La iniciativa implicaba una reforma radical del actual sistema monetario del país, en el cual el Banco Nacional de Suiza emite billetes y monedas que sólo representan el 10 % de la masa monetaria que está en circulación. El resto consiste en “dinero escritural”, es decir que sólo existe en los libros contables y de forma electrónica en una cuenta bancaria.
La misma iniciativa proponía prohibir a los bancos privados crear dinero nuevo cuando otorgan préstamos, una medida que según sus promotores reduciría las posib ilicaces de una futura frisis financiera. Contra esa idea votó nada menos que 75,72% de la población. El argumento esgrimidoa fue que es un experimento injustificado con el sistema financiero suizo. El gobierno recomendó votar por el “no”.
Los bancos dan en todo el mundo mucho más crédito del dinero que realmente tienen. Con una pequeña cantidad depositada por un cliente prestan dinero a muchos más, lo que multiplica el dinero circulante. Mientras los clientes no reclamen todos a la vez la devolución de sus fondos, el sistema funciona.
En tiempos de crisis esto cambia, y a eso es a lo que querían hacer frente los defensores de la propuesta, cuyo objetivo era que los bancos sólo puedan otorgar préstamos basados en una suma equivalente que les haya otorgado el banco central o los depósitos de otros. La idea se enfrentaba a la amplia oposición de todos los mayores partidos del país, de las compañías y los bancos, que la consideraban dañina para la economía.
Simultáneamente y mediante el mismo referéndum apoyaron dar autorización a los casinos nacionales para trabajar con apuestas en línea. La ley sobre casinos habría sido apoyada por 75% de los votos según cifras provisorias del instituto GFS.
La ley sobre apuestas establece que los casinos suizos puedan ofrecer servicios en línea a la vez que se bloqueará el acceso de operadores extranjeros que no tengan una licencia en el país. El gobierno argumenta que las nuevas reglas garantizarán que las empresas de juego paguen impuestos en Suiza que reviertan en el bien común. Según tamaño, las instituciones tendrán que devolver hasta 80 por ciento de sus ganancias al Estado, con lo que se fomentarán proyectos sociales y se alimentará la caja de las pensiones.
