Greenpeace planteó que el Congreso habilitará la exposición oral de solo 200 personas en la audiencia pública convocada por el debate de la reforma de la Ley de Glaciares, pese a que se registraron más de 85.000 inscriptos. La organización vinculó esa decisión con el alcance del tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados, al señalar que el proyecto pone bajo discusión reservas hídricas consideradas estratégicas.
El planteo se formuló en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Glaciares, el 21 de marzo, y el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. En ese contexto, Greenpeace sostuvo que los cuerpos de hielo y el ambiente periglacial constituyen reservas de agua dulce y que la reforma de la Ley de Glaciares vigente los expone a riesgos. El proyecto ya obtuvo media sanción del Senado.
Agostina Rossi Serra, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Argentina y licenciada en Ciencias Biológicas, afirmó: “Lo que está en juego en el Congreso es la seguridad hídrica de Argentina”. En la misma línea, agregó que “los diputados tienen la oportunidad de revertir la decisión de avanzar con una reforma regresiva”.
La entidad también destacó el volumen de participación ciudadana que despertó el debate. De acuerdo con sus registros, más de 85.000 personas se inscribieron para intervenir en la audiencia pública, una cifra que describió como récord y que equiparó con “llenar un estadio de fútbol”. Sin embargo, precisó que las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja resolvieron limitar a 200 los participantes con posibilidad de exponer de manera oral.
Rossi Serra cuestionó el recorte de oradores y apuntó a su impacto sobre los mecanismos de participación pública: “Es insólito que se haya decidido coartar la participación de la sociedad en la discusión por la reforma a la Ley de Glaciares”. También sostuvo: “Más de 85.000 se inscribieron, en lo que es un registro histórico para este tipo de instancias”.
Greenpeace añadió que la audiencia quedó acotada a solo dos jornadas y que, con el criterio definido, la participación efectiva alcanzaría al 0,2% de los inscriptos, lo que deja afuera al 99,8% de los interesados. Para la organización, la medida “degrada el sentido democrático” de la instancia y supone una vulneración de compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú.
En su argumentación, Greenpeace recordó que la Ley 26.639 protege fuentes de agua cuyo daño afectaría a más de siete millones de personas de forma directa y comprometería a 36 cuencas hídricas interprovinciales. En paralelo al debate sobre glaciares, la organización sumó que el gobierno nacional y algunas provincias pretenden modificar de forma regresiva la Ley de Bosques y advirtió que promover el debilitamiento de ambas normas para facilitar “el avance destructivo” resulta inconstitucional.
