El despliegue de constelaciones de órbita baja (LEO) multiplicó la demanda de bandas satelitales para banda ancha, Internet de las cosas e interconexión corporativa. En ese contexto, el “slot” dejó de ser una coordenada en el cielo: pasó a ser, cada vez más, un derecho de uso del espectro con reconocimiento internacional, sujeto a coordinación y a reglas de prioridad. La ITU es la instancia que, por tratado, administra ese ordenamiento a escala global, aunque no “otorga licencias” comerciales: registra, publica y arbitra el marco técnico para minimizar interferencias entre sistemas.
La ruta desde una idea de red hasta un servicio en operación puede resumirse en cinco escalones —filing, ITU, coordinación, derechos de aterrizaje y mercado— que funcionan como un embudo. Cada etapa agrega costo, legitimidad y, sobre todo, escasez: reduce el número de proyectos que pueden llegar a ofrecer conectividad real.
Qué es la ITU y por qué importa para el negocio satelital
La ITU es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas que establece normas técnicas y regula, mediante acuerdos internacionales, el uso del espectro y ciertas posiciones orbitales para servicios satelitales. Su herramienta operativa es el Reglamento de Radiocomunicaciones: un conjunto de procedimientos para notificar redes, coordinar con terceros y registrar asignaciones de frecuencia en el Master International Frequency Register (MIFR).
En términos económicos, la ITU cumple tres funciones centrales:
– Define un “orden de prioridad” (quién llegó primero, con qué parámetros técnicos) para que las administraciones nacionales y los operadores puedan planificar inversiones con menor incertidumbre.
– Reduce el riesgo de interferencia perjudicial, que en satélites equivale a degradación de servicio, reclamos entre operadores y, en el extremo, inviabilidad comercial.
– Estandariza información (publicación y transparencia) para que inversores, proveedores y reguladores comparen redes y detecten conflictos antes de que se materialicen.
En LEO, donde los satélites se mueven respecto de la Tierra y las redes pueden ser masivas, el “derecho” más valioso no es una posición fija, sino un conjunto de asignaciones y parámetros técnicos (bandas, potencias, densidad espectral, áreas de servicio, enlaces ascendentes y descendentes) que, coordinados, permiten operar sin colisionar en el éter.
1) Filing: el expediente que convierte una idea en un activo registrable
El filing es la presentación inicial que realiza una administración nacional ante la ITU para notificar que una red satelital proyectada requerirá cierto espectro bajo determinados parámetros. No es un acto privado: se trata de un paso formal que coloca un proyecto en el tablero internacional.
Desde el punto de vista empresarial, el filing cumple una función similar a una reserva de lugar en una cola regulatoria. Aporta una “fecha” que puede volverse crítica si hay competencia por la misma banda o por coberturas coincidentes. También crea un primer insumo reputacional: proyectos con filings claros, coherentes y consistentes suelen obtener mejor recepción en procesos de coordinación.
Ese valor, sin embargo, es preliminar. Un filing sin avances posteriores no habilita por sí mismo un servicio, pero puede convertirse en la base de acuerdos, asociaciones o financiamiento, especialmente cuando la estrategia comercial depende de tiempos de despliegue.
2) ITU: publicación y examen para entrar en el sistema de prioridades
Luego de recibido el expediente, la ITU lo procesa y lo publica en sus boletines. Esa publicación cumple dos objetivos: dar transparencia al resto del ecosistema y abrir la puerta a la etapa relevante: la coordinación con redes que puedan resultar afectadas.
Para el mercado, “estar en la ITU” significa que el proyecto ya tiene visibilidad internacional y que sus parámetros serán comparados con los de otros sistemas. También es el punto donde la ingeniería y el derecho se cruzan: un diseño técnico agresivo (potencias, anchos de banda, patrones de antena) puede acelerar la cobertura, pero complicar la coordinación y elevar el riesgo de objeciones.
