Tengo la plena convicción de que la educación argentina atraviesa un punto de inflexión donde se enfrentan dos visiones de Estado. Y aunque algunos intenten esconder las diferencias cuando esas propuestas se plasman en proyectos de normas legislativas terminan surgiendo esas miradas casi irreconciliables. Así ocurre en estos últimos tiempos en silencio, tras bamabalinas, en un opaco organismo creado por el actual Poder Ejecutivo como es el Consejo de Mayo.
Les cuento lo que acalla la conversación pública. Esas miradas incompatibles se materializaron en la presentación de 2 proyectos donde uno por la postura ideologizada de este gobierno quedó en el camino, a la espera de que alguien lo recupere en algún momento del debate. Por un lado, el proyecto de ley de financiamiento educativo presentado por la Provincia de Mendoza -liderando la demanda de los gobiernos provinciales por discutir primero una ley de financiamiento- propone un modelo de estado garante pero manteniendo la principalidad del Estado y entendiendo dicha inversión como una palanca estratégica para la equidad. Por otro lado, el “ganador”, la Libertad Educativa que posiciona al Estado en un rol subsidiario, priorizando la autonomía de las familias y la eficiencia del mercado sobre la garantía universal.
Pero atención: en este escenario, la propuesta de financiamiento de las provincias surge como la única alternativa sólida para blindar el sistema escolar de la discrecionalidad política y el deterioro económico.
Del Derecho Social al Consumo Individual
El proyecto de Libertad Educativa se erige sobre una premisa falaz: que el sistema educativo mejorará simplemente permitiendo que las familias “elijan” y que las instituciones compitan entre sí por los recursos. Esta visión, inspirada en teorías de mercado aplicadas a bienes públicos, ignora que la educación no es una mercancía, sino un derecho humano que el Estado debe garantizar con equidad.
Es cierto, en 2006, por primera vez en la historia, la Ley de Educación Nacional fijó una meta de inversión del 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, este objetivo ha sido sistemáticamente incumplido y, en el contexto actual, el presupuesto educativo nacional para 2026 deroga este piso. Ante esta falla, el proyecto mendocino introduce un cambio de paradigma: reemplazar el criterio del PBI por un sistema de actualización por inflación (IPC) o masa salarial docente.
Esta medida no es menor y representa un acto de realismo financiero. Al atar el presupuesto al IPC, se protege el poder de compra para infraestructura y tecnología; al vincularlo a la masa salarial, se resguarda el salario docente, que en 2024 y 2025 ha sufrido drásticas caídas. Al contrario de la Libertad Educativa que propone un modelo de subsidio a la demanda desdibujando los compromisos estatales esta propuesta garantiza que la escuela no sea la variable de ajuste de los ciclos económicos.
Esta lógica de “vouchers” o transferencias directas asume que todas las familias tienen la misma capacidad de elección. En la realidad, esto genera un sistema de “escuelas para ganadores” y “escuelas para perdedores”. Las instituciones en contextos de vulnerabilidad, que no pueden competir en “marketing educativo”, se ven privadas de recursos, profundizando la brecha de desigualdad. El proyecto mendocino, en cambio, utiliza el Índice de Vulnerabilidad Socioeducativa (IVSE) para hacer exactamente lo contrario: poner más donde más se necesita. La libertad sin igualdad de oportunidades no es libertad, es abandono.
Equidad Quirúrgica: El Índice de Vulnerabilidad Socioeducativa (IVSE)
Así es. Uno de los pilares más innovadores del proyecto es la creación del Mecanismo Federal de Compensación Educativa, basado en el Índice de Vulnerabilidad Socioeducativa (IVSE). En un país con asimetrías federales extremas, no basta con repartir fondos equitativamente por alumno; es necesario intervenir allí donde la exclusión es mayor.
El IVSE es un indicador multidimensional que integra variables como la sobreedad (estudiantes que tienen más años que los previstos para el grado que cursan) y el nivel educativo de los padres. Esta focalización quirúrgica permite que el financiamiento nacional actúe como un nivelador real, dirigiendo recursos a las escuelas que enfrentan los mayores desafíos de aprendizaje. En síntesis, el IVSE fortalece la oferta estatal allí donde el “mercado” no llegará nunca.
Profesionalización y Arraigo: Más allá del Salario Básico
La calidad educativa no es una abstracción; depende directamente de la estabilidad del vínculo pedagógico. El proyecto de financiamiento introduce el Fondo de Estímulo al Desempeño Docente (FFEDD), que incluye incentivos por profesionalización y, fundamentalmente, por arraigo.
