Quienes transitan con frecuencia la city porteña aseguran que
es como un pueblo chico: finalmente, allí todo se sabe, especialmente
aquello que más se busca mantener oculto. Algo así sucedió
en el caso del reacomodamiento del paquete de control del Banco Galicia, que
concentra poco más de 50% de las acciones en poder de miembros de las
familias Escasany, Ayerza y Braun.
Las tres familias se reparten el dominio en partes iguales y hace muchos años decidieron licuar sus tenencias en 10 sociedades anónimas controlantes, para evitar sorpresas o ingresos hostiles a la propiedad de la entidad. Por lo tanto, los Escasany, Ayerza y Braun no tienen acciones del banco sino de sus compañías controlantes.
La pretensión de mantener en secreto el cambio en la composición de los accionistas controlantes y, sobre todo, las circunstancias que dieron origen a esa modificación no podía tener éxito, dada la fuerte e inevitable exposición pública que tiene el Galicia: es el mayor banco privado de la Argentina y el único de los grandes que logró resistir el avance de las entidades extranjeras en el sistema financiero local; es uno de los bancos más antiguos en la Bolsa de Comercio, donde cotiza desde 1907, y fue uno de los primeros en abrir su paquete a los inversores internacionales, puesto que hace seis años sus certificados de acciones (ADR, por la sigla de american depositary receipts) cotizan en Wall Street.
La historia comenzó a resolverse una calurosa tarde del último febrero, en las aclimatadas oficinas de la casa central del Galicia, en pleno microcentro porteño. Rodeados por abogados y asesores, pero separados por varios pisos, los distanciados hermanos Eduardo y María Isabel Marisa Escasany suscribieron el acuerdo que puso punto final al pleito judicial que durante largos meses se transformó en la comidilla preferida de los habitués de la city: la batalla por la propiedad efectiva de las acciones del banco en poder de esa familia.
El armisticio llegó cuando Eduardo, presidente del banco y de ABA, la cámara de los banqueros argentinos, ofreció a su hermana el arreglo por el que pugnaba, a cambio de que retirara todas las causas que había iniciado en los tribunales comerciales y diera marcha atrás con su pretensión de llevar la cuestión a la justicia penal, con el mediático ex fiscal Luis Moreno Ocampo como su abogado patrocinante.
Historia antigua
El acuerdo puso fin a una historia tan larga como lo que va de la década.
En efecto, según recuerdan allegados a la familia, las discusiones comenzaron
cuando despuntaban los ´90 y llegaron a los tribunales hace 20 meses. Ahora,
María Ofelia la hermana mayor y Eduardo Escasany se reparten
el control de 10,86% de las acciones del Galicia. Esa participación se
atomiza en ocho sociedades anónimas entre ellas, Finabel, Cumbres
Calchaquíes, Alfer y Canabal que conforman el holding que
administra los paquetes en poder de las familias Escasany y Braun.
Otros dos holdings administran las participaciones de los restantes accionistas principales: uno, la de la familia Ayerza, y otro, la de Marisa Escasany, ahora dueña de 5,433% del banco, según consta en los contratos suscriptos este verano.
La novedad llegó oficialmente a los diarios pocos días después, cuando los cambios en la estructura societaria debieron ser publicados como avisos al comercio, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes. Y el 26 de marzo último adquirió viso de cosa juzgada, cuando la comunicación llegó a las páginas del Boletín Oficial.
“Se hace saber que la Asamblea Extraordinaria de Lagarcué Sociedad Anónima de fecha 18 de marzo adoptó las siguientes resoluciones: la escisión de Lagarcué mediante la creación de las nuevas sociedades escisionarias Theseus SA y Restantes SA”, comenzaba el texto del aviso. La traducción es simple: son las dos compañías encargadas de percibir los dividendos y las ganancias que genera el banco y que desde entonces puesto que no hubo oposición a la reforma pertenecen totalmente a Marisa y, a través de ella, a sus dos hijos, aún menores, Félix y Agustina. La tenencia accionaria que acumulan está valuada actualmente en torno de los US$ 95 millones.
El movimiento, por involucrar a más de 5% del paquete total, debe ser comunicado a la Bolsa porteña. Según fuentes próximas al banco, ese trámite estaba a punto de cumplirse al cierre de esta edición.
En los estrados judiciales, la batalla se inició el 6 de agosto de 1997, cuando Marisa presentó la primera demanda contra una de las empresas que daban forma a la blindada estructura accionaria en la que repartían sus tenencias las tres familias.
