Hay un escollo pendiente: la famosa “ley cerrajo” aprobada por el Congreso el año pasado –una obra maestra de la perversidad a largo plazo del kirchnerismo entonces en el poder- que debe ser derogada. No será fácil. La negociación será ardua, pero nadie se suicida. Si el Estado nacional no recibe ingresos, no podrá girar nada a las provincias y los gobernadores peronistas necesitan esa ayuda como el sediento clama por agua. De modo que ni la grandielocuencia de Héctor Recalde, jefe de la bancada opositora, podrá al fin evitar la anulación de esa ley,
Con las declaraciones del Special Master Daniel Pollack respecto al acuerdo alcanzado entre el gobierno argentino y los fondos litigantes NML, Aurelius, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, el fin del juicio parece casi un hecho. Según Pollack, el arreglo con los principales litigantes implica un pago en efectivo y en dólares de US$ 4.653 millones a realizarse antes del 14 de abril (aunque la fecha es prorrogable), que supone una quita del 25% del monto establecido en el fallo de Griesa (la quita es sobre la sentencia, no sobre el capital) y resuelve un 85% de los reclamos incluidos en el fallo Pari Passu más los mee too (todavía ciertos acreedores no aceptan la propuesta, entre quienes se encuentran bonistas argentinos del grupo “Pablo Varela”).
Como explica muy bien el más reciente informe de la consultora Ecolatina, el acuerdo incluye el compromiso por parte de los fondos litigantes de no bloquear la emisión de deuda en los mercados financieros internacionales por parte del gobierno argentino, de manera tal de allanar su capacidad de obtener los fondos necesarios para el cumplimiento del arreglo. De esta manera, el Ministerio de Hacienda debería colocar deuda por aproximadamente US$ 12.000 millones para cumplir conjuntamente con los pagos del fallo global, con el resto de los litigantes sin fallo en firme y con la disputa en el CIADI (Argentina Task Force, con quienes se acordó un pago del 150% del capital original).
Asimismo, la resolución del conflicto determinará la liberación de los pagos de deuda performing retenidos por el fallo de Griesa (depositados pero no cobrados, y por ende contabilizados como reservas en las arcas del Banco Central), por un monto de US$ 2.800 millones. Si a esto se añade el resto de los servicios de deuda en situación regular a lo largo de 2016 (neta de rollovers con organismos internacionales), las necesidades financieras en divisas durante el corriente año ascienden a US$ 19.000 millones.
Moderar el ajuste
El cierre definitivo del litigio con los holdouts, -agrega Ecolatina- con la consecuente reapertura del financiamiento externo, es la piedra basal de la estrategia económica del gobierno para facilitar la transición hacia una economía normalizada.
Sin crédito internacional y con las fuentes de financiamiento domésticas agotadas (déficit fiscal primario de casi 4% del PBI, presión tributaria récord, y límites al financiamiento con emisión para no exacerbar la inflación), transitar un año de corrección del atraso cambiario y tarifario luce inviable sin generar una fuerte caída de la actividad económica. Dicho escenario choca de frente con las necesidades políticas del actual gobierno: apuntalar la gobernabilidad hacia las elecciones legislativas del próximo año.
En conclusión, lo que el gobierno busca con la reapertura del financiamiento externo es morigerar los costos recesivos/sociales de la transición. La pregunta del millón es cuánto crédito podrá tomar, a qué plazos y a qué costo. También será clave el cuándo, ya que afectará la dinámica del mercado cambiario: el ingreso de capitales puede calmar las presiones cambiarias observadas en las últimas semanas.
Desde ya, el cuánto (monto), el cuándo (plazos) y el precio (tasa) no serán prerrogativa exclusiva del gobierno, ya que dependerán también del contexto internacional (una eventual suba del riesgo sistémico operaría en contra de la estrategia oficial), la avidez de los mercados por “comprar” Argentina (trade-off entre riesgo y rendimiento) y los flujos de liquidez internacionales.
Pero hay cuestiones estructurales que dependen de decisiones internas. Por caso, la definición de qué fuentes de ingreso de divisas priorizar y, conectado a ello, a qué fin se destinará el financiamiento. El perfil de endeudamiento e inversiones de Argentina que defina el gobierno determinará en última instancia si la deuda se utilizará para promover la expansión de la producción, o simplemente para evitar la corrección de desequilibrios internos. El primer camino señalado potencia el crecimiento y la capacidad de repago de la deuda, mientras que el segundo financia un bienestar pasajero que podría terminar en una crisis si el financiamiento se interrumpiera.
Aunque el principal activo de la economía argentina es el bajo endeudamiento como porcentaje del PBI (especialmente externo), en tiempos de alta liquidez mundial exacerbar la colocación de deuda suele ser una tentación difícil de contener en el corto plazo. En ese punto radicará la pericia del gobierno para sentar las bases de un crecimiento sustentable, o volver a caer en una fiesta de endeudamiento con los consecuentes riesgos de generar una nueva crisis.
