La Corte de Apelaciones del 2do Circuito de Manhattan anuló la sentencia que obligaba a la República Argentina a pagar más de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. El fallo dejó sin efecto la decisión de la jueza Loretta Preska, que beneficiaba a los fondos Petersen y Eton Park, y reconfiguró el frente financiero asociado al litigio.
El argumento central del tribunal se concentró en la jurisdicción. Los jueces cuestionaron que el caso se tramitara en tribunales estadounidenses, al señalar que los hechos ocurrieron en Argentina y bajo leyes argentinas. Con esa base, la Cámara resolvió la anulación de la sentencia y desactivó una contingencia que, con intereses acumulados, ya rozaba los US$ 18.000 millones.
La dimensión fiscal del caso quedó reflejada en la comparación con las reservas internacionales. El monto total, con intereses, equivalía a casi la mitad de las reservas brutas actuales del BCRA. La eliminación de esa contingencia del balance nacional mejora la solvencia del Estado, en un contexto de seguimiento estrecho de la sostenibilidad de la deuda y de la capacidad de pago del sector público.
En el plano corporativo y bursátil, el impacto más inmediato se observó en Burford Capital, firma especializada en financiamiento de litigios que respaldó la demanda y esperaba cobrar la mayor parte del premio. Tras conocerse la noticia, sus acciones se desplomaron 47% en las bolsas de Londres y Nueva York. El juicio por YPF era su principal activo y el mercado no tenía incorporada una derrota de esa magnitud.
La reacción en los activos vinculados a la petrolera también se reflejó en Wall Street. Los ADR de YPF subieron 2% de forma inmediata y acumularon un alza de 23% en lo que va de marzo. El análisis remarcó que no se trataba de un fallo que pesara sobre la compañía, aunque en el pasado le generó volatilidad.
El cambio de escenario también se trasladó al riesgo país, indicador que mide el sobrecosto de financiamiento de un soberano frente a la tasa de referencia. Con la desaparición de la amenaza de embargos y pagos inminentes, se espera que el riesgo país —que venía presionando los 600 puntos— inicie un proceso de compresión, con mejora en el perfil de los bonos soberanos.
Aunque los demandantes aún pueden intentar una última instancia ante la Corte Suprema de EE. UU., el fallo de Cámara dejó como dato central la remoción de un pasivo potencial de magnitud para las cuentas públicas y para el pricing de los activos argentinos.
