Tras varios días de negociación, los dos países se comprometieron, a través de un memorando de entendimiento, a firmar un acuerdo para intercambiar información tributaria y financiera.
Se trata de un tratado de doble tributación que incluirá, según anunció la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, una cláusula de información financiera con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “que era justamente lo que Colombia estaba buscando”, explicó.
Las negociaciones para ese tratado tendrán como fecha límite el 30 de septiembre de 2015.
El acuerdo también incluye cooperación en la lucha contra el lavado de activos y la evasión tributaria.
“Esta es la prueba de que el diálogo es el camino que tienen dos países hermanos que comparten tantas realidades”, agregó la canciller, después que en el primer intento de negociación con el Gobierno panameño, que se dio el pasado viernes, no llegaran a ningún acuerdo.
Holguín también agradeció al presidente Juan Carlos Varela por lo que calificó como un gesto de amistad al querer mantener “una relación constructiva”.
La tensión entre los dos países se desató el pasado 8 de octubre cuando Colombia declaró a Panamá paraíso fiscal después de dos años de espera en los que no se logró firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria.
Según Colombia, este acuerdo permitirá conocer cuáles son los capitales que tienen sus ciudadanos para fiscalizar la evasión de impuestos, que según dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “es la lucha por los recursos que benefician a los colombianos más necesitados”.
Santos ha explicado que quiere que Colombia sea reconocida a nivel internacional como un país que lucha contra la evasión de impuestos, uno de los requisitos que debe cumplir para entrar a la OCDE, conocida como el club de los países desarrollados y que invitó al país suramericano a negociar su ingreso en mayo de 2013.
Y aunque para el mandatario colombiano incluir al istmo en su lista gris no era una decisión “contra Panamá”, el Gobierno de Varela reaccionó duramente calificando la medida como discriminatoria, por lo que dio a Colombia el ultimátum de siete días o aplicaría lo que se conoce como la Ley de Retorsión, expedida en 2002, que podría, por ejemplo, cerrar la posibilidad a las empresas colombianas de contratar con el Estado panameño.
Esta norma se aplica contra los que el istmo considera que lo discriminan y contempla una larga lista de sanciones, que en el caso colombiano podría haber incluido cobrar peaje a los barcos colombianos que pasan por el Canal.
Colombia y Panamá son socios comerciales naturales porque son limítrofes. El año pasado cerraron la negociación para un tratado de libre comercio que contempla un acuerdo de cooperación aduanera.
Según la prensa colombiana, solo en 2013 las inversiones en el istmo ascendieron a 3.200 millones de dólares, hay cerca de 150 empresas colombianas y el 23% del sector financiero está en sus manos.
Los presidentes Santos y Varela conversaron telefónicamente en varias oportunidades para buscar un acuerdo, mientras que las negociaciones también se desarrollaron entre jerarcas de los ministerios de Hacienda y Comercio de ambos países.
Colombia también sacó de su lista de paraísos fiscales a Barbados, Emiratos Árabes Unidos y el Principado de Mónaco, que ya firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria.
Panamá cree que “no es un acuerdo de fondo”
Por su parte, el Gobierno de Panamá advirtió tras conocerse la noticia que aunque Colombia le retiró de una lista de paraísos fiscales tampoco es un arreglo definitivo ni de fondo sobre el diferendo bilateral que persiste para el intercambio de información tributaria, financiera o bancaria.
“No hemos llegado a ningún acuerdo de fondo”, aclaró la vicepresidenta y ministra panameña de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado.
“Nos hemos dado un plazo de un año para explorar el tema”, explicó en conferencia de prensa. Panamá alega que entregar información tributaria a Bogotá “pondría en desventaja” al centro corporativo y financiero internacional que opera en su territorio.