Curiosamente, lo hizo siguiendo la recomendación que, tras la enésima discusión, le hiciera su propio hermano mayor, según juran fuentes muy próximas a la familia: “Si no te gusta cómo se hacen las cosas, poné un abogado. Estoy harto de discutir con vos sobre estos temas”.
La causa recayó en el Juzgado Comercial Nº 8, Secretaría 16. Sin embargo, ése es apenas un dato anecdótico: en los 450 días siguientes, ese trámite se repitió 40 veces. Todas las presentaciones ante los jueces tenían un denominador común: cuestionaban la legitimidad de las asambleas accionarias de varias de las empresas en que se distribuye la propiedad del banco y la forma a la que se calificaba como “arbitraria” en que se determinaba el reparto de los dividendos obtenidos por la entidad.
Pero el objetivo final era apuntar contra la ingeniería societaria del Galicia, que impedía a Marisa “ejercer el control real de su tenencia accionaria”, según explicó entonces su abogado, Ricardo Nissen.
Desde el primer momento Eduardo Escasany le quitó entidad a la cuestión, tal vez confiando en que las presentaciones no tendrían mayor eco en la Justicia. En cambio, su hermana lo tomó como una cuestión de principios y asumió el enfrentamiento y sus posibles costos con una actitud casi militante.
Un proyecto de vida
Los que la conocen dicen que no es extraño en ella. Marisa, la
menor de los Escasany, es arquitecta pero dejó de lado esa profesión
desde que se embarcó en lo que gusta llamar “un proyecto de vida”. Este
gira en torno de la producción y conducción de un programa de
televisión por cable de impronta vanguardista (Holograma), detrás
del cual montó una verdadera empresa que, bajo el mismo nombre, se dedica
a comercializar materiales de TV.
Luego de tres años de actividades, encontró un verdadero nicho de negocios que se propone explotar adecuadamente, como lo demuestra el local comercial que, siempre bajo el mismo nombre, abrió en Arenales y Libertad, donde vende libros, objetos y videos relacionados con las temáticas que trata en su programa televisivo.
El tiempo iba a demostrar que el que se equivocó fue el banquero, que alentó una hipótesis que hizo suya toda la conducción del banco: calificar el tema como una simple pugna familiar sin impacto en la sociedad comercial.
Acorde con esa premisa, en los primeros tiempos de la controversia los abogados de Eduardo buscaron embarrar la cancha, dejando de lado las demandas para hablar de la intencionalidad que tendrían.
“La señora está presionando para que sus hermanos o alguien le compre su participación accionaria y, como no llega a un acuerdo en el precio, utiliza todas las armas que tiene a su disposición”, explicó a la revista Noticias, en una oportunidad, Arturo Santillán, abogado del banco.
Pero, contra todos los pronósticos iniciales, las causas avanzaron. Y las cosas empezaron a complicarse más de lo previsto para Eduardo, especialmente porque la situación comenzó a causarle problemas en su relación con Abel Ayerza (vicepresidente del banco) y Federico Braun (uno de los principales directivos de la entidad), respectivas cabezas de los clanes familiares en el negocio.
Vicios procesales
La gota que acabó con la paciencia de los socios de Escasany fue la
resolución que, el pasado 13 de noviembre, el juez Gerardo Vasallo tomó
en relación con la demanda presentada por los apoderados de Marisa
contra una de las controladas, Rivadeo SA.
Al cabo de unas 20 páginas en las que desarrolló una demoledora argumentación, el magistrado hizo lugar a la presentación, por lo que declaró nulo lo resuelto por la asamblea accionaria fechada el 14 de marzo de 1997 que, en realidad, jamás sesionó.
“Previamente se consultaba a los accionistas y se conocía el sentido de su voto, el que se volcaba directamente en un acta que luego se hacía circular para que los accionistas la firmaran”, comprobó el juez tras evaluar una copia de esas actas que remitió la demandante y cosechar, además, un testimonio confirmatorio de uno de los testigos que la propia parte demandaba había aportado.
Otro de los testimonios que llamó la atención fue uno que admitió los vicios procesales, pero advirtió que también habían sido convalidados por Marisa Escasany cada vez que se allanó a firmar los registros que habían sido armados de la misma manera. “No hay un contrato escrito, pero desde que murió su padre, en 1973, la señora ha venido aprobando de hecho este esquema hasta hace dos años”, aseguró entonces Ayerza a la agencia noticiosa Reuter, en la misma línea argumental.
