La firma mexicana Pemex, uno de los socios tradicionales de la petrolera española, ha tomado el papel protagonista, al no estar satisfecha con la gestión llevada a cabo por el equipo presidido por Antonio Brufau y, en especial, con la negativa a aceptar un acuerdo con YPF sobre el yacimiento de Vaca Muerta (Argentina), donde la petrolera mexicana quiere invertir.
El primer ejecutivo de Pemex, Emilio Lozoya, airea sus críticas a la española y, según fuentes consultadas, sondea las posibilidades de sustituir a Brufau.
En cambio, según un cable de la agencia Dpa, el ministro de Industria español, José Manuel Soria, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, desmintió el posible avance societario de Pemex en Repsol, apoyándose en una reunión que hace unos días mantuvo con su par mexicano, Pedro Joaquín Coldwell, y con el director general de Pemex, Emilio Lozoya.
“Ninguno de los dos”, dijo, manifestó “ninguna intención de incrementar el porcentaje de capital en Repsol”.
La prensa publicó esta semana informaciones que apuntaban supuestos planes de la petrolera estatal mexicana para aliarse con el magnate Carlos Slim y controlar Repsol de forma conjunta.
El lunes, Pemex negó que existiese un acuerdo con Slim para comprar un 10 por ciento adicional de Repsol y que esté interesada en una operación de ese tipo, sobre todo tras la caída del valor de las acciones de la petrolera española.
Brufau
Las relaciones entre Lozoya y Brufau han sido manifiestamente mejorables desde el principio, pero fueron a peor tras las declaraciones del primero a Bloomberg, a principios de mes, en las que descalificaba a Brufau y al equipo gestor de Repsol.
“Nosotros esperábamos obtener más ganancias de nuestra participación en Repsol”, decía. Posteriormente, se produjeron una serie de hechos que alarmaron en el cuartel general de la firma española y que, según fuentes financieras, responderían a una maniobra para sondear a los accionistas de Repsol para una posterior actuación contra Brufau.
A eso podría responder la contratación de los servicios del despacho de abogados Cuatrecasas y del banco Crédit Agrícole.
Las dos instituciones y Lozoya mantuvieron una reunión con una agencia especializada en aglutinar votos de inversores institucionales a la que asistieron también el único consejero de la compañía en Repsol, Arturo Henríquez, y el director en España, José Manuel Carrera Panizzo, en Houston (Texas, EE.UU.) hace unas semanas, según informó este lunes El Confidencial, que señalaba que el objetivo del grupo mexicano es buscar apoyo de otros accionistas para convocar una junta extraordinaria en la que destituir a Brufau.
Aunque el portavoz de Pemex, Ignacio Durán, asegura que “a Pemex no le interesa ampliar su participación en Repsol ni piensa proponer una junta extraordinaria”, insiste en arremeter contra la gestión de la compañía española: “[Pemex] no va a comprar más porque es un pésimo negocio, Pemex no está contenta con la inversión”.
Hace dos años, la petrolera mexicana justificaba su inversión en Repsol en la “necesidad crítica de Pemex de desarrollar la pericia tecnológica, conocimientos y experiencia en la perforación en aguas profundas” y que esperaba “capturar beneficios concretos” con su inversión, pero ahora se muestra decepcionada con los resultados.
Durán explicó a EL PAÍS que la petrolera mexicana no busca invertir más, y menos en medio de un contexto en el que Pemex ha tenido pérdidas en los últimos nueves meses por 7.121 millones de dólares.
Según esta fuente, la empresa está mucho más pendiente y preocupada por la reforma energética cuya discusión está a punto de comenzar en el Congreso mexicano. Esta reforma busca abrir a la petrolera estatal mexicana a la inversión privada.
Pemex adquirió el compromiso por escrito con Repsol de no aumentar su participación más del 10%.
Y en cuanto a la posibilidad de encauzar la entrada de un gran inversor internacional, como Carlos Slim, según publicaba ayer Abc, ambas partes lo negaron rotundamente.
Pemex hizo pública una carta dirigida al diario español en la que aseguraba que “Pemex no ha mantenido negociaciones con Carlos Slim ni con ningún otro empresario o institución para buscar inversores afines en Repsol ni tampoco planea presentar en su Consejo de Administración un acuerdo al respecto”.
