La calidad total en la organización industrial moderna se realiza en el proceso mismo de elaboración, y no en el producto final, lo
que trasladado a términos educativos implica superar un problema complejo: la desarticulación entre los niveles secundarios y
universitarios, señala el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Delich, en su ponencia en el foro auspiciado por
la Unión Industrial Argentina sobre el estado de la educación superior en la Argentina.
Delich subraya, también, la necesidad de privilegiar una actitud evaluativa antes que un comportamiento que denomina
corporativo: “Un peligroso corporativismo privilegia los intereses particulares de cada actor por encima de las exigencias y
necesidades institucionales. La autonomía universitaria imprescindible para frenar el arbitrio del poder estatal sobre la
evolución académica se fisura en su interior cuando se transforma en privilegio de malos o mediocres políticos, malos o
mediocres docentes”.
Emilio Mignone, investigador y docente de posgrado en política y gestión de la educación superior en el Centro de Estudios
Avanzados de la UBA, sostiene que la evaluación requerida tiene que ser interna y externa, cuantitativa y cualitativa, del
proceso y del producto.
Juzgar los Resultados
Mignone explica que “la evaluación debe involucrar el proceso de la enseñanza, la investigación, la gestión, la extensión,
los servicios, la vinculación con el medio, el bienestar estudiantil, es decir, el proceso. Pero también el producto, es decir, el
nivel de egresados, su inserción en el medio, su actividad científica, profesional y al servicio de la comunidad”. Un
ingrediente importante acerca de la evaluación es la publicidad de las evaluaciones, que garantiza la transparencia del
proceso y alerta a todos los sectores sobre la situación de cada entidad.
Ante el interrogante de quién o quiénes podrían efectuar o al menos coordinar la evaluación exterior, Mignone apela a la
experiencia internacional para señalar que no debe ser hecha por el Ministerio de Educación ni por ningún otro órgano del
Poder Ejecutivo y menos todavía por aquellos a quienes corresponde la asignación de fondos. Los sistemas posibles, según
el investigador, sería confiar en el caso de la evaluación institucional a las asociaciones voluntarias integradas a las
universidades, en este caso el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas
(CRUP).
El resultado del sistema evaluativo incidiría directamente en la asignación de recursos financieros por parte del Estado, una
práctica habitual en Europa, Estados Unidos y varios países de América latina.
Finalmente, un aspecto que en la Argentina todavía está sin resolver es la separación del título académico de la habilitación
profesional, algo que para Mignone debe darse “con criterio restrictivo sólo para las profesiones vinculadas con la salud, la
seguridad y los bienes de los habitantes, y cuyo ejercicio se encuentre regulado por el Estado. Las restantes, que son la
mayoría, no tienen por qué recibir ningún tipo de habilitación profesional ni de incumbencias”.