El año que acaba de concluir tuvo rasgos singulares en
muchos aspectos. Se consolidaron las AFJP y el sistema financiero. El
gobierno, finalmente, pudo poner en funcionamiento el nuevo sistema
de cobertura de accidentes laborales, que a través de las ART
(Administradoras de Riesgo del Trabajo) apunta a corregir el clima de
inseguridad que las empresas enfrentaban en este campo, derivada de
las desproporcionadas indemnizaciones (la llamada industria del
juicio) que debieron enfrentar durante mucho tiempo y que en algunos
casos culminaron con quiebras de las organizaciones involucradas.
A fines de noviembre, las ART cubrían a casi 3 millones de
trabajadores frente a un total de 4 millones de personas que
constituyen la población económicamente activa. Lo que
indica que, a partir de este año, deberían aumentar en
más de 30% su cobertura.
Las ART recibirán su primera prueba de fuego en 1997; desde
enero sus empresas-clientes estarán en condiciones de cambiar
de entidad, lo que traerá aparejada una nueva puja comercial,
en momentos en que posiblemente deban enfrentar una mayor tasa
siniestral si se confirma la recuperación de la actividad
económica y las empresas deciden fomentar las horas extras en
lugar de incorporar nuevo personal.
Si bien es todavía muy prematuro anticipar los resultados
operativos de las ART (iniciaron las actividades a partir del 1º
de julio), todo indica que la rentabilidad del primer año
será muy magra, con tendencia, en muchos casos, a mostrar
abultadas cifras en rojo, por la brusca disminución de las
tarifas que originó la feroz competencia durante el
período de afiliación.
Esto hace pensar que a partir de 1997 las primas deberían
subir radualmente para evitar que siga acentuándose el
deterioro económico y financiero de las ART, lo que
atentaría contra la calidad del servicio que prestan, con el
consiguiente deterioro social de los sectores afectados.
Lenta convalecencia
En lo que respecta a los seguros, el sector siguió
exhibiendo las características de crisis de los años
anteriores, originada por la brusca caída de la actividad
económica de 1995 y la lenta e irregular recuperación
de 1996. A ello hubo que sumar la actitud restrictiva que
continuó manteniendo el Inder con respecto al pago de los
siniestros correspondientes a las empresas que en su momento se
reaseguraron en el organismo.
La situación parecía tender a regularizarse
después del anuncio, formulado el miércoles 23 de
octubre por el presidente Menem, de que el Inder quedaría
totalmente liquidado en un plazo máximo de tres meses.
Sin embargo, el anuncio presidencial no resultó de
fácil instrumentación debido a la complicada
maraña administrativa y judicial que rodea a la materia.
A ello se agrega que el accidentado proceso que caracterizó al
relevo del interventor Roberto Guzmán: el primer candidato a
reemplazarlo, Víctor Naymark, designado por el ministro de
Economía, Roque Fernández, no llegó a asumir sus
funciones cuando se reveló que pesaban sobre él
diversos pedidos de quiebra y había sido inhabilitado por el
Banco Central para operar en el sistema financiero.
La premura con la que actuó el Ministerio de Economía
en este asunto revela las fuertes presiones por parte de las empresas
para que el Inder regularizara la situación, a lo que se
agrega la intención de los legisladores de transferir a la
Tesorería los fondos que el Inder tenía acumulados en
sus arcas, y que, según lo informó MERCADO en la
edición de noviembre, superaban $ 310 millones.
Por esa vía los legisladores pretendían obtener
recursos para paliar el déficit fiscal. Para ello, las deudas
que el Inder mantenía con las empresas serían
canceladas mediante una nueva emisión de bonos que los
beneficiarios se mostraron poco interesados en recibir.
Si bien el Inder finalmente logró sortear la embestida de los
legisladores y retener esos fondos, la situación legal del
organismo todavía es incierta y recién para junio o
julio la liquidación total podría quedar resuelta.