Pero el juez consideró que, aunque Marisa Escasany hubiera avalado previamente la mecánica que ahora cuestionaba, “ninguna persona puede ser obligada a convalidar actos irregulares sólo porque antes lo había hecho”. Y a renglón seguido señaló que la ausencia de discusión durante las asambleas “constituye un vicio que invalida el acto y cercena uno de los pilares del derecho societario: la posibilidad de intercambiar opiniones”.
Cincuenta años en peligro
El revés judicial y la exposición pública que amenazaba
tomar el caso operó como detonante. Los Ayerza y los Braun emplazaron
a Escasany para que solucionara el problema de manera inmediata. “Esto se te
fue de las manos y ya nos salpica a todos; arreglalo cuanto antes”, lo habría
conminado Ayerza al cabo de una de las discusiones más duras que habría
sostenido con Eduardo en los últimos años, según confiaron
a MERCADO testigos que pidieron reserva de su identidad.
Quienes más y mejor conocen la historia de las familias propietarias del último gran banco privado nacional aseguran que la relación pasó entonces por su peor momento en los últimos cincuenta años.
La sociedad comercial nació a fines de los años ´40, luego de que Eduardo Escasany padre, de origen catalán, pasó a dirigir al banco que él mismo había ayudado a crear muchos años antes, junto a un grupo de comerciantes gallegos.
Fue entonces cuando trabó relación más profunda con Hernán Ayerza y Oscar Braun Menéndez, quienes se transformarían con los años en sus socios y a cuyas respectivas familias legarían el control de la entidad, además de otras actividades en las que aún hoy se mantienen: en el caso de los Escasany, el comercio de joyas (negocio que llevan adelante Miguel, primo de Eduardo, Marisa y María Ofelia); los Ayerza, la explotación agropecuaria, con un establecimiento en Córdoba; y los Braun, el comercio minorista, a través del control de La Anónima, principal cadena de retail en la Patagonia.
Tras el malhumor inicial llegó el tiempo de diseñar la estrategia para recomponer y cerrar el frente que se había abierto. La decisión se tomó en enero, al cabo de largas consultas entre los socios. Fue cuando se concibió el acuerdo que se ofreció en febrero a los representantes de Marisa con la condición expresa de que toda la negociación fuera mantenida en la más estricta confidencialidad y que, apenas una semana después, tras una maratónica jornada de fatigosas negociaciones, fue finalmente suscripto.
“Lo único que puedo decir es que estoy satisfecha porqué logré lo que buscaba: tener el control de las acciones que me pertenecen y que representan 5,43% del banco”, dijo Marisa a MERCADO, y se excusó de responder sobre otras cuestiones.
Lo que vendrá
Ahora las dudas están centradas en lo que hará con su dominio.
Ella repitió siempre que no quería manejar sus acciones para venderlas
y, de hecho, hasta ahora cumplió con su palabra. Durante el proceso de
negociación rechazó ofertas de compra que le hicieron llegar los
otros accionistas, entre quienes se encuenta, obviamente, su hermano.
Pero la tenencia no le asegura tener voto ni injerencia en las decisiones del banco, algo que también formó parte de sus objetivos cuando se puso en campaña contra los honorarios que perciben los miembros del directorio del banco “que trepan a 15% de las utilidades”, según se quejó, y contra las consecuencias de esa politica, a la que definió en una de las presentaciones judiciales, ahora retirada, como de “directivos ricos y accionistas convertidos en meros observadores del usufructo de su propio capital por parte de la cúpula” ejecutiva.
De allí que en la city se conjeture ahora sobre la política de alianzas que podría intentar con otros accionistas para reunir los votos que le permitan sentar a la mesa del directorio a un ejecutivo que cumpla tareas de control. Hasta hay quienes imaginan que podría lograrlo si consiguiera que algún miembro del resto de las familias, alentado por los resultados que obtuvo Marisa, comenzara a presionar en idéntica dirección.
No obstante, los que conocen la situación del banco estiman a ambas posibilidades como remotas. Y aun Marisa parece no haber puesto a su equipo un grupo de seis profesionales entre quienes se cuentan algunos contadores y abogados a trabajar en función de ese objetivo.
Por el contrario, sus allegados dicen que le llegó el tiempo de disfrutar lo que ha sabido ganar tras una dura batalla, que alguna vez dudó de dar, desalentada por la reiteración de consejos en contrario.
Esa valoración es la que, por ejemplo, la llevó a denominar
como Theseus a una de las empresas controlantes que pasó a dominar. El
nombre, no casualmente, alude a Teseo, el héroe y semidiós griego
al que se atribuyó la liberación del yugo cretense gracias a su
hazaña de dar muerte al minotauro.