En esta etapa, los equipos técnicos suelen ajustar parámetros para mejorar compatibilidad, anticipando que la negociación posterior se hará sobre números concretos, no sobre intenciones.
3) Coordinación: la negociación que determina si se puede convivir
La coordinación es el corazón del proceso. Consiste en intercambiar información y acordar condiciones técnicas con otras administraciones y redes que podrían sufrir o causar interferencia. En la práctica, es una negociación multilaterales: se discuten márgenes de potencia, protecciones, zonas de exclusión, procedimientos operativos y, en algunos casos, cronogramas.
En la economía del espacio, la coordinación cumple una función equivalente a la “interconexión” en telecomunicaciones terrestres: habilita la convivencia. Sin coordinación, la probabilidad de conflicto crece y el costo de mitigación se dispara (más estaciones, filtros, cambios de diseño, litigios).
Para constelaciones LEO, la coordinación es además un instrumento de estrategia competitiva. Una red con prioridad temprana y parámetros robustos puede condicionar a entrantes posteriores, forzándolos a operar con restricciones más severas o con mayores inversiones para lograr la misma calidad.
4) Landing rights: la soberanía regulatoria que habilita vender servicio
Un error frecuente es suponer que el registro internacional equivale a licencia comercial. No es así. Aun con coordinación y registro, cada país conserva la potestad de autorizar la prestación en su territorio mediante landing rights: permisos para operar estaciones terrenas, utilizar espectro local, comercializar servicios y cumplir obligaciones regulatorias.
Aquí aparece el segundo tablero de riesgo: el nacional. Puede incluir requisitos de licenciamiento, homologaciones, tasas, obligaciones de cobertura, estándares de ciberseguridad, reglas de competencia y, en algunos casos, condicionamientos geopolíticos o de seguridad nacional.
En términos de negocio, los landing rights determinan el time-to-revenue: sin autorización local, no hay clientes facturables, aun si los satélites están en órbita y el espectro está registrado. Por eso, los operadores y sus socios suelen diseñar estrategias país por país, priorizando mercados con marcos regulatorios claros y plazos previsibles.
5) Market: el valor económico del derecho, entre alianzas, leasing y consolidación
La última etapa es el mercado. Una vez que el proyecto tiene prioridad, coordinación razonable y posibilidad de operar en jurisdicciones relevantes, esos derechos se traducen en valor económico: atraen capital, habilitan alianzas, justifican valuaciones y, en algunos casos, se convierten en un activo negociable mediante acuerdos de capacidad, arrendamiento de espectro o estructuras corporativas que capturan el “derecho” asociado al filing.
Este mercado no es siempre transparente ni homogéneo. Conviven acuerdos industriales legítimos (compartición de capacidad, roaming satelital, backhaul para operadores) con conductas que los reguladores intentan limitar, como el acaparamiento especulativo (warehousing) o el “arbitraje regulatorio” (buscar administraciones más laxas para obtener prioridad sin capacidad real de despliegue).
En los próximos años, el mercado tenderá a consolidar. Las redes que logren operar de manera consistente —con coordinación efectiva y licencias locales— capturarán escala y reputación. Las que queden solo en el plano registral enfrentarán un problema clásico de la economía del espacio: el costo de oportunidad del tiempo.
Por qué “el espectro es el nuevo slot” en LEO
En la era geoestacionaria, la discusión se concentraba en posiciones orbitales y coberturas fijas. En LEO, la órbita se multiplica y se mueve; el recurso realmente escaso es la capacidad de transmitir sin interferir, en bandas con demanda creciente y con parámetros compatibles con estaciones en tierra y terminales de usuario.
El resultado es un cambio de foco: la ventaja competitiva no depende solo de lanzar satélites, sino de sostener un paquete regulatorio–técnico completo. ITU y reguladores nacionales, lejos de ser un trámite, se convirtieron en parte estructural del modelo de negocios satelital: determinan quién entra, con qué calidad y a qué velocidad.
