En lo que puede considerarse el principio del fin del gobierno de Mariano Rajoy, el Estado español ha tomado las riendas en el caso de corrupción destapado por el diario El País y que compromete a varios de los más altos dirigentes del gobierno.
En la contabilidad que maneja Luis Bárcenas (en un cuaderno al que accedió el principal diario español), el gerente del PP entre 1990 y 2008 y tesorero nacional desde 2008 hasta 2009, se anotaron pagos periódicos a todos los secretarios generales y vicesecretarios generales que tuvo el partido desde 1997, y a Mariano Rajoy como presidente desde 2004.
Si bien tanto Rajoy como María Cospedal –actual secretaria general- y la ministra de Sanidad, Ana Mato (que aparecen señalados en el cuaderno por sus inciales), han negado lo innegable, el exdiputado Jorge Trías-Sagnier –amigo de Luis Bárcenas- ha afirmado que sí se entregaban sobres con dinero que servían como complemento al sueldo. Trías-Sagnier, que ahora aparece como el principal testigo de la Fiscalía Anticorrupción, afirmó en un reciente artículo que la cantidad máxima que se entregaba era de €10.000 al mes, y la recibían los más altos dirigentes del PP.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, manifestó su confianza en Rajoy. “Nuestro partido está detrás de nuestro presidente y sus palabras las suscribimos quienes gracias a su confianza estamos en el Gobierno y todos los militantes”. Justamente hoy los jueces y fiscales de la República deciden si van a la huelga como protesta por las reformas y recortes ordenados por Gallardón.
