momento, fueron los gobernadores de las provincias petroleras. Nadie hizo más lobby en esa dirección que el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, cuya provincia recibió como parte de pago de la venta US$ 600 millones que fueron depositados en el exterior y que dieron origen a una controversia que todavía persiste sobre su manejo y aplicación.<br />
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Años después, ya como Presidente, Kirchner avanzó en otra “nacionalización”. Logró que Repsol cediera una cuota accionaria importante a empresarios argentinos. La familia Eskenazi, vieja amiga de los Kircher se hizo así de 25% de las acciones – en etapas- pagaderas con préstamos (algunos todavía se deben) y dividendos futuros de la empresa.<br />
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A cambio, el Estado olvidó otra vez su poder regulatorio. La política de energía barata para subsidiar el transporte y los servicios públicos se tradujo luego en una pesada estructura que ahora no se sabe como desmontar. Bajos precios reconocidos a los productores, significaron poca inversión y ordeñe feroz de los yacimientos.<br />
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Así fue como se evaporaron las reservas que no fueron reemplazadas con nuevas inversiones en exploración y se permitió girar dividendos que ahora se consideran excesivos, sin que mediara la menor queja gubernamental.<br />
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Esa desastrosa política llegó al final de su camino, y Repsol (que tiene su buena parte de culpa en este proceso) se convierte en el pato exclusivo de la boda.<br />
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Los mismos que ayudaron decisivamente a privatizarla hace dos décadas, son los que instalaron “un capitalismo de amigos” durante la década pasada, y ahora se abocan a una expropiación selectiva (únicamente acciones de la hispana Repsol).</p>
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