Mientras tanto, la mandataria queda suspendida en el cargo por seis meses, o hasta que se apruebe su destitución –si no renuncia antes, como hizo en su momento Collor de Melo.
Entre tanto, el vicepresidente Michel Temer asumirá en forma interina y deberá poner en orden la casa. Nada sencillo. Una grave crisis económica, política y el escándalo por la corrupción en Petrobras, le dejan un país paralizado.
Es probable –dada su propia debilidad- que llame a un gobierno de unidad nacional con participación de todos los partidos. El déficit fiscal es terrorífico: equivale a 10% del PBI. El partido de Temer, el PMDB, auspicia una economía abierta, privatización, leyes laborales más flexibles y el final de las pensiones ajustadas por inflación.
Este programa puede ser ideal para inversionistas locales y extranjeros, pero no será fácil implementarlo. El nuevo mandatario no tiene mandato popular, el caso de Petrobras seguirá celosamente custodiado por la justicia y no tiene respaldo como para aplicar un programa económico de esta magnitud. Apenas para aplicar parches que reduzcan el gasto presupuestario.
Para colmo, la razón del juicio político a Dilma – manipular y disimular las cifras del gasto público- es la misma acusación formulada contra Temer. De modo que, en el futuro, él también podría ser sujeto de “impeachment”.
La recuperación de la economía brasileña parece, claramente, distante. Tal vez comience el año próximo.
