Luego de pasadas las elecciones de octubre, las preguntas económicas más urgentes se refieren a la capacidad del gobierno para empezar a corregir algunos de los desequilibrios que han complicado la evolución de la economía en 2012 y 2013, señala el economista de FIEL, Daniel Artana, en un artículo titulado “Los desafíos del mediano plazo”.
El gobierno ha revelado que le preocupa la disponibilidad de dólares al decidir pagarle con bonos a los fondos privados que le ganaron arbitrajes en el CIADI, ya que ello permitiría destrabar algunos créditos de organismos multilaterales.
Y hace varios meses que también ha revelado que procura no agrandar el atraso en el tipo de cambio oficial, ya que la tasa de depreciación mensual se asemeja a la inflación medida por organismos privados.
El problema con esta estrategia es que, ausente un programa fiscal consistente, se le pone un piso a la tasa de inflación y se aumenta la incertidumbre para los tenedores de pesos.
Sin embargo, parece poco probable que el gobierno haga aportes sustantivos para mejorar los desequilibrios macroeconómicos. Es posible que haya alguna moderación fiscal en 2014, sea por la vía de aumentos de tarifas o por un menor ritmo de expansión de otras variables de gasto discrecional. Pero no parece haber voluntad política para un cambio que despeje la incertidumbre macroeconómica.
La reducción reciente en el riesgo país parece más asociada a la expectativa de que el gobierno que asuma en 2015 tendrá un manejo más consistente de la política pública y a que en los próximos dos años se cumplirá con los servicios de la deuda pública mediante el uso de las reservas internacionales del Banco Central.
En este punto es conveniente repasar los desequilibrios económicos más importantes. A pesar de que las condiciones externas son las más favorables de los últimos 40 años -medidas por los términos del intercambio (precio de exportaciones a precio de importaciones), tamaño relativo de la economía brasileña a la Argentina y tasa de interés real internacional-, hay un déficit fiscal del gobierno general del orden de 5% del PIB, cuando se excluyen los aportes del BCRA y de la ANSES, y se mantiene más o menos equilibrada la cuenta corriente del balance de pagos, pero sólo por medio de controles a las transacciones cambiarias que no son sostenibles en el tiempo.
A ello se suma una inflación del orden de 2% mensual y un deterioro importante de precios relativos. Este deterioro se observa no sólo en el tipo de cambio real sino también en los precios de la energía y el transporte que están alejados de sus costos económicos y requieren de aportes del Tesoro crecientes y de un “aporte” forzado de los productores que tiene como costo un claro desincentivo a la oferta.
Finalmente, se han hecho más visibles los costos del elevado tamaño del Estado en la economía. Supera hoy el 45% del PIB, convirtiéndose en el de mayor peso de la región y también por encima de lo observado en Estados Unidos, Japón y los países emergentes de Asia.
El correlato es una presión tributaria también récord en la historia argentina y la más alta de Latinoamérica y con una composición que es cada vez peor a la luz del impresionante aumento de los impuestos considerados más distorsivos.
Por ejemplo, en la década del 90 el impuesto a los ingresos brutos que cobran las provincias (impuesto a las ventas en cascada) era 2% del PIB, en 2012 había aumentado a 4% y a raíz de una nueva ronda de aumentos de alícuotas, superaría este año los 5 puntos del PIB.
A eso se agrega un impuesto conceptualmente parecido que es el que grava a las transacciones financieras, que aporta otros dos puntos y una mayor presión tributaria