El Item Arraigo es una bonificación para aquellos docentes que mantienen su continuidad en un mismo establecimiento, especialmente en zonas desfavorables. El objetivo es combatir el fenómeno del “docente taxi” (profesores que deben viajar entre múltiples escuelas para completar su salario) y la movilidad de los maestros buscando mejoras salariales, lo cual fragmenta la identidad institucional y el seguimiento de los alumnos. Al incentivar la permanencia, se fortalece la unidad pedagógica y el compromiso con la comunidad, transformando la carrera docente en un camino de especialización y estabilidad.
Modernización de la Educación Técnica: El Sistema Dual
Un punto de debate intenso es la reforma de la Educación Técnico Profesional (ETP), que propone reducir su duración de seis a cinco años e implementar un sistema dual. Aunque esta propuesta no busca recortar contenidos, sino modernizarlos, seguramente tendrá oposición sobre todo en los actuales actores del sistema. La educación dual consiste en la alternancia entre la formación teórica en la escuela y la práctica profesionalizante en el sector productivo.
Sin embargo, la propuesta busca que en un mundo laboral que demanda competencias dinámicas, se recorten trayectorias excesivamente largas que puede desincentivar la terminalidad escolar. A su vez, el sistema de créditos académicos propuesto promete mayor flexibilidad y una inserción laboral más rápida y calificada. Es una apuesta por la empleabilidad juvenil que reconoce la necesidad de articular la escuela con el mundo real, sin perder la profundidad pedagógica necesaria para la certificación de competencias. Un punto claramente para profundizar en un futuro debate.
Gobernanza de Datos y Alertas Tempranas
Finalmente, la propuesta se apoya en la transparencia digital a través de la Base de Datos Federal Unificada y el Sistema Federal de Alerta Temprana (SIFAT). El SIFAT utiliza la nominalidad de los datos (el registro individual de cada estudiante) para identificar riesgos de abandono de forma preventiva. El abandono escolar no es un evento fortuito, sino un proceso de desvinculación gradual; contar con alertas en tiempo real permite al Estado intervenir antes de que el alumno deje la escuela. Esta gobernanza basada en el relevamiento de evidencias es la antítesis de la desregulación, pues asume que el Estado tiene la responsabilidad proactiva de buscar a cada estudiante.
¿Por qué el Consejo de Mayo prefirió la Libertad Educativa?
A pesar de la solidez técnica y el enfoque federalista de la propuesta de financiamiento presentada por el gobierno de Mendoza, el Gobierno Nacional optó por el modelo de Libertad Educativa. Esta decisión responde a una incompatibilidad de objetivos macroeconómicos y filosóficos. Mientras que el proyecto mendocino busca establecer pisos de gasto obligatorios y actualizables, el actual Ejecutivo Nacional prioriza el principio de “equilibrio fiscal” y la eliminación de mandatos de gasto rígidos para reducir la discrecionalidad del Tesoro.
Asimismo, el Gobierno considera que la crisis educativa no es un problema de falta de recursos, sino de falta de libertad y competencia. Bajo esta premisa, prefieren un esquema que empodere a las familias para elegir proveedores educativos y que desregule la inversión mínima estatal, en lugar de un modelo que refuerce la estructura de financiamiento a la oferta y condicione los recursos nacionales a metas pedagógicas centralizadas. Por lo tanto, en última instancia, se prefirió la flexibilidad del mercado y el ajuste del gasto por sobre el blindaje institucional de la educación pública.
El Gobierno Nacional, en su búsqueda de un “Estado mínimo” (o un “no Estado”), eligió el camino de la desregulación total. En todo caso, la Libertad Educativa le permite al Gobierno Nacional lavarse las manos respecto a los resultados educativos, delegando la responsabilidad en el mercado y en las provincias, sin transferir los recursos necesarios. Se prefirió el dogma de la libertad de mercado por sobre la justicia social educativa que el proyecto de financiamiento busca institucionalizar. En definitiva, el Consejo de Mayo eligió el camino del sálvese quien pueda, rechazando una propuesta que, con rigor técnico, intentaba una propuesta de salvataje de la educación pública argentina.
Habrá que ver que hacen los gobernadores al momento en que el Poder Ejecutivo Nacional intente tratar este proyecto de ley en el Congreso. Imagino que con proyecto propio y liderado por una provincia como la de Mendoza, de vanguardia en materia educativa, los gobernadores no aceptarán pasivamente acompañar una propuesta ideológicamente contraria a la que proponen en ese proyecto. Déjemne imaginar que así será…
