El proceso privatizador, la racionalización encarada dentro
de la estructura del Estado -y su consiguiente retiro de algunas
áreas vitales- sumado al creciente protagonismo que ganaron
las empresas, abonaron el terreno para que muchas
compañías nacionales decidieran, en los últimos
años, asumir un compromiso más activo en su
vinculación con la sociedad.
Una de las vías transitadas por los principales grupos
empresarios del país para redefinir esa relación con su
entorno social asumió la forma jurídica de las
fundaciones. (Arcor, Bemberg, Bunge y Born, Juan Minetti,
Pérez Companc e YPF son ejemplos conocidos). Definidas como
entidades sin fines de lucro y generalmente financiadas con el aporte
de un porcentaje de las utilidades obtenidas por las
compañías que decidieron su creación, estas
organizaciones se proponen aplicar a la acción
filantrópica la lógica de planificación,
racionalidad en el empleo de los recursos y profesionalismo que
guía la gestión de la empresa-madre.
Su estrategia suele estar dirigida a convertir la donación
aislada en un proceso de promoción social que, sostenido en el
tiempo, contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la
sociedad -local, regional o nacional- en la que actúan. Pero
también -aunque en la mayoría de los casos no se admita
abiertamente- buscan generar en la comunidad una mejor imagen de los
grupos empresarios que les dan su nombre y aportan los fondos con que
sostienen sus programas de actividades.
Para Mario Roitter, investigador del Centro de Estudios de Estado
y Sociedad (Cedes), es difícil explicar el fenómeno del
auge y consolidación de las fundaciones empresarias desde una
única perspectiva, “porque en él convergen muchas
causas: por un lado, la demanda de la sociedad civil y sus
organizaciones por lograr que las empresas asuman un nuevo compromiso
social, distinto del histórico compromiso económico que
sólo las instalaba como productoras de bienes y servicios o
generadoras de empleo. Pero también se suman la
extensión del pensamiento empresario al área de las
relaciones institucionales, la generación de beneficios para
los propios empleados y sus familias, o la fuerte exposición
pública a la que algunas empresas -en especial, las que se
hicieron cargo de los servicios públicos privatizados- deben
hacer frente. Esas compañías, que tienen millones de
consumidores, deben comenzar a adoptar una actitud proactiva, y no
reactiva, en su relación con la sociedad”.
Demasiado lejos de Malasia
Algunas siguen la tradición de aportantes de donaciones de
las compañías que les dieron origen, con lo que
conservan un sesgo asistencialista. A otras las moviliza el nuevo
papel de promotoras sociales que se proponen jugar frente a la
comunidad, de la que esperan obtener el reconocimiento de “actores
sociales responsables”. Pueden concentrar su acción en una
única área, o tratar de extenderse a una variedad de
terrenos. Algunas optan por atomizar su ayuda -una elevada cantidad
de subsidios de montos reducidos- y otras se concentran en pocas
acciones, pero importantes.
Lo cierto es que, a la hora de definir las razones que las
impulsan a crear sus propias fundaciones y definir un campo de
acción, las respuestas que se obtienen de las empresas son
tantas como el número de entidades existentes. “Esas
motivaciones tienen que ver con el perfil del grupo empresario, los
objetivos que persigue y los valores que pone en juego al decidir
asumir un compromiso social más activo”, explica Ricardo
Ferraro, director ejecutivo de la Fundación YPF que, creada a
fines de 1996, concentra sus actividades en los temas educativos.
“Nos movemos en un modelo económico en el que la
educación es un valor cada vez más crítico y
decisivo, y creemos que en esa área hay una tarea importante
por desarrollar. Un país como Malasia, por ejemplo, cuenta con
programas para enviar cada año a unos 20.000 graduados a
cursar estudios de posgrado en universidades de Estados Unidos y
Europa occidental. En la Argentina no llegamos a los 500. Es
fácil deducir qué diferencias, a nivel de
competitividad, pueden llegar a establecerse entre una y otra
sociedad en un período de cinco a diez años”, opina
Ferraro.
Hasta ahora, la Fundación YPF encaró tres
actividades. La primera -el Programa de Becas de Posgrado José
Estenssoro- renueva una convocatoria lanzada el año pasado por
la empresa, que habilitó a 13 graduados nacionales a cursar
estudios en universidades del exterior. Para 1997, el programa se
amplió: los beneficiarios de la beca serán 20, y cada
uno de ellos recibirá US$ 40.000 para costear los gastos que
demande su perfeccionamiento académico.
