Se publicaron el viernes en el Boletín Oficial una serie de ajustes por medio de los cuales se modificó el Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio vigente, detalla la Asociación Argentina de Presupuesto en el informe sobre modificaciones presupuestarias Nº 24/2015.
Por la primera de las normas, la Decisión Administrativa Nº 848/2015, se aprueba una ampliación de gastos por $300 millones para atender salarios del Consejo de la Magistratura.
El aumento en los créditos se compensa con una reducción, por igual importe, de los créditos asignados al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
La modificación está amparada en las disposiciones del Artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, sustituido por el Artículo 1° de la Ley N° 26.124.
Por su parte, la Decisión Administrativa Nº 854/2015, también con un impacto negativo sobre el resultado financiero, modifica el presupuesto vigente de acuerdo al siguiente detalle:
- En la órbita del Poder Legislativose incrementan los créditos del Senado de la Nación en $20 millones, para atender gastos de funcionamiento.
- Asimismo, se aprueba un aumento de $40 millones para la Dirección de Ayuda Social para atender Gastos en Personal.
- En el Poder Judicialse asigna un refuerzo presupuestario de $111,9 millones para el pago de seguros de riesgos de trabajo, gastos de funcionamiento e inversión del Consejo de la Magistratura. Este aumento se ve compensado con una disminución de la partida Incremento de Caja y Bancos ($ 111,9 millones).
- En las áreas con dependencia directa de la Presidencia de la Nación, se refuerzan los créditos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico en $42,3 millones para atender el pago de salarios, y el presupuesto de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en $69,2 millones, de los cuales $35,2 millones se destinan a partidas por las cuales se canalizan los pagos de salarios.
- En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanosse aumentan las partidas para el pago de haberes del Servicio Penitenciario Federal por $236,4 millones.
- Asimismo, en el Ministerio de Defensase refuerzan $60 millones los créditos para la atención de salarios de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
- Por su parte en el Ministerio de Industria, se asignan $155 millones para los Centros de Investigación del Sistema INTI, en el marco del Programa “Desarrollo y Competitividad Industrial”.
- En el Ministerio de Turismo, se prevén $42 millones para dar continuidad a la acción conjunta que viene desarrollando con el Ministerio de Desarrollo Social, relativa a la organización de viajes de niños en edad escolar a la muestra TECNOPOLIS, con el propósito de difundir la activad turística.
- En la órbita del Ministerio de Culturase asignan $24 millones como fomento y apoyo económico a Bibliotecas Populares.
- En la ANSES, actuante en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se asignan $270 millones para Asignaciones Familiares, $100 millones para la pensiones de Ex Combatientes y $2.000 millones para el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR).
- En el Ministerio de Saludse refuerzan los créditos de los programas de “Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles” en $238,6 millones, de “Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual” en $90 millones, de “Reforma del Sector Salud” en $40 millones, y de “Prevención y Control de Enfermedades Endémicas” en $12,6 millones. Asimismo se asignan $30 millones en favor del “Hospital El Cruce de Florencio Varela” y $150 millones para el funcionamiento del “Hospital de Alta Complejidad El Calafate”.
Por último, por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1.775/15autoriza un incremento de gastos de $21.835,9 millones.
Los mayores gastos se financian con un aumento en el cálculo de recursos tributarios de $13.197,5 millones, un incremento de las fuentes financieras de $8.327,8 millones y una reducción en las aplicaciones financieras de $310,7 millones; lo que determina una desmejora en el déficit financiero de la Administración Pública Nacional de $8.638,4 millones.
La medida aprueba un incremento en el crédito vigente de la Procuración General de la Naciónen $81,1 millones, con el objeto de incorporar los cargos y financiamiento correspondientes a la Dirección de Observaciones Judiciales y sus delegaciones.
En este sentido, por el Artículo 17 de la Ley N° 27.126 de creación de la Agencia Federal de Inteligencia, se transfiere la Dirección de Observaciones Judiciales y sus delegaciones al ámbito de la Procuración General de la Nación.
Asimismo, se aumentan los créditos de la Agencia Federal de Inteligencia, dependiente de la Presidencia de la Naciónen $472,7 millones, de los cuales $380,7 millones corresponden a mayores gastos en personal.