La petrolera mexicana va más allá y señala que “este tipo de información falsa, que malinforma a la opinión pública y genera confusión en el sector empresarial con propósitos poco claros, en nada contribuye a la buena relación que prevalece entre México y España”.
Slim, además, mantiene muy buenas relaciones con Isidro Fainé, presidente de CaixaBank, accionista de referencia de Repsol, y su apoyo a la operación provocaría, sin duda, un maremoto de consecuencias imprevisibles.
Fruto de esas relaciones Slim entró en el capital de CaixaBank y La Caixa compró el 15% del Inbursa, que posteriormente ha reducido al 10%.
Para convocar una junta extraordinaria, es preciso un 5% del capital, nivel que Pemex sobrepasa. Pero según algunas fuentes nunca lo haría si no recibe el visto bueno del Gobierno español.
Fuentes del entorno del Ejecutivo de Mariano Rajoy han subrayado que no han recibido ninguna notificación y que Repsol es un grupo privado y que no quiere inmiscuirse en cuestiones de empresas privadas.
Además, el Gobierno mexicano y Pemex saben que no sería bien vista una actuación que no tuviera el acuerdo del resto del núcleo duro de accionistas.
En todo caso, para cualquier decisión como la de cambiar al presidente, Pemex necesitaría superar el 50% de la junta, tarea que se antoja extremadamente difícil.
Los otros accionistas importantes son Caixabank (12%), Sacyr (9,5%) y el fondo soberano de Singapur Temasek (6,3%) y ninguno de los tres ha recibido ninguna noticia al respecto. Y tampoco ninguno parece proclive a apoyar cualquier intento de Pemex en ese sentido.
Temasek mantiene muy estrechas relaciones con Brufau, quien fue el que negoció su entrada con la venta de la autocartera que había adquirido de Sacyr, y esta empresa y Caixabank lo que buscan es la estabilidad en el grupo y las pretensiones de Pemex van por camino contrario.
Por tanto, Pemex tendría que contar con una parte importante del 63% restante de acciones que se reparte en el mercado, con fuerte presencia de fondos de inversión internacionales. En la junta de 2011, el 84% votó la reelección de Brufau, el 12%, en contra, y el 4% se abstuvo. En la última junta, el pasado 31 de mayo, el 99,7% aprobó su gestión.
Aunque Pemex también votó a favor, la mexicana ha puesto la gestión de Brufau en solfa en diversas ocasiones. Se reflejó por primera vez cuando el grupo mexicano alcanzó un acuerdo con Sacyr (entonces presidida por Luis del Rivero, a la sazón vicepresidentes de Repsol) para hacerse fuertes en Repsol y descabalgar al ejecutivo catalán de la presidencia. Brufau, con el apoyo de La Caixa, logró que no prosperara la andanada. Del Rivero, posteriormente, fue abandonado por sus socios de Sacyr y Pemex firmó un acuerdo de no beligerancia en el que se comprometía a no elevar su participación del 10%.
En esa etapa no estaba Lozoya al frente de Pemex ni Henríquez en el consejo de Repsol.
Sin embargo, meses después, en medio del conflicto de Repsol con el Gobierno de Argentina por la expropiación de YPF, Pemex volvió a ser protagonista al convertirse en intermediario de la compañía argentina.
Lozoya, que había criticado la gestión de Brufau, fue el portador de la propuesta de armisticio que hacía Miguel Galuccio, presidente de YPF.
La firma argentina ofrecía una compensación de 5.000 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros). Consistía en la creación de una sociedad con activos del yacimiento de Vaca Muerta en la que YPF tendría el 51%, Repsol el 47% y Pemex el 2%. Los 5.000 millones provenían de un bono de 1.500 millones, que Repsol tendría que invertir en el yacimiento, activos sin explorar a razón de 43.000 dólares el acre.
El consejo de Repsol, incluido el representante de Pemex, rechazó por unanimidad la propuesta que consideraba casi como un insulto. Repsol exigía (y exige) 10.000 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros) como compensación para restituir “el expolio” del 51% de YPF.
