El derrumbe de Terra fue, desde el inicio, un experimento con promesa de estabilidad y diseño frágil. UST buscaba sostener la paridad 1 a 1 con el dólar no mediante reservas equivalentes, sino a través de un mecanismo de arbitraje con su token “hermano”, LUNA. Cuando UST caía por debajo de US$ 1, el sistema incentivaba convertir UST en LUNA; cuando subía, operaba a la inversa. En teoría, el mercado haría el trabajo de estabilización. En la práctica, cuando la confianza se quiebra, el diseño tiende a amplificar la corrida. 
La arquitectura creció sobre un motor adicional: Anchor, un protocolo que ofrecía rendimientos altos para quienes depositaran UST. Ese incentivo, financiado en parte por subsidios, atrajo liquidez y multiplicó la exposición minorista global. El éxito aparente del ecosistema convirtió a Terra en una pieza central del auge 2020-2021. Pero también concentró riesgo: si el “depósito” (UST) se volvía dudoso, el retiro masivo era previsible.
Mayo de 2022: el quiebre del ancla y el “death spiral”
El episodio crítico ocurrió en la segunda semana de mayo de 2022. UST perdió la paridad y el mecanismo de estabilización exigió emitir LUNA en cantidades crecientes para absorber la oferta de UST que buscaba salida. Esa dinámica —más LUNA en circulación, menor precio; menor precio, más emisión— derivó en hiperinflación del token y colapso de su valor. En pocos días, UST y LUNA quedaron cerca de cero y el golpe se propagó a todo el mercado cripto. 
En paralelo, la Luna Foundation Guard (LFG), creada en 2021 para defender la paridad, intentó sostener el sistema con intervenciones de mercado. La propia demanda presentada en 2026 recuerda que LFG se había concebido como “reserva” para amortiguar un nuevo depeg. 
La discusión sobre el origen exacto del disparador —si fue una corrida “natural”, un ataque coordinado o una combinación— quedó abierta desde entonces. Esa incertidumbre alimentó hipótesis sobre grandes operadores que habrían aprovechado la microestructura de liquidez, en particular en pools utilizados para intercambio entre stablecoins.
Reguladores y justicia: del caso SEC a la condena de Do Kwon
La caída de Terra no quedó en el terreno de las pérdidas privadas. La SEC acusó en 2023 a Terraform Labs y a su fundador, Do Kwon, por fraude y oferta de valores no registrados.  En 2024, tras un juicio con veredicto unánime, el organismo anunció un acuerdo por más de US$ 4.500 millones y estableció que la empresa debía iniciar un wind down y distribuir activos remanentes a inversores y acreedores en el marco de su proceso concursal. 
Ese proceso se formalizó con la presentación de Chapter 11 en Delaware en enero de 2024.  Luego, Do Kwon fue extraditado a Estados Unidos a fines de 2024, tras meses de disputa judicial en Montenegro.  En agosto de 2025 se declaró culpable en el fuero federal, y en diciembre de ese año fue condenado a 15 años de prisión, según informó el Departamento de Justicia. 
Con la empresa en liquidación y el fundador condenado, el foco comenzó a desplazarse: quiénes pudieron haberse beneficiado del colapso —y si existieron conductas coordinadas— pasó de la especulación a la estrategia litigiosa de los administradores del concurso.
La demanda 2026 contra Jane Street: qué alega el administrador
El 23 de febrero de 2026, Todd R. Snyder —administrador del Wind-Down Trust de Terraform— presentó una demanda en el Distrito Sur de Nueva York contra Jane Street Group y personas asociadas a la firma. El escrito solicita remedios por presunto insider trading, fraude y manipulación de mercado, y pide el reintegro de ganancias ilícitas para beneficiar a quienes perdieron inversiones en el colapso. 
El planteo central es que Jane Street habría obtenido información relevante no pública sobre decisiones internas de liquidez y movimientos de Terraform, y habría operado en consecuencia. El documento menciona un canal de comunicación reservado —identificado en reportes periodísticos como un chat— y sostiene que hubo operaciones “contemporáneas” a compras masivas de UST y LUNA por parte de Terraform y LFG durante los días críticos. 
Entre los datos cuantitativos del expediente, se enumeran compras de UST por parte de Terraform por más de 250 millones el 7 de mayo de 2022, más de 200 millones el 8 de mayo y, entre el 8 y el 10 de mayo, más de 1.900 millones adicionales. También consigna adquisiciones de LUNA por más de 90 millones de unidades entre el 8 y el 11 de mayo. En el caso de LFG, se detallan compras y un salto de tenencias de UST y LUNA entre el 7 y el 16 de mayo. 
La narrativa procesal que acompaña esos números es política, además de legal: no se trata solo de “un mercado que cayó”, sino de un mercado que —según la demanda— pudo haber sido acelerado por quienes tuvieron ventaja informativa y capacidad de ejecución.
Qué está en juego: microestructura cripto, insider trading y responsabilidad
La causa contra Jane Street se suma a otras acciones que el administrador concursal viene impulsando para maximizar recuperos. El objetivo explícito es convertir potenciales reclamos contra terceros en fondos distribuibles a acreedores y damnificados. 
En términos más amplios, el caso funciona como prueba de estrés para dos discusiones que siguen abiertas en finanzas y regulación:
1. Si en mercados cripto, donde la liquidez se organiza en pools y los flujos se observan en cadena, la frontera entre información “pública” y “material no pública” es jurídicamente nítida. El expediente sugiere que la ventaja no habría estado en mirar la blockchain, sino en conocer decisiones internas antes de que el mercado pudiera inferirlas. 
2. Si el colapso de Terra fue esencialmente un fraude de origen —como sostuvieron los reguladores— o también un episodio donde operadores sofisticados capturaron ganancias a partir del último tramo de la corrida. La SEC, al anunciar el acuerdo de 2024, subrayó las “mentiras” sobre estabilidad y uso del sistema, y describió el derrumbe como un evento que destruyó US$ 40.000 millones en valor casi de un día para otro. 
La defensa pública de Jane Street, según reportes periodísticos, niega las acusaciones y plantea que se intenta trasladar responsabilidades por un colapso que —en su lectura— responde a una arquitectura fraudulenta previa. 
El expediente recién abre una nueva fase: la de probar, con evidencia admisible, la existencia de comunicaciones, la secuencia de eventos y el nexo causal entre operaciones puntuales y el resultado sistémico. Para el mercado, el caso importa por una razón menos jurídica que económica: pone en discusión si la “corrida” fue solo una dinámica de pánico o también un episodio con asimetrías de información en el corazón de un sistema que prometía prescindir de ellas.