Por otro lado, se dispone un incremento en el presupuesto vigente del Ministerio del Interior y Transporte con el objeto de atender necesidades correspondientes al programa “Asistencia Técnica y Financiera a Provincias” por $160 millones; programa “Conservación y Custodia de Documentos de la Nación” por $0,5 millones; programa “Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor” por $500 millones; programa “Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviaria” por $700 millones; y un incremento en las Aplicaciones Financieras (Activos Financieros) por $30 millones. Asimismo, se incrementa el presupuesto vigente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado actuante en su ámbito en $30 millones, con el objeto de afrontar gastos correspondientes al programa “Acciones de Seguridad Vial”. La totalidad de los aumentos de esta jurisdicción se financian en su totalidad con fuente de financiamiento proveniente de crédito externo.
También, se aprueba un mayor presupuesto para el Ministerio de Seguridadcon el objeto de reforzar el “Programa de Seguridad Ciudadana” en $50 millones, ampliación financiada con crédito externo.
Asimismo, se aumentan los créditos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicasa los efectos de financiar necesidades de gastos del programa “Definición de Políticas de Comercio Exterior” en $6,6 millones; programa “Formulación y Ejecución de Políticas Económicas” en $163,4 millones; ambos incrementos financiados con crédito externo; y del programa “Administración Financiera” en $25,3 millones, financiado parcialmente con crédito externo.
Por último se reduce el crédito del programa “Definición de Políticas de Coordinación Económica” en $15,2 millones, con fuente de financiamiento proveniente de crédito externo.
Por otro lado, se dispone un incremento en el presupuesto vigente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el objeto de atender necesidades correspondientes al programa “Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero” por $60 millones; programa “Formulación de Políticas de Desarrollo Rural” por $30 millones; del “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales – PROSAP” por $84 millones; y un aumento en las Aplicaciones Financieras (préstamos a provincias), por $126 millones. Asimismo, se incrementa el presupuesto vigente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en $100 millones, destinados al “Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria”; y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en $133,8 millones, con el objeto de atender las necesidades del “Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuaria”. La totalidad de los aumentos de esta jurisdicción se financian con crédito externo.
También se refuerzan los créditos vigentes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a fin de atender las necesidades del programa “Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social” en $500 millones; del programa “Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva” en $900 millones; del programa “Acciones Hídricas y Viales Norte Grande” en $1.000 millones; del programa “Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria” en $96,5 millones; del programa “Más Escuelas Mejor Educación” en $800 millones; del programa “Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales” en $184,9 millones; y un incremento en las Aplicaciones Financieras, en concepto de incremento de activos financieros (préstamos a provincias), por $100 millones. La totalidad de los aumentos de esta jurisdicción se atienden con crédito externo.
Asimismo, se aumentan los créditos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productivaen $210 millones para la promoción y financiamiento de actividades de ciencia, tecnología e innovación.
La medida también dispone un refuerzo de créditos en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Socialpara el programa “Acciones de Capacitación Laboral” por $1.512,9 millones, aumento financiado con crédito externo. Asimismo, se incrementa el presupuesto vigente de la Administración Nacional de la Seguridad Social, a fin de afrontar el impacto del coeficiente de movilidad previsto en el Artículo 32 de la Ley N° 24.241. Concretamente, se aumentan los crédito del programa “Prestaciones Previsionales” en $7.910 millones (financiado con recursos del Tesoro y recursos Propios); del programa “Asignaciones Familiares” en $5.000 millones; del programa “Transferencias y Contribuciones la Seguridad Social” en $286,9 millones; estos últimos dos aumentos financiados con recursos propios.
Por último, se dispone un incremento en el presupuesto vigente del Ministerio de Salud, en los programas “Atención de la Madre y el Niño” en $527,7 millones; “Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas” en $264 millones; “Reformas del Sector Salud”, por $8,1 millones; “Detección y Tratamiento de Enfermedades Endémicas” por $51,5 millones. La totalidad de los aumentos de esta jurisdicción se financian con fuente de financiamiento proveniente de crédito externo.
La naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
La Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del Honorable Congreso de la Nación, respecto de los DNU dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. El artículo 2° de dicha ley determina que la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación tiene competencia para pronunciarse respecto de los DNU, y según el Artículo 10 debe expedirse.
