Los Diputados Nacionales y economistas Carlos Heller (Frente Nuevo Encuentro) y Federico Sturzenegger (Unión Pro) exponen sus opiniones sobre el litigio con los holdouts: ¿es correcta la posición del Gobierno o expone al país a mayores riesgos?
Heller: Una inteligente estrategia para defendernos de los buitres
El fallo del juez Griesa ha recibido gran cantidad de críticas, entre las cuales puede elegirse la realizada por el FMI luego de conocido el fallo, indicando que incrementaría el riesgo de que los holdouts se multipliquen y que los acreedores puedan ser menos proclives a acordar una reestructuración. En una reciente publicación, el organismo internacional brinda sugerencias para reforzar las cláusulas de acción colectiva en las emisiones de bonos soberanos y modificar la cláusula de pari passu, esta última, según Sean Hagan, consejero Jurídico de la entidad, es la cláusula que utilizaron recientemente los holdouts para minar la reestructuración de la deuda argentina.
De impensable favoritismo hacia nuestro país, la citada declaración de Sean Hagan va en el mismo sentido que lo expresado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando comentó que el problema no es el dinero de los holdouts sino que quieren tirar abajo la reestructuración de deuda soberana de la Argentina para que tengamos que volver a deber miles de millones de dólares. He sostenido en varias oportunidades que ese forzoso sobreendeudamiento que intentan ocasionar es la vía para llegar a controlar nuestros recursos naturales como sucedió en los ‘90 y hasta la moratoria que se desencadenó con la caída de la convertibilidad. Hoy tienen en su mira telescópica a los recursos de Vaca Muerta.
Hay dos maneras de enfocar el tema de los fondos buitre a nivel internacional, una de ellas es a través del mercado, como lo sugiere el FMI y que coincide con las disposiciones de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, grupo constituido por los más grandes inversores financieros y bancos del mundo. El otro enfoque es a través de acciones concretas de los países, regulando el sistema financiero y las operaciones que allí se realizan. En ese aspecto, cabe destacar la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas del martes 9 de septiembre impulsada desde Argentina conjuntamente con el G77 más China que , entre otras importantes cuestiones, decide elaborar y aprobar, mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales y con carácter prioritario un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional, y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales.
En el mismo sentido abona la declaración del Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando encarga la preparación de un informe basado en investigaciones sobre las actividades de los fondos buitre y sus repercusiones en los derechos humanos.
La estrategia de Argentina ha sido inteligente: decidió depositar los fondos correspondientes al vencimiento de julio de este año a favor de los acreedores reestructurados, generando una controversia entre éstos, las entidades pagadores y el juez Thomas Griesa. Para el siguiente pago, a fines de septiembre, ya se contaba con la Ley de Pago Soberano Local, designando a Nación Fideicomisos como pagador, y permitiendo, para los bonistas que lo decidan, optar por la legislación y jurisdicción argentina o francesa, a fin de evitar los efectos del injusto fallo de la justicia de Nueva York. Esta ley también determina la conformación en el ámbito del Congreso Nacional de la Comisión Bicameral permanente de investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación.
En cuanto a su política exterior, también ha encarado eficientemente el tema del juicio de Griesa, promoviendo declaraciones en gran cantidad de organismos internacionales (entre ellos las mencionadas de la ONU) y de la casi totalidad de los organismos latinoamericanos. Además, nuestro gobierno ha impulsado una demanda a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por los actos del Poder Judicial estadounidense, atentatorios contra la reestructuración de la deuda soberana argentina. Los EEUU deben aceptar la demanda, cuestión sobre la cual aún no se han definido, y muy probablemente no lo acepten, pero es una jugada cargada de simbolismo, pues el derecho internacional reconoce que los Estados son responsables por los actos de sus poderes judiciales; de esa forma coloca el balón en el área del presidente Barack Obama.
La estrategia del gobierno argentino es pagar al 100% de sus acreedores, de manera justa, equitativa, legal y sustentable. Respecto a este tema, son varios los políticos que han reclamado que se debería negociar con los demandantes y pagar para cerrar el problema, estrategia que algunos candidatos han prometido aplicar de ser elegidos para gestionar el próximo gobierno. Sin embargo, esta estrategia tiene tres grandes problemas centrales: uno de ellos es que los fondos buitre no negocian, desean el pago de la totalidad de la sentencia de Griesa; el otro es que ello dispararía automáticamente las cláusulas “yo también” (me too) por las cuales los holdouts que no han obtenido sentencia reclamarían que se les pague según lo establecido por Griesa, y ello podría generar un pago de más de U$S 15.000 millones; y, finalmente, la última complicación es que, en tanto no acuerden todos los holdouts con la jurisprudencia sentada por el fallo de Griesa siempre habrá algún acreedor minoritario que pueda bloquear el proceso de reestructuración.
La estrategia del gobierno reconoce estas limitaciones, y por eso Axel Kicillof le reclamó al juez Griesa que las próximas reuniones incluyan no sólo a los buitres sino a todos los holdouts, ese 7% total que no ingresó a los canjes de deuda de 2005 y 2010 de forma tal de negociar pero pensando en una solución definitiva al problema, dentro de la legalidad y las posibilidades de nuestro país.