El nuevo (y no cuestionado) liquidador, Daniel Di Nucci,
asumió el compromiso de abonar en estos días la deuda
exigible con las empresas hasta el 30 de noviembre, que superaba $
210 millones. Pero las compañías no recibieron la
totalidad de ese importe. Debieron dejar en garantía 30% de la
suma, que recién percibirán despues que las cifras
abonadas resulten verificadas y aprobadas por los organismos de
control gubernamentales.
Si después de esta decisión oficial el Inder entra, por
fin, en su etapa definitiva de liquidación, se habrá
dado un paso muy importante en la recuperación y en la
transparencia del sector, aunque no todas las culpas que se achacan
al organismo son reales; en la crisis que atraviesan muchas empresas,
la responsabilidad recae directamente en sus fallas de
conducción.
El corte definitivo que el gobierno tiene previsto dar al conflicto
del Inder contribuirá también a atenuar las
críticas de quienes sostenían que con la continuidad en
las condiciones en que venía desarrollando sus actividades
parecía revelar que el Estado evadía sus compromisos.
Un negocio de 9.000 millones
Por el flanco de las AFJP, la situación exhibió un
desarrollo más armónico; no hubo conflictos graves que
afectaran la normal evolución de las operaciones en este
ámbito.
El sistema viene recoletando mensualmente entre $ 250 y $ 270
millones. Finalizó el año con una cartera global
ligeramente superior a los $ 5.300 millones, un nivel que ya comienza
a reflejar la verdadera dimensión que estas entidades
tendrán dentro del mercado financiero institucionalizado.
Si se cumplen las estimaciones de los economistas, en el sentido de
que el año próximo se caracterizará por un mayor
grado de actividad económica, y si se registra el aumento de
la relación entre afiliados y aportantes reales, podría
estimarse que en 1997 las AFJP terminarán con una cartera de
inversiones de $ 9.000 millones, a los que deberían
adicionarse $ 1.000 millones en concepto de intereses. (Este
cálculo se realizó computando una renta anual de 15%
sobre los saldos mensuales acumulados.)
Los pronósticos de los economistas indican que a fines de 1997
el PBI se situará entre $ 310.000 y 315.000 millones; la
gravitación de las carteras de las AFJP sobre ese total
alcanzará a 3,2% y probablemente equiparen el nivel de
depósitos que para esa fecha tendrá el principal banco
del país.
A fines de agosto los depósitos del Banco Nación
sumaban $ 7.488 millones y las previsiones indican que, si no hay
circunstancias especiales, se elevarán a $ 10.000 millones al
concluir 1997.
El gobierno figurará entre los principales beneficiarios de la
expansión de la cartera de las AFJP: tendrá la
posibilidad de colocar mayores emisiones de títulos. Los
operadores financieros (bancos y mercado accionario) también
resultarán beneficiados, lo mismo que las empresas, que
tendrán por primera vez en la historia del país la
oportunidad de acceder a préstamos de largo plazo a
través de inversores institucionales locales.
Los que aparentemente soportarán restricciones para captar
inversiones de las AFJP serán los Fondos Comunes de
Inversión (FCI), que en 1996 se constituyeron en la vedette
del mercado, al finalizar el año con una cartera conjunta
superior a $ 1.750 millones.
La Superintendencia que nuclea a las AFJP, a través de la
Resolución 721, del 18 de octubre, les impuso a esas entidades
limitaciones a las inversiones que realizan en los FCI, al establecer
la obligación de adquirir únicamente cuotas partes de
los fondos cuyas carteras se encuentren constituidas
únicamente por títulos que cuenten con el valor
mínimo de calificación exigido por esa
Superintendencia.
Según la Cámara que nuclea a los FCI, esta medida no
beneficia a nadie. Los directivos de la entidad se preguntan si el
motivo es evitar que por esta vía las AFJP adquieran en forma
indirecta títulos y valores que no pueden comprar
directamente. ¿Cuál es la diferencia para aceptar que
adquieran acciones de empresas calificadas, cuyo management puede
adquirir cualquier activo financiero no permitido para una AFJP?
Responder a este interrogante, sostienen, no es fácil,
especialmente si se considera que los FCI se encuentran regulados por
un organismo oficial, como la Comisión Nacional de
Valores.