Las otras dos actividades se orientan a financiar proyectos que,
seleccionados por concurso, promuevan innovaciones en materia de
educación general básica y media y el mejoramiento de
las acciones de museos e instituciones culturales orientadas al
público que favorezcan el acceso al patrimonio cultural.
Laboratorios sociales
Además de la necesidad de redefinir su función
-convertirse en agentes promotores del desarrollo social- las
fundaciones intentan profesionalizar sus actividades para
coordinarlas con las que llevan a cabo los poderes públicos y
el resto de las instituciones que componen el denominado tercer
sector -fundamentalmente organizaciones no gubernamentales- con las
que comparten el trabajo solidario en las comunidades y un accionar
que no persigue la obtención de utilidades.
Luis Ulla, gerente de la Fundación Arcor, afirma que la
decisión adoptada por el directorio de la empresa en 1991 de
crear una organización que se ocupara de su acción
filantrópica “tuvo que ver con devolver a la comunidad parte
de aquello que permitió al grupo echar raíces y crecer.
La estabilidad y una economía con reglas de juego más
claras permitieron el crecimiento de las empresas. Y así como
el entorno económico favoreció ese desarrollo, muchas
compañías argentinas creemos que nuestra respuesta debe
orientarse a consolidar un entorno social para que también la
gente mejore su situación”.
La Fundación Arcor concentra sus tareas en el fomento y
subsidio de proyectos vinculados con las áreas de la
educación -a través del padrinazgo de escuelas de
frontera- la prevención de la salud y la nutrición
infantil, y la integración y capacitación laboral de
discapacitados.
En opinión de Ulla, “las fundaciones no debemos tratar de
reemplazar al Estado en las funciones que le son propias, sino actuar
como pioneras, como líderes en la búsqueda de nuevos
caminos para la solución de viejos problemas, asumiendo la
capacidad de riesgo que el sector privado pone cotidianamente en sus
actividades. Nuestro papel está más en financiar el
ensayo de nuevos enfoques y metodologías para iniciar procesos
de cambio, probar, evaluar y comprobar que existen vías
alternativas a las que proponen las políticas sociales para
dar solución a demandas que llevan larga data”.
Alicia Rolando de Serra, gerenta de la Fundación Juan
Minetti, coincide con la apreciación: “Dentro de este nuevo
entorno económico, el Estado conserva responsabilidades que
son indelegables -la educación, la salud, la justicia, la
seguridad-, pero además debe ayudar a crear las condiciones
para que se desarrolle un sector de la sociedad civil fuerte, que
aporte alternativas de solución a las demandas sociales y con
el cual pueda coordinar actividades”.
Para las fundaciones de empresas, Rolando de Serra concibe una
función que, asegura, “debe concertarse junto al resto de los
actores sociales. Nuestro criterio es tratar de apoyar el desarrollo
y la consolidación del papel que juegan las instituciones
intermedias sin fines de lucro en el presente de la Argentina. Nos
interesa financiar proyectos de organizaciones que trabajan en la
prevención de aspectos que tocan directamente a poblaciones de
riesgo, y ver cómo es posible articular los recursos propios
-siempre escasos- con los de otros actores, públicos o
privados, de modo de garantizar un efecto mayor de los proyectos
desarrollados junto a esas poblaciones”.
Sellos de goma
Se estima que, actualmente, existen en la Argentina más de
3.000 organizaciones que se arrogan el título de fundaciones.
“Pero dentro de ese conjunto, sólo 30 -una cifra equivalente a
1% del total- son las que, con su accionar, responden a la
concepción original de la palabra: una organización que
cuenta con recursos propios para llevar a cabo alguna acción
en beneficio de la comunidad. El resto arma una estructura destinada
a recaudar -y no a dar-, desvirtuando las buenas intenciones de
quienes intentan trabajar seriamente y con transparencia”, apunta
Andrés Thompson, director de Programas de la Fundación
Kellogg para América Latina y el Caribe.
La ventaja que suelen explotar las organizaciones que encubren sus
actividades bajo la pantalla de una fundación es la
exención del pago de impuestos. Por ser organizaciones sin
fines de lucro, la legislación las libera de cualquier carga
impositiva. De esa forma, algunas empresas de medicina privada
llegaron a montar fundaciones para ingresar al país
equipamiento médico costoso, que luego era donado a esas
mismas empresas.
