La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC) presentaron una medida cautelar urgente ante la Justicia Federal para garantizar la participación efectiva de la ciudadanía en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados, en el marco del debate por la reforma de la Ley de Glaciares. La acción sumó la adhesión de miembros de asambleas ciudadanas socioambientales de Santa Fe, Mendoza y San Juan.
El planteo apunta a que todas las personas inscriptas puedan intervenir de manera oral y sincrónica, ya sea en forma presencial o virtual. También solicita la designación de veedores judiciales para supervisar el desarrollo de las jornadas previstas para el 25 y 26 de marzo, en ambas modalidades. A la vez, pide que se establezca un cronograma de audiencias públicas que garantice el principio de oralidad y una participación social “integral y efectiva” de la totalidad de las personas inscriptas antes del trámite parlamentario y el debate en el recinto.
El reclamo se apoya en estándares legales vigentes, entre ellos el derecho constitucional a un ambiente sano y compromisos asumidos por el Estado argentino, en particular a través del Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente. En ese marco, las organizaciones plantean que el diseño de la audiencia pública no constituye un aspecto accesorio, sino una condición para el ejercicio de derechos vinculados a la participación ciudadana en asuntos ambientales.
Uno de los ejes del cuestionamiento es la decisión de las autoridades de las comisiones intervinientes de limitar la participación a la presentación de videos grabados y publicados en una plataforma privada y comercial. Para las organizaciones, ese cambio altera las condiciones originales de la convocatoria y restringe el derecho a participar, al modificar el formato bajo el cual miles de personas se inscribieron. Además, sostienen que es previsible una reducción adicional de intervenciones efectivas, dado que no todas las personas que no puedan participar en los días previstos enviarán sus presentaciones en video.
La medida judicial advierte que, con una audiencia limitada a dos días, solo una proporción mínima de las más de 85.000 personas inscriptas podría participar. La estimación presentada indica que ese plazo permitiría la intervención de aproximadamente 200 personas, menos de 0,3% del total, lo que “desnaturaliza el mecanismo de audiencia pública y vacía de contenido el proceso participativo”.
“La magnitud de la participación ciudadana refleja el interés público en el debate sobre una norma clave para la protección de los glaciares y el acceso al agua. Este proceso debe estar a la altura de ese interés y garantizar condiciones reales de participación”, señalaron desde las organizaciones.
Entre los puntos solicitados a la Justicia figuran garantizar la participación oral, ampliar la duración o cantidad de audiencias, evitar mecanismos que restrinjan el acceso a la palabra y asegurar principios de publicidad, transparencia y participación efectiva. También advirtieron que avanzar con el tratamiento legislativo sin esas condiciones podría afectar la validez del proceso y vulnerar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
