Luego de haber previsto para el presupuesto 2015 un resultado financiero negativo que llegaría a los $49.624 millones, la estimación corregida presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas eleva el déficit esperado para el corriente año hasta los $138.730 millones, lo que representa el 2,6% del PIB.
No obstante, teniendo en cuenta que al 31 de agosto el resultado acumulado era negativo en $102.720 millones, que habitualmente los últimos meses del año suelen tener un nivel de ejecución mayor, y que nos encontramos en un año electoral, el resultado planteado aparece como de muy difícil cumplimiento, desglosa la Asociación Argentina de Presupuesto al analizar el proyecto de ley de presupuesto de la Administración Pública Nacional 2016.
Para 2016 también se calcula que el presupuesto tendrá un déficit fiscal, que en este caso alcanzará los $97.694 millones, equivalentes al 1,5% del PIB.
Como los intereses de la deuda pública están calculados en $103.521 millones, se estima que el resultado primario será superavitario en $5.827 millones, un 0,09% del PIB.
Para que se cumplan las previsiones explicitadas en el proyecto de Presupuesto, los ingresos deberían crecer un 21,0% y los gastos un 15,8%.
Estos valores implican una fuerte reversión de la tendencia registrada en los últimos años, en los cuales la tasa de expansión de los gastos ha sido consistentemente superior a la de los recursos y ambas han estado muy por encima de lo que se presenta para 2016.
A modo de ejemplo, en el período enero-agosto de 2015 los recursos han crecido a una tasa del 26,0%, mientras que los gastos lo han hecho a un ritmo del 34,1% ia.
Subestimación de gastos
Una vez más, el Proyecto de Ley de Presupuesto se ha presentado al Congreso en tiempo y forma.
Sin embargo, como ha venido ocurriendo a lo largo de toda la última década, existe una subestimación de los gastos, tal como se ve en las remuneraciones, los subsidios económicos y las partidas destinadas a la inversión pública, que distorsiona el resultado final e impide realizar un análisis efectivo de lo planteado en el proyecto presentado al Congreso.
No existen razones técnicas que justifiquen diferencias entre lo sancionado y lo ejecutado superiores al 30%, tal como ha venido ocurriendo, por lo que revertir esta conducta depende de una decisión política por parte de las autoridades encargadas del tema.
En ese sentido, el Presupuesto cumplirá con su rol de ser un instrumento de administración, y tal como está planteado permitirá que los diferentes organismos que conforman la Administración Nacional puedan organizar su gestión cotidiana.
Pero, al mismo tiempo, se debilitará su función de herramienta de programación económica y social, al impedir que se genere un debate serio y necesario sobre cuestiones que afectan a todos los ciudadanos, como la magnitud del déficit y los mecanismos de financiamiento y dejar a los agentes económicos sin una referencia indispensable para su toma de decisiones.
Supuestos macroeconómicos
El mensaje que acompaña al proyecto de Presupuesto 2016 prevé un crecimiento del PIB para este año de 2,3%, inferior al 2,8% que se había contemplado al momento de aprobarse el Presupuesto 2015.
Influyen en esa menor tasa de expansión las dificultades que presentan las economías de los principales socios comerciales de la Argentina, aunque compensadas por el dinamismo del mercado interno.
Para 2016 se espera un crecimiento mayor, que alcanzaría al 3,0%, basado en una mejora tanto de la inversión como del consumo interno y de las exportaciones.
Para los años subsiguientes se espera una estabilización de la tasa de crecimiento del producto en el 3,2%.
De acuerdo con el nuevo índice de precios nacional urbano (IPCNu) que implementara el INDEC a partir de enero de 2014, 2015 cerrará con una variación de precios del 15,4%, mientras que la tasa de inflación esperada para el año que viene se encuentra levemente por debajo de ese registro y llega al 14,5%.
Para los ejercicios subsiguientes se prevé continuar en esa línea con variaciones del 11,5% en 2017 y del 9,3% en 2018.
En lo que hace a la política cambiaria, se calcula una desaceleración en la suba del valor del dólar de aquí a 2018, a tono con la baja de la inflación antes mencionada, aunque manteniendo año a año una leve diferencia a favor de la depreciación de la moneda local, que se sitúa aproximadamente un 0,7% por encima de la suba de precios prevista para cada ejercicio.
Sin embargo, y dado que el gobierno afirma que el escenario externo se caracteriza por su volatilidad, en el Mensaje se advierte que “la administración prudencial de la política cambiaria, junto con las políticas de ingresos y de inversión pública, se utilizará de forma anticíclica para garantizar un escenario de estabilidad en la economía que dé lugar a una mejora en los niveles de empleo y los ingresos reales de la población”.
De esta manera, se abre la puerta a variaciones del tipo de cambio que excedan las expresadas en el Presupuesto, si las condiciones externas así lo requieren.
En el proyecto de presupuesto 2015 lo que se había planteado era que la política cambiaria buscaría “desacelerar la dinámica nominal de la economía”, anticipando que no se contemplaba una devaluación brusca del peso para este año.
Para este año se calcula un superávit comercial de $2.724 millones, muy por debajo de los $7.594 millones estimados originalmente. Sin embargo, en línea con la mejora de las exportaciones que se espera, el saldo comercial aumentaría hasta los $4.040 millones en 2016, para seguir subiendo hasta $6.045 millones en 2017 y $8.574 millones en 2018.
El martes 15 de septiembre, cumpliendo con lo establecido en la Ley 24.156, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el próximo ejercicio.
De esta manera, dentro del ciclo presupuestario, se cierra la etapa de formulación del Presupuesto, que se da fundamentalmente dentro del mismo Poder Ejecutivo y comienza la discusión parlamentaria, que tendrá su final con la transformación del proyecto en Ley por las dos cámaras del Congreso.
Esta etapa es de gran importancia, ya que aquí se abre la discusión presupuestaria a la sociedad. Todos los sectores con representación parlamentaria pueden consultar, opinar y debatir, enriqueciendo así la discusión sobre un tema central para todos los argentinos: qué bienes y servicios nos va a proveer el Estado y cuánto nos va a costar su financiamiento.
Si bien en los últimos años ha perdido fuerza y contenido el debate presupuestario, debido a la gran cantidad de modificaciones que se realizan desde el Poder Ejecutivo mediante Decretos de Necesidad y Urgencia y de Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete, pocas discusiones son más ricas en la vida cotidiana de un país, ya que allí se ponen de manifiesto las principales líneas de acción que guiarán la gestión pública, las prioridades de asignación de gastos y las formas de financiamiento que se adoptarán.
En esta oportunidad, teniendo en cuenta que este Presupuesto deberá ser ejecutado por una nueva administración, la discusión parlamentaria tendrá un rol más relevante, ya que seguramente el proyecto tendrá cambios antes de su sanción, para adecuarlo a las definiciones del nuevo gobierno.
