Ante la aceleración del ritmo de devaluación del peso y la consecuente necesidad de cambiar de ancla nominal, el gobierno impuso límites a las subas salariales, lo cual motivó un abaratamiento del costo salarial en dólares y permitió moderar la pérdida de competitividad externa.
Pero surgen dudas sobre la sostenibilidad de esta estrategia, dada la carencia de un plan integral que evite que la devaluación se traduzca en una aceleración similar del avance de los precios domésticos, advierte el director de abeceb.com, Dante Sica.
Este año se dio una situación inédita para la política económica, máxime teniendo en cuenta que se trata de un período electoral.
Por un lado, las autoridades impulsaron una fuerte depreciación del peso en relación al dólar, con el objetivo de contrarrestar la sostenida pérdida de competitividad de las exportaciones, y dada la necesidad de quitar presiones sobre el mercado cambiario informal.
Esto se dio particularmente en los pasados tres meses, luego de que las sospechas de que la FED revertirá su política monetaria ultra expansiva en el corto plazo ocasionaran una fuerte devaluación de la moneda brasilera versus el dólar.
Así, en lo que va del año, el ritmo de depreciación de la moneda doméstica se aceleró en forma constante, hasta alcanzar un 34,7% mensual anualizado.
Exceptuando lo sucedido a fines de 2008, cuando el estallido de la crisis norteamericana condujo a una depreciación acelerada de la mayoría de las monedas emergentes, esta tasa no se había registrado nunca en los últimos diez años.
Aunque hay que tener en cuenta que este ritmo habría mostrado cierta moderación en los últimos días, luego de que la FED decidiera posponer el QE, lo que ha motivado una revaluación del real.
Pero al mismo tiempo, y reconociendo que esto significaba perder al tipo de cambio como principal “ancla” contra la inflación, el gobierno se mostró activo para limitar las subas salariales.
De hecho, se fijó un techo de 20% que, si bien no fue respetado a rajatabla, funcionó como parámetro para contener los incrementos de ingresos del sector formal en torno a la inflación.
En este contexto, las paritarias mostraron importantes demoras, lo que generó en el primer semestre un gap entre precios e ingresos, conviviendo salarios de 2012 con precios de 2013.
Con todo, los ingresos crecen actualmente en torno al 25% anual, en línea con el ritmo de incremento promedio de los precios domésticos.
De esta forma, en los últimos meses la tasa de devaluación le ganó a la suba de ingresos, motivando un abaratamiento del costo salarial en dólares (efecto que resulta mucho más significativo si se considera la depreciación del peso en el mercado informal, que en promedio supera un 50% interanual en lo que va del año). Esto permitió, en este lapso tiempo, detener o al menos moderar la pérdida de competitividad externa por la apreciación real del tipo de cambio.
Pero la pregunta que surge es si esta estrategia podrá sostenerse en el tiempo.
En un contexto en que no existe un plan integral contra la inflación, y en que la política económica constituye un factor clave detrás de la elevada dinámica de los precios domésticos por la creciente emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, es probable que la mayor depreciación se traduzca en una aceleración similar del ritmo de crecimiento de los precios.
Actualmente la única variable que no se mueve son las tarifas, y esto no resulta suficiente para anclar la economía.
Por otra parte, si bien el impacto es amortiguado con trabas al ingreso de productos importados, la protección comercial también da mayor margen a los productores locales a trasladar las subas de costos a precios.
En particular, este interrogante resulta clave de cara a 2014.
Es que la mayor devaluación impulsada en 2013 no será suficiente para revertir el atraso existente en materia cambiaria.
De manera que lo más probable es que en 2014 las autoridades continúen imprimiendo una mayor velocidad al ritmo de depreciación del peso para evitar que se profundice la pérdida de competitividad de las exportaciones (especialmente dado que no se resolverán otras cuestiones relevantes detrás de la escasa competitividad, como el déficit existente en materia de infraestructura o las distorsiones provenientes del esquema de política económica actual).
Esto tenderá a sumar presiones sobre la dinámica de la inflación, aunque el grado de traspaso a precios (lo que se conoce como “pass-through”) dependerá de qué suceda con las subas salariales, y con la corrección de tarifas.
Si bien el escaso dinamismo económico tendería a limitar las demandas de incrementos de ingresos dado el estancamiento del mercado laboral, también es cierto que actualmente existe pleno empleo en muchos sectores formales.
Esto último tenderá a fortalecer la posición de los sindicatos en la negociación, a lo que se sumará el escaso capital político del oficialismo -de confirmarse a fin de mes la derrota sufrida en agosto-, lo que hará más complicado limitar las subas de ingresos.
De esta forma, la política económica sumará un nuevo desafío el año próximo, dado que deberá evitar en un contexto de escasos márgenes políticos que se desate la peligrosa carrera tipo de cambio-precios-ingresos.