La resolución de ese tema, orientada a sostener el importantísimo canje de deuda de 2005 y 2010 no será fácil. Nos enfrentamos a fondos buitre que tienen vínculos íntimos con los actores más importantes de Wall Street, y con fuerte capacidad de lobby, tanto económico como político. El mantenimiento de decisiones soberanas por parte de nuestro país, como lo ha venido haciendo hasta el momento el gobierno nacional, es la única forma de enfrentar esta enmarañada situación.
Sturzenegger: Saliendo del laberinto
Si algo caracteriza a este Gobierno es la facilidad de hacer imposible lo posible. Y en el manejo de la política económica las cosas se hacen más evidentes. La noticia de que, se presume, el año que viene habrá un acuerdo con los holdouts permitiría atemperar el efecto sobre la economía de la restricción cambiaria. Sin embargo, las cosas son más complicadas.
El mejor ejemplo se advierte al escuchar a los funcionarios leer los presupuestos en los que salta a la vista que anhelan cumplir tres objetivos bien concretos: estabilizar las reservas o incrementarlas; estabilizar el valor de la moneda, sorteando las consecuencias devaluatorias; y terminar con el cepo cambiario.
Pero en el contexto de caída de exportaciones y de la actividad – la reciente sanción de la ley de abastecimiento no es la manera de revertir esta trayectoria – estos tres objetivos son incompatibles.
Si el Gobierno pretende preservar las reservas y mantener estable el tipo de cambio, el resultado será una mayor caída de las exportaciones por el atraso cambiario, lo que requerirá seguir apretando el cepo. Si lo quisiese levantar manteniendo estable el tipo de cambio, sólo lo podría hacer a costa de perder reservas. Si quisiese preservar las reservas y liberar el cepo, no tiene más remedio que dejar ir el tipo de cambio.
Desde 2008, el kirchnerismo viene debatiendo sobre cómo priorizar entre estos tres objetivos. Hasta 2011, cuando todavía quedaba resto en la recuperación de la economía, las exportaciones y las reservas crecían con un real mercado único y libre de cambios. Pero hacia fines del 2011, el creciente intervencionismo en los mercados, el desbocado costo fiscal, y el atraso cambiario minaron la competitividad argentina y estancaron las exportaciones.
Y en ese escenario, el Gobierno apeló a la peor de todas las medidas con la inicial excusa de un control fiscal: el cepo. Creía cuidar las reservas y logró sostener por un acotado tiempo el tipo de cambio. Pero su resultado fue una inmediata recesión. En 2012 la economía cayó un 0,4 % según el IGA (Índice General de Actividad) de Orlando Ferreres; en ese segundo trimestre, cuando el cepo se puso más duro, el derrumbe en el nivel de actividad llegó al 5%.
El año pasado, en período electoral, el Gobierno modificó un poco el rumbo. Liberó parcialmente el cepo, al tiempo que mantuvo la estabilidad cambiaria. Pero como las exportaciones seguían cayendo, la consecuencia fue una importante pérdida de reservas que de 43.290 millones de dólares llegaron a 30.599 en cuestión de meses. La contraparte de la relajación de la restricción externa fue una leve recuperación de la economía que creció el 3,3% según Ferreres y del 2,9 % según PIB Congreso. Con la llegada de Juan Carlos Fábrega al Banco Central, el foco se puso nuevamente en las reservas. Sin apretar más el cepo, se optó por una devaluación del 23% en enero de este año.
A partir de allí, el Gobierno eligió regresar a la estrategia inicial: apretar el cepo como mecanismo para preservar las reservas y la estabilidad cambiaria. Conclusión: una fuerte recesión, ya que la economía viene cayendo un 1,1% interanual en el primer semestre según el IGA, pero con una caída interanual en agosto de 4,5%. Las actividades en las que el cepo se hace sentir con mayor intensidad, por ejemplo la industria, muestra una caída del 3,3% en el año, según el IPI de Ferreres, pero de 6,1% en agosto.
La llegada de Alejandro Vanoli al Banco Central muestra que esta estrategia de mayores controles se profundiza cada vez más, habiéndole pedido a la entidad $73.300 millones en el año para financiar su déficit creciente, pero todavía necesita $110.000 millones más para llegar a fin de año. Vanoli se encuentra ante la opción de emitir billetes por esa cantidad, aumentando la inflación, la brecha, y precipitando una devaluación, o los obtiene forzando a los bancos a prestárselos vía encajes o colocándoles deuda. Hoy parece estar virando del financiamiento inflacionario al financiamiento con deuda. El beneficio es una inflación más controlada. El costo un sector financiero más vulnerable y con menor capacidad prestable.
¿Pero cómo salir de manera definitiva del laberinto en el que ellos mismos nos metieron? Logrando que en la Argentina se pueda -ya no es cuestión de querer- producir. Requiere que la política se dedique a pensar cómo gestionar mejor el Estado y no a pensar cómo gestionar mejor las empresas. Porque el gobierno al dedicarse a lo que no tiene que hacer, y no ocupándose de lo que sí debería hacer, termina imponiéndole a la producción un costo fiscal desmedido, genera costos de financiamiento imposibles de cubrir, y sustrae toda la energía de producción desviándola al arduo trabajo de atajar penales y llenar formularios. Lamentablemente, hoy no se advierte que esto cambie hasta que los argentinos elijan un gobierno que se dedique a gestionar y no a relatar.
Una versión de este artículo apareció en la edición 136 de Alzas y Bajas.
