En un intento por atajar las críticas hacia su Administración, inmersa también en otras crisis por el atentado en Bengasi y las acusaciones de espionaje a la agencia de noticias Associated Press, Barack Obama se dirigió a los ciudadanos desde la Casa Blanca para anunciar como primera medida la renuncia del titular de la IRS, Steve Miller, y la apertura por parte de las autoridades federales de una investigación de las prácticas de la agencia tributaria por discriminar en contra de grupos políticos conservadores, sometiéndolos a un mayor escrutinio que al resto.
Como hiciera el lunes, reiteró que la agencia debe operar bajo unos estándares de “integridad absoluta” y que las prácticas discriminatorias denunciadas por una investigación del Inspector General son “intolerables e inexcusables”.
Las tres medidas adoptadas de inmediato para responder al escándalo, que apuntan a restablecer la confianza en la agencia y garantizar que este tipo de comportamiento no vuelve a producirse, fueron: la dimisión del jefe del IRS, que el secretario del Tesoro, Jack Lew, implemente las recomendaciones del Inspector General y la plena colaboración con el Congreso en sus indagaciones.
Según verificaron los auditores federales, a comienzos de 2010, el IRS “comenzó a emplear criterios inadecuados” para identificar las organizaciones que solicitan exenciones de impuestos. De un total de las 296 pedidas por grupos políticos, se aprobaron 108 y otras 28 fueron retiradas. Ninguna de ellas fue rechazada, pero 160 debieron esperar, a veces, hasta tres años para obtener una respuesta. Un 15%, además, contenía los términos “Tea Party” o “patriota”. La investigación atribuye el retraso a “una gestión ineficiente, la aplicación de criterios inapropiados, retrasos innecesarios y solicitudes de documentación superflua”.
A través de declaraciones al diario USA Today, el renunciante comisario del IRS, Steven Miller, admitió que “se cometieron errores, pero que en ningún momento se pueden atribuir a motivaciones partidistas”. Alegó que la agencia debió responder a un aluvión de peticiones entre 2010 y 2012, coincidiendo con una nueva normativa para la financiación de grupos políticos.
La auditoría encargada al inspector general del gobierno, sin embargo, afirma que el Internal Revenue Service (IRS), encargado de la recaudación de impuestos, varió el nivel de escrutinio al que somete a las organizaciones en función de su orientación política. El IRS identificó a grupos conservadores que llevasen en su título las palabras “Tea Party” o “patriota” y les exigió más documentación y justificaciones para poder acogerse a la exención de impuestos que solicitaban.
El Fiscal General, Eric Holder, estuvo ayer en el comité judicial de la Cámara de Representantes para prometer que todos los responsables deberán rendir cuentas por sus errores. Y calificó las acciones de “escandalosas e inaceptables” por lo que ha ordenado una investigación para determinar si se han cometido delitos criminales.
“No se centrará en ningún partido, esta no es una cuestión de ideologías. Todo aquel que haya incumplido la ley, deberá responder por ello”. Aseguró además que las pesquisas no estarán limitadas a la oficina de Ohio donde se supervisaban las solicitudes, sino que irá “hasta donde nos lleven los hechos”.
Pero en la Cámara de Representantes no se conforman con saber, sino que van más allá: “Mi pregunta no es quién va a dimitir, mi pregunta es quién va a ir a la cárcel por este escándalo”, declaró el miércoles el portavoz republicano John Boehner.
Otro republicano, Marco Rubio, acusó en el Senado a la Administración Obama de emplear el gobierno “como un instrumento político para atacar a sus enemigos, dificultando que los ciudadanos digan aquello que no les gusta”. Alegó que los escándalos de Bengasi, la agencia AP y el IRS responden a “una cultura de intimidación” instaurada en la Casa Blanca.
Ambas cámaras legislativas han abierto un total de cuatro investigaciones de los procedimientos de la agencia tributaria. A pesar de que se trata de un organismo independiente, sus administradores deben responder ante la autoridad del secretario del Tesoro, por lo que los republicanos exigen que la Casa Blanca aclare hasta qué punto conocía estas prácticas y por qué no ha reaccionado hasta ahora.