La artimaña -que se multiplicaba en un sinnúmero de
actividades- llevó al Estado a rever las condiciones en que
los fondos invertidos por las empresas en filantropía eran
deducibles de sus balances impositivos. Antiguamente, el total del
dinero que las empresas donaban a entidades de bien público
-entre ellas, a sus propias fundaciones- estaba exento del pago de
tributos. Luego se estableció la eximición sobre la
totalidad de esos fondos, siempre y cuando no superaran la barrera de
20% de las utilidades de la empresa donante. Posteriormente, ese
límite se bajó a 15%, hasta llegar al que rige
actualmente, que fue fijado en 5%.
Finalmente, una ley sancionada en 1995 -la 24.475-
estableció que esas deducciones fueran limitadas al
contribuyente -persona física o jurídica- que hiciera
donaciones directas a instituciones encargadas de prestar asistencia
médica, atención a minusválidos o a la
niñez.
“De esta forma, si cualquier empresa -pongamos por caso la
Cervecería Quilmes- dona equipamiento a un hospital, ese
aporte es deducible de su balance impositivo. Pero si transfiere esos
recursos a la Fundación Bemberg para que ésta se
encargue de llevar a cabo la donación al mismo hospital, los
fondos no están liberados del pago de impuestos. El criterio
no se entiende. Por eso, el año pasado, junto al Grupo de
Fundaciones -un agrupamiento que nuclea a las fundaciones Arcor,
Antorchas, Bemberg, Bunge y Born, Kellogg, Juan Minetti y Navarro
Viola- hicimos una presentación ante la Secretaría de
Hacienda para solicitar que se rectifique el sistema. Pero hasta
ahora no obtuvimos respuesta”, señala Horacio García
Belsunce, presidente de la Fundación Bemberg.
Aunque desde las fundaciones empresarias admiten que el momento
por el que atraviesan las finanzas públicas no permite al
gobierno restar ningún ingreso del presupuesto, no dudan en
afirmar que el cambio en la legislación obstaculiza y
desalienta la voluntad de las empresas de destinar mayores fondos
para el financiamiento de las actividades de sus fundaciones:
impuestos mediante, ser solidarios a través de ellas les
resulta 33% más caro.
Fondos y datos escasos
Si bien en los últimos años las fundaciones de
empresas han ganado un espacio destacado en el financiamiento de
proyectos orientados a la promoción y asistencia social, los
fondos que manejan para llevar a cabo sus acciones todavía
resultan escasos. Se calcula que las principales fundaciones
empresarias que actúan en el país movilizan anualmente
unos US$ 45 millones para financiar sus programas de actividades. Si
a eso se le suma el aporte directo de las empresas, que se
materializa en donaciones realizadas fuera del ámbito de las
fundaciones, la cifra puede llegar a rondar los US$ 80 millones al
año.
Por otra parte, el desarrollo de fundaciones empresarias parece
estar limitado, hasta ahora, a los grandes grupos nacionales. Ni las
empresas medianas y pequeñas, ni las grandes
compañías multinacionales que tienen presencia en el
país -salvo escasas excepciones- han creado entidades para
extender su acción a la ayuda social.
Según un relevamiento efectuado por la oficina local del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
activismo filantrópico en el país se caracteriza por
una baja tendencia a la institucionalización: sólo 15%
de las empresas argentinas que ocupan los 100 primeros lugares en el
ranking de ventas de MERCADO ha dado lugar al nacimiento de una
fundación. Si se considera a las 1.000 empresas que más
facturan en el país, esa tasa desciende hasta llegar a 2,5%.
Para María Luisa Herrera Vegas, secretaria general de la
Fundación Bunge y Born, “podría crecer el número
de empresas argentinas que comienza a actuar en el área de la
promoción social a través de fundaciones. Desde hace un
año y medio, siete fundaciones tratamos de promover, desde el
Grupo de Fundaciones, la asunción de una responsabilidad
social por parte de las empresas. Queremos brindar transparencia al
manejo de los fondos, profesionalizar el trabajo y desarrollar
alianzas que permitan el financiamiento conjunto de programas.
Decidimos agruparnos porque creemos que es necesario actuar juntos
frente a los poderes públicos para que éstos generen
las condiciones necesarias para el desarrollo del trabajo de las
fundaciones existentes y otorguen alicientes para el nacimiento de
otras nuevas”.
La clave, según Herrera Vegas, “es coordinar los esfuerzos
que realizan los sectores público y privado. En nuestro
país faltan muchos datos, y eso lleva a que la mayoría
de las veces las cosas se hagan mal, porque se duplican acciones y se
malgastan los recursos existentes. En la medida en que los actores
públicos y privados conozcan más unos de otros,
podremos lograr que esos esfuerzos sean más eficientes y
eficaces”.
Mario Benechi