La Cámara de los FCI sostiene también que la medida
tampoco ayuda a mejorar la rentabilidad del capital administrado por
las AFJP. Por el contrario, argumenta, disminuye la posibilidad y
eficiencia de las entidades previsionales, al obligarlas a derivar
muchos recursos humanos y económicos para realizar tareas de
investigación, cuando ese esfuerzo y esa inversión son
efectuados desde hace años por las sociedades gerentes que
administran los FCI.
El mercado inmobiliario será otro de los favorecidos por la
abundancia de fondos que dispondrán las AFJP. A través
de la securitización de la cartera hipotecaria de los bancos,
las entidades previsionales estarán en condiciones de inyectar
al mercado inmobiliario fondos adicionales para la
construcción y compra de nuevas viviendas.
Si bien desde el punto de vista de los afiliados las rentas obtenidas
por las AFJP fueron muy elevadas (en 1996 rondaron 21% anual), no
ocurrió lo mismo con los resultados de las empresas
administradoras de esos organismos, que en los ejercicios finalizados
el 30 de junio último soportaron un quebranto conjunto de $
11,4 millones.
Sin embargo, hubo excepciones. Las que exhibieron mayores niveles de
ganancias fueron Consolidar ($ 17,4 millones) y Máxima ($ 13,6
millones). Después se ubicaron Generar, con $ 3,7 millones, y
Siembra, con $ 3,3 millones.
Por el lado opuesto, se destaca Más Vida, con un quebranto de
$ 10,9 millones, y Activa Anticipar, con $ 7 millones.
A fines de 1996 las AFJP terminaron con una cartera accionaria
cercana a $ 900 millones, que contrasta notablemente con la que
poseen los Fondos Comunes de Inversión, que se mantiene, con
oscilaciones, por debajo de los $ 150 millones.
Las inversiones que a fines de 1997 las AFJP habrán volcado al
mercado accionario no serían inferiores a $ 1.500 millones,
que pasarían a constituir una base de sustentación muy
importante para toda la plaza bursátil. Esas inversiones
están destinadas a perdurar por mucho tiempo dentro del
patrimonio de esas entidades. En consecuencia, permitirán que
el mercado reduzca la gran volatilidad que lo caracterizó en
épocas anteriores, al margen del mayor grado de seguridad que
significará para los inversores del exterior la existencia en
el país de inversores institucionales de la envergadura que
con el tiempo adquirirán las AFJP.
La hora de las fusiones
En 1997 el mercado financiero se destacará también
por la continuación de la profunda reestructuración que
lo tuvo como protagonista en los últimos años.
Consolidará, de esa forma, los enormes avances registrados en
1996 con respecto a la banca oficial provincial.
Sin embargo, y a pesar de lo que algunos analistas suponen, la
transformación incluirá también,
inexorablemente, a los grandes bancos nacionales, que no
podrán sustraerse a este proceso.
Para no perder posiciones, deberán participar de nuevas
fusiones y, a partir de la consolidación de sus nuevas
estructuras, proyectarse hacia el exterior. Este proceso se
dará fundamentalmente a través del Mercosur, abriendo
sucursales en la región o comprando bancos de esos
países, que le permitan acceder a una participación
más directa en los nuevos mercados.
Siguiendo este análisis, Juan José Ezama, directivo del
Banco República, pronostica que el país entra en una
etapa en la que las fusiones y absorciones serán la nota
sobresaliente del mercado financiero en los próximos
años. Para el 2000, pronostica, quedarán en todo el
sistema entre 40 y 70 bancos, “aunque me inclino más por
la primera cifra que por la segunda”.
De acuerdo con este pronóstico, desaparecerán
más de 90 entidades, lo que arroja un promedio de casi dos por
mes hasta el año 2000. Esto equivale a vaticinar que para esa
fecha difícilmente queden en el mercado entidades con un nivel
de depósitos inferior a $ 1.000 millones.
Al 31 de agosto último, solamente 13 entidades superaban esa
cifra y nueve exhibían volúmenes de depósitos
que oscilaban entre $ 500 y $ 1.000 millones.
L. G.