La media sanción del Senado de la Nación al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares reactivó el debate sobre el alcance de la normativa que regula la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, dos componentes señalados como reservas estratégicas de agua dulce en el país. Con la aprobación en la Cámara Alta, la iniciativa quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados, que deberá definir si convalida los cambios o frena su avance.
Greenpeace cuestionó el resultado de la votación y planteó que el proyecto implica un “grave retroceso ambiental” para la protección del agua en Argentina. En su posición, la organización ubicó a la Ley de Glaciares como una herramienta central para resguardar estos ecosistemas y sostuvo que la discusión legislativa en Diputados excede una modificación técnica: se trata de una definición sobre la continuidad o el debilitamiento de una de las principales herramientas de protección del agua en un contexto de crisis climática.
Entre los argumentos expuestos, Greenpeace advirtió que la reforma “debilita los estándares de protección vigentes” y rompe el carácter de presupuestos mínimos. Ese concepto refiere a un piso normativo aplicable en todo el territorio nacional, con el objetivo de establecer criterios básicos de protección ambiental. Para la organización, alterar ese esquema abre la puerta a actividades que pondrían en riesgo ecosistemas frágiles.
La entidad también planteó que modificar la ley implicaría romper reglas claras que hoy ordenan la protección del agua y que, a la vez, generan previsibilidad para comunidades y territorios. En ese marco, sostuvo que el escenario resultante pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas, con el agregado del retroceso acelerado de los glaciares.
En relación con el trámite parlamentario, Greenpeace remarcó que la Cámara de Diputados tendrá “la responsabilidad” de definir si se convalida o se frena el proyecto. Agostina Rossi Serra, de Greenpeace, afirmó: “La Ley de Glaciares es una herramienta clave para proteger el agua, la biodiversidad y a las comunidades que dependen de estos ecosistemas”. Sobre el sentido de la reforma, agregó: “Su modificación no responde a una necesidad ambiental ni social, y representa un claro retroceso ambiental”.
La organización también vinculó la vigencia de la norma con obligaciones estatales. Recordó que la Ley de Glaciares fue fruto de un amplio consenso social y científico y sostuvo que su aplicación efectiva es una obligación del Estado argentino para garantizar el derecho a un ambiente sano, en línea con la Constitución Nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país.
“Esperamos que la Cámara de Diputados actúe con responsabilidad y respete la ley vigente, evitando cualquier cambio que debilite su espíritu y sus objetivos de protección”, dijo Rossi Serra, de Greenpeace